Bolivia está inmersa en una espiral de violentas protestas sociales que iniciaron hace más de un mes con demandas sindicales, pero se radicalizaron en las últimas dos semanas con pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz y bloqueos de caminos que tienen cercada la ciudad de La Paz.
A seis meses del nuevo gobierno, los conflictos iniciaron con el reclamo de todos los años: incremento salarial para obreros y maestros. También hubo una demanda coyuntural que inició como un conflicto menor —el rechazo a una ley que autorizaba reformas en la propiedad de la tierra—, pero sirvió como eje articulador del descontento contra el Gobierno. Estos reclamos, sumados a las protestas por la “gasolina desestabilizada” que ha dañado miles de vehículos desde mediados de enero, confluyeron en una agenda política que la administración de Paz todavía no consigue encauzar.
El Gobierno en este tiempo se reunió con algunos sectores y logró apagar algunos focos de conflicto cediendo a algunas demandas, como con la entrega de bonos y la suspensión “temporal” de fiscalización de deudas de algunos sectores. Sin embargo, con los ánimos crispados como caldo de cultivo, en el altiplano surgió la idea de presionar al límite al gobierno y exigir la renuncia del presidente.
A este pedido se fueron sumando, arrastrados por la dinámica del momento, otras organizaciones y se activaron sectores que hasta entonces estaban fuera del debate político.
Aunque lo coyuntural son las demandas sindicales, muchos analistas ven una herida abierta: el malestar de los sectores populares que se sienten excluidos de la toma de decisiones, luego de haber estado en la mesa del poder —con espacios en el gobierno y prebendas de por medio— por casi 20 años con el Movimiento Al Socialismo (MAS).
En esta nota te contamos qué organizaciones están (o estuvieron) detrás de las protestas y cuáles son sus principales reclamos.
Federación de Campesinos Túpac Katari
El movimiento de campesinos indígenas de La Paz convocó al bloqueo indefinido de caminos del 6 de mayo. Su reclamo es básicamente la renuncia del presidente Rodrigo Paz por desacuerdos con la política de su Gobierno. A casi tres semanas del inicio de su medida de presión, tuvieron adhesiones de otros sectores y la Administradora Boliviana de Carreteras reportó un promedio de 15 piquetes diarios en ese departamento.
Sin una agenda clara de demandas, esta organización protagoniza los bloqueos que tienen cercada la ciudad de La Paz. El representante de esa organización,
Vicente Condori manifestó en un video que ya “no es momento de estar dialogando y negociando” con un gobierno que no los “representa”. “El pueblo los ha elegido y el pueblo los puede sacar”, amenzó.
Central Obrera Boliviana (COB)
Es una de las organizaciones que históricamente ha ejercido presión en la toma de decisiones gubernamentales, que tiene afiliados a prácticamente todos los gremios obreros y que cada año, en abril, presenta una demanda de incremento salarial que habitualmente se anunciaba el 1 de mayo, en el Día del Trabajo.
Este conflicto es el segundo que la COB protagoniza contra el Gobierno de Paz: el primero fue entre diciembre y enero para exigir la abrogación de un decreto que establecía medidas económicas y que fue abrogado en medio de la presión social.
Meses más tarde, en abril, presentaron una demanda de incremento salarial adicional al 20% que habían recibido en enero y, ante la negativa del gobierno, decidieron realizar un “paro indefinido” con movilizaciones con esta y otras demandas, como la repatriación obligatoria de divisas de las exportaciones. El 14 de mayo, su principal dirigente, Mario Argollo, denunció falta de atención a sus pedidos e informó que los dejaron de lado para centrarse en exigir la renuncia del presidente Paz.
Magisterio urbano y rural
Los maestros exigían aumento salarial, ítems laborales y algunas reformas administrativas del ámbito educativo. Para presionar al gobierno realizaron bloqueos en varias regiones del país y paros con la suspensión de clases escolares por hasta 48 horas.
En negociaciones con el Ministerio de Educación, acordaron la semana pasada la suspensión de las medidas de presión al obtener el compromiso de mayor presupuesto para educación, la asignación de ítems, equipamiento tecnológico, elaboración de una nueva ley educativa y un bono anual de 2.400 bolivianos, entre otros beneficios.
Sin embargo, algunos sectores afiliados aún continúan con protestas en La Paz por disconformidad con este acuerdo.
Campesinos de las tierras bajas
Pocos temas son históricamente tan sensibles en Bolivia como los relacionados con la propiedad y el uso de la tierra. En abril, campesinos de las regiones amazónicas de Pando y Beni se movilizaron contra la Ley 1720 que autorizaba reformas en la clasificación de las propiedades agrarias.
Esta norma, promulgada por Paz el 8 de abril en una feria agroindustrial, autorizaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir las pequeñas propiedades en medianas, sin más trámite que una solicitud escrita, para poder ofrecerlas como garantía para obtener créditos bancarios.
Luego de una caminata de más de 20 días por un conflicto que inicialmente parecía menor, el Gobierno terminó abrogando la norma que se había convertido en el eje articulador de las protestas, luego de que varias organizaciones expresaron su rechazo por considerar que podía propiciar la concentración de la tierra, dejar en vulnerabilidad a los pequeños productores y poner en riesgo territorios indígenas y comunitarios.
Seguidores del expresidente Evo Morales
En medio de los múltiples conflictos, el evismo se activó como frente de protestas contra el Gobierno. Los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), principalmente productores de hoja de coca del Trópico de Cochabamba, al centro del país, iniciaron una marcha de 190 kilómetros hacia La Paz para exigir respeto a la Constitución Política del Estado ante la propuesta presidencial de hacer reformas parciales para viabilizar su estrategia de desarrollo económico. También exigieron el cese de procesos judiciales contra su líder, que está acorralado en su bastión para evitar su captura, y contra quien la semana pasada se emitió la cuarta orden de aprehensión.
Sin embargo, durante la marcha, que llegó a la sede de Gobierno el lunes, los manifestantes también pedían la renuncia del presidente Paz y expresaban razones dispersas: por la mala calidad de la gasolina, las propuestas de reforma en la propiedad de la tierra, la falta de políticas de austeridad y porque “no piensa en los pobres”.
Mineros cooperativistas
Radicales por el uso de dinamita en las protestas, los mineros cooperativistas aprovecharon que el río estaba revuelto para plantear sus demandas. El jueves protagonizaron una jornada de violencia y enfrentamientos con la Policía en el centro de La Paz mientras sus dirigentes negociaban a puertas cerradas con el gobierno.
Tras más de diez horas de reunión, salió humo blanco en favor de los cooperativistas: el Gobierno suspendió temporalmente la fiscalización de deudas a la Caja Nacional de Salud.
Movimiento Indígena Ponchos Rojos
Una de las organizaciones más numerosas y con mayor influencia en las protestas sociales del altiplano se manifiesta desde hace varios días con bloqueos instalados principalmente en la ciudad de El Alto, colindante con la sede de Gobierno. Sin una agenda clara de demandas, exigen la renuncia del presidente Paz por un rechazo generalizado al rumbo que tomó su gobierno.
A inicios de mes firmaron un pacto de “no traición” con algunos sectores sociales, entre ellos la Central Obrera, y decidieron no llegar a ningún acuerdo con el gobierno mientras no se concrete la renuncia de Paz.
Federación de Juntas Vecinales de La Paz y El Alto
Aunque posiblemente no tengan el consenso de todas las organizaciones afiliadas, las federaciones vecinales también piden la renuncia del presidente por los problemas con el combustible y la supuesta ausencia de una política de austeridad.
Curiosamente, una de las organizaciones que protagoniza las protestas es la Federación Sur de El Alto, que apenas semanas atrás había recibido 66 antenas de internet satelital y un vehículo de regalo por parte del Gobierno.
El dirigente Policarpio Acarapi, quien recibió públicamente las llaves de la camioneta, manifestó en una entrevista con el canal Tele Estrella que “la gente se ha molestado” por la mala calidad de la gasolina, porque la administración de Paz “trata de gobernar a través de decretos” y cuestionó “la falta de austeridad en los salarios de las autoridades y la renta vitalicia de los expresidentes”.
Transportistas
Es uno de los sectores que se manifestó más temprano en reclamo por la “gasolina desestabilizada” que el Gobierno admitió que había distribuido y que dañó miles de vehículos. Si bien hubo acuerdos con algunas federaciones, porque pocas organizaciones en Bolivia tienen tantas ramificaciones internas como el transporte, ningún pacto parece definitivo.
De hecho, el lunes choferes de El Alto anunciaron un paro indefinido y este martes las radios locales reportan que no hay servicio de transporte público. En la víspera, el dirigente Reynaldo Luna manifestó que están contra “la privatización de empresas estratégicas” y de “recursos naturales”. “Ya en este caso, la renuncia del presidente”, informó Luna, citado por el medio Erbol.
