Una vecina de 25 años extrae dinero de la cuenta bancaria de un hombre jubilado de 78 años y lo deja sin poder comprar su comida y sus medicamentos. Una cuidadora ignora a una mujer de 87 años cada vez que pide que llame a la atención médica. Un hijo dice con frecuencia a su padre de 95 años que es “una carga” y lo insulta.
Esas situaciones, que parecen excepcionales, se repiten a diario en casas, residencias y comunidades de todo el mundo: más de 1 de cada 4 adultos mayores sufre algún tipo de abuso, según un análisis de 94 estudios en 35 países publicado en la revista BMC Public Health. Esa cifra probablemente subestima la realidad: el miedo, la dependencia del agresor y el estigma impiden que muchos casos lleguen a conocerse.
Hoy es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora cada 15 de junio. Este año la Organización de las Naciones Unidas (ONU) eligió el lema “Más allá de la sensibilización: lograr una prevención eficaz del maltrato a las personas mayores”.
El mensaje es directo: concientizar ya no alcanza. Hacen falta acciones reales de prevención, respuesta y protección.
El maltrato en la vejez consiste en cualquier acto único o repetido (o la falta de acción apropiada) dentro de una relación de confianza que cause daño o angustia a una persona mayor, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Puede ocurrir en el hogar, en una residencia para personas mayores o en la comunidad, y casi siempre lo ejerce alguien cercano.
“Se debe tener en cuenta que el abuso hacia las personas mayores no es un asunto privado ni individual, sino una vulneración de derechos humanos. Por lo tanto, nadie puede ser indiferente”, advirtió la psicóloga argentina Alejandra Vázquez, quien se especializa en violencias contra adultos mayores y docente de posgrados sobre gerontología y violencias de la Universidad de Buenos Aires (UBA), al ser entrevistada por Infobae.
Cuando se detectan signos de que un adulto mayor es víctima de abuso, sus vecinos, sus médicos, sus amigos o sus familiares “no deben minimizar la situación ni asumir que forma parte de los conflictos cotidianos. El abuso no debe quedar reservado al ámbito privado. Es un delito y debe ser denunciado”.
Además, consideró Vázquez, “es fundamental escuchar a la persona mayor con respeto, sin juzgar. Hay que evitar presionarla, porque muchas veces siente miedo o vergüenza y sufre dependencia emocional y económica respecto de quien ejerce la violencia”.
“La intervención temprana es clave, porque las consecuencias del maltrato pueden afectar gravemente la salud física, emocional, social y económica de las personas mayores”, subrayó.
Qué formas toma el abuso y cuánto ocurre
La revisión publicada en BMC Public Health, que reunió datos de 776.044 personas, identificó seis tipos de maltrato. El más frecuente es el abuso emocional o psicológico, como insultos, humillaciones y amenazas, con una prevalencia del 20,9%.
Le sigue la negligencia, es decir, cuando quien cuida a una persona mayor no le brinda la alimentación, la atención médica o la protección que necesita, con un 19,3%. La explotación financiera (uso ilegal o inapropiado del dinero o los bienes de la persona) alcanza el 11,7%.
El abuso verbal llega al 11%, el físico al 7,9% y el sexual al 1,5%, aunque este último está subregistrado por el estigma que rodea su denuncia.
Las mujeres enfrentan tasas de abuso más altas que los hombres. Los entornos institucionales, como residencias de larga estadía, muestran tasas algo mayores que los hogares, en parte por la falta de personal capacitado y los desequilibrios de poder entre cuidadores y residentes, según los investigadores de universidades de Australia y Etiopía.
Señales concretas que no deben ignorarse
Reconocer el abuso a tiempo puede marcar una diferencia real. Según la Unidad de Prevención del Abuso a Personas Mayores de Australia, hay señales claras en distintos planos.
- En lo emocional: tristeza persistente, miedo, apatía, cambios en el sueño, reticencia a hablar con libertad o resignación ante situaciones que claramente no están bien.
- En lo financiero: facturas sin pagar, transacciones extrañas en cuentas bancarias, retiros frecuentes de cajero acompañados por otra persona, cambios repentinos en testamentos o poderes notariales, incapacidad para costear necesidades básicas.
- En lo físico: moretones o heridas sin explicación, pérdida de peso repentina, heridas sin tratar, mala higiene o signos de sedación inapropiada.
- En el entorno: el hogar está en malas condiciones, la persona no puede salir sola ni recibir visitas, o alguien más toma todas las decisiones por ella.
Para 2050, la población mundial de personas mayores de 60 años llegará a 2.100 millones, el doble que hoy. La ONU alertó que, sin políticas específicas de prevención, el número de víctimas de abuso crecerá al mismo ritmo que la población que envejece.
Las normas que los protegen
Ese escenario tiene, al menos en América Latina, un marco legal que empieza a dar respuestas. En diálogo con Infobae, la abogada, doctora en derechos humanos e investigadora principal del Conicet en derecho de la vejez Isolina Dabove, resaltó que en América Latina está creciendo la concientización y el registro de casos de abuso a las personas mayores.
“Existe un instrumento legal de protección específica para los adultos mayores y es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el año 2015″, contó.
Esa Convención, que ya cuenta con 14 ratificaciones en América y tiene rango constitucional en la Argentina, establece el derecho de toda persona mayor a vivir una vida sin ningún tipo de violencia, a recibir trato digno y a ser respetada sin distinción de raza, sexo o idioma.
El instrumento define la violencia contra la persona mayor como cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado, e incluye el abuso financiero y patrimonial, la explotación laboral, el abandono y la negligencia, señaló Dabove.
Los Estados Parte se comprometieron a adoptar medidas legislativas y administrativas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de violencia, así como a fortalecer mecanismos de denuncia y garantizar reparación a las víctimas.
“Todas las personas que toman conocimiento de un hecho de abuso, maltrato o violencia hacia una persona mayor están habilitadas, es decir, legitimadas, para interponer una denuncia, para contar esos hechos ante la autoridad de control más cercana. En la Argentina, la denuncia se puede hacer en la comisaría del barrio, la fiscalía que esté de turno o un juzgado”, señaló la doctora, quien como investigadora del Conicet trabaja en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio Lucas Gioja” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Argentina se ocupa no solo de tomar las denuncias sino también de gestionar los dispositivos legales para poner fin al abuso lo más rápido posible.
“Cuando se hace la denuncia, se pueden presentar registros, fotos o videos y la investigación será facilitada”, afirmó. La Justicia puede ordenar medidas como dispositivos de alerta, prohibiciones de acercamiento, prohibiciones de contacto, y medidas de exclusión del hogar.
En la Ciudad de Buenos Aires, el programa Proteger, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, ofrece asistencia psicológica, legal y social, y puede contactarse al 0800-222-4567.
Quien detecte una situación de abuso o la sufra no está sola o solo: hay herramientas legales, instituciones y profesionales listos para intervenir.
