Recuerdo a una paciente adulta que contaba cómo había sobrevivido, escapando una y otra vez de sus padres. Corría entre los muebles, escapando del cinturón, y también se fugaba de la casa porque intuía que quedarse podía costarle la vida.
Mientras en las últimas semanas se conocía una nueva sucesión de infanticidios, la recordaba. Pensaba también en otros pacientes, niños y adultos, que portaban las marcas del odio parental: niños mordidos, quemados, golpeados, encerrados, aterrorizados. Algunos murieron. Otros sobrevivieron, pero sobrevivir nunca significó que la violencia hubiera terminado.
La madre de Neithan lo llevó al hospital de Clorinda, Formosa. Dijo que el niño, de siete años, se había caído de una cama cucheta mientras jugaba con sus hermanos. Los médicos vieron un traumatismo craneoencefálico grave que no cerraba con esa versión. Cuando la Justicia allanó la casa, no encontró ninguna cama cucheta. Neithan murió meses después, en terapia intensiva. Su madre y su pareja quedaron detenidos.
La pregunta que se hace la sociedad frente a casos así suele ser: ¿cómo pudo pasar? Es la pregunta equivocada, o al menos incompleta. Casi ningún infanticidio empieza el día de la muerte. Mucho antes hubo golpes, humillaciones, amenazas, negligencia, violencia sexual, miedo, aislamiento o abandono.
Mucho antes, hubo un niño intentando sobrevivir, muerto de miedo, tratando de reconocer los gestos, el sonido de los pasos, el modo en que se abre o se cierra una puerta, para intentar estar preparado para lo que viene.
A Lucio Dupuy lo lastimaron de maneras extremas: lo dejaban solo, encerrado en un patio, no le daban de comer, lo golpeaban hasta que se desmayaba. Antes de su muerte, nadie parece haber escuchado ni visto nada.
Los infanticidios no son hechos aislados ni tragedias imprevisibles. Son la expresión más extrema de un continuo de violencia que atraviesa a miles de niñas y niños en el mundo, y del que muchos logran sobrevivir, cargando sus consecuencias durante toda la vida.
Este año alcanza, además, para reunir un patrón. En Santa Ana, Misiones, Ilan Mareco Vázquez murió a los ocho años por una herida punzocortante en el cuello.
En Comodoro Rivadavia, Ángel Nicolás López murió a los cuatro años; el Cuerpo Forense de Chubut halló lesiones internas compatibles con maltrato sostenido, meses después de que un Juzgado de Familia ordenara su revinculación con la madre, pese a las alertas previas.
En Salta, Thiago Altamirano murió a los dos años por asfixia mecánica; su familia ya tenía seguimiento activo de la Secretaría de Primera Infancia y Niñez, y su abuelo paterno había presentado denuncias previas que motivaron medidas de protección judicial que no alcanzaron para evitar su muerte.
En Villa Gesell murió Isabella, bajo custodia de su madre, Lucía Sosa. No fue un hecho aislado: es la tercera hija de esa mujer que muere en circunstancias similares desde hace más de una década. Uno de sus hermanos sobrevivió de milagro, de bebé, a un cuadro que hoy se interpreta de otro modo.
Ese hermano, hoy adolescente, habló esta semana en los medios: contó que durante años lo obligaron a volver a esa casa en nombre de la revinculación, pese a que él pedía no ir, y que en esas visitas lo golpeaban. Pidió que el sistema le diera más peso a la voz de un niño cuando expresa miedo.
Ninguno de estos casos empezó el día de la muerte. En todos había alguien que ya sabía y un circuito que no llegó a tiempo. Pediatras, escuelas, jardines, vecinos, familiares, servicios de protección, justicia: proteger a un niño nunca depende de una sola institución, y por eso mismo nunca es responsabilidad de una sola. Es la cadena entera la que falla, casi siempre en el eslabón más silencioso.
Ni el filicidio —matar al propio hijo— ni el infanticidio en su sentido más amplio —matar a un niño que no es familiar— tienen una figura penal propia.
El primero se nombra como homicidio agravado por el vínculo, la misma figura que se aplica si alguien mata a su cónyuge. El segundo exige demostrar alevosía, y ni siquiera ahí la ley da por sentado lo evidente: la doctrina penal discute si la sola condición de niño ya implica indefensión o si hace falta probarla caso por caso.
Una reforma legislativa incorporó al artículo 80 el odio racial, religioso, de género, por orientación sexual y por identidad de género como agravantes específicas, y creó la figura del femicidio. Fue un logro: nombrar el odio hace visible lo que antes quedaba disuelto en el homicidio simple y permite prevenir la violencia por razones de género.
La infancia no entró en esa lista, y la vieja figura de infanticidio, derogada hace tres décadas, nunca se repuso bajo ninguna forma revisitada.
No se trata solo de penas —las penas máximas ya se alcanzan sumando agravantes—. Se trata de qué clase de humano es un niño o una niña para la sociedad y para la ley penal.
Un cónyuge, una mujer, una persona del colectivo LGBTQ pueden ser nombrados como víctimas específicas de un odio específico. Un niño o una niña, no.
Y esa ceguera no es solo de la ley: es también de quien debería contarla. El Estado y la Justicia no distinguen, en sus estadísticas criminales, si un niño murió a manos de un desconocido o de quien debía cuidarlo. No hay una categoría, ni un registro, ni un observatorio equivalente al que existe —con años de lucha y visibilidad detrás— para otras formas de violencia letal. Aunque lo hayamos propuesto los activistas un centenar de veces.
El infanticidio suele pensarse como un problema policial. En realidad, es también un problema de salud mental de los cuidadores, de las secuelas en los niños y niñas sobrevivientes, de políticas públicas y de derechos humanos. En los tres frentes se repite el mismo patrón: se legisla, pero no se sostiene en la práctica.
Hace años conceptualicé el infanticidio como un concepto abarcativo y estructural, donde se da muerte a la infancia de diferentes modos: por maltrato, negligencia, desamparo, olvido y/o asesinato. Niños y niñas mueren por su condición de indefensión. (Infancia sin Violencia, 2019).
Un informe que comparó a la Argentina con otros dieciséis países de la región en prevención de violencia infantil la ubicó en el décimo puesto. El diagnóstico es siempre el mismo: las leyes existen, pero sin financiamiento, sin seguimiento y sin responsabilidad institucional sostenida, la protección sigue quedando demasiado lejos de la vida cotidiana de cada bebé, niño, niña y adolescente.
Hay quienes venimos planteando, hace demasiados años, campañas y hasta la necesidad de crear un Ministerio de la Infancia con foco en la prevención — no un organismo más entre otros, sino una instancia con jerarquía suficiente para articular lo que hoy queda disperso entre juzgados de familia, escuelas, servicios de salud y organismos de protección que no siempre se comunican entre sí.
El maltrato y la muerte violenta de un niño o una niña no es algo que ocurre de repente. Empieza mucho antes y termina, casi siempre, donde alguien decidió no escuchar, no darle importancia o mirar para otro lado.
*Sonia Almada es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy, La niña del campanario y Huérfanos atravesados por el femicidio.
