El sistema de formación médica en Argentina experimentará un cambio relevante a partir de 2026: cada provincia organizará sus propios exámenes de ingreso a residencias médicas, una decisión adoptada en la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) tras detectarse irregularidades en el proceso nacional.
El objetivo, según el Ministerio de Salud, es adaptar la formación profesional a las necesidades específicas de cada jurisdicción y fortalecer la autonomía provincial, poniendo fin a la financiación nacional de becas para residencias.
Durante el encuentro, el ministro de Salud de la Nación Mario Lugones explicó que la salud y la formación médica deben responder a las realidades locales. “La salud es jurisdiccional. Los exámenes también tienen que ser jurisdiccionales. Solo cada provincia sabe qué tipo de médicos necesita para su población. Esta fue la última camada de médicos cuyas becas de residencias fueron financiadas por Nación. A partir de ahora los exámenes los toman y financian las jurisdicciones”, afirmó.
Los ministros provinciales coincidieron en que la formación de profesionales debe ajustarse a las particularidades epidemiológicas, geográficas y sanitarias de cada región, permitiendo así que los médicos se especialicen según las demandas locales.
El cambio en el sistema de exámenes responde a una reciente problemática de fraude en el Examen Único de Residencias 2025. El Gobierno nacional informó que ninguno de los 117 aspirantes que se presentaron a rendir nuevamente el examen logró revalidar la nota del primer parcial, de los cuales 109 eran extranjeros.
En ese sentido, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, estableció que los profesionales egresados de universidades que no estén inscriptas en la Federación Mundial de Educación Médica ya no podrán presentarse en Argentina para continuar con su formación profesional hospitalaria.
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En paralelo, la viceministra de Salud Cecilia Loccisano presentó avances en la compra y provisión de medicamentos de alto costo y drogas especiales, gestionados por la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC). Según Loccisano, la implementación de nuevos reglamentos y procesos de compra permitió alcanzar una eficiencia en el gasto de USD 40 millones.
“Trabajamos en un reglamento que ordenó el funcionamiento del sistema y generamos distintos procesos de compra. Los pacientes que llegan a DINADIC se acercan en una situación de extrema vulnerabilidad porque ni obra social ni su jurisdicción pudo sostenerlos”, detalló.
Además, la funcionaria destacó la agilización de los trámites: ahora, la solicitud puede iniciarse en línea y el sistema de compras mejoró en un 50% la velocidad del procedimiento, reduciendo el tiempo de provisión de seis meses a 35 días. En casos de urgencia vital, la gestión se completa en aproximadamente 10 días.
Otro de los temas centrales de la reunión fue la actualización de la regulación alimentaria. El subsecretario de Planificación y Programación Sanitaria Saúl Flores y la directora nacional de Abordaje Integral de Enfermedades no Transmisibles Manuela Bullo informaron sobre el avance de la Guía Alimentaria para la Población Argentina (GAPA), que servirá de base para la elaboración de guías provinciales adaptadas a las características regionales.
Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) Mónica López explicó que el reciente Decreto 538/2025 dispuso la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), transfiriendo la actualización del Código Alimentario Argentino a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a través del INAL, y al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) cuando corresponda. López subrayó que “esta medida permite reducir la burocracia y acelerar decisiones basadas en evidencia científica”.
En relación con la seguridad alimentaria, López compartió los resultados de un relevamiento realizado por el INAL sobre el uso de colorantes artificiales en alimentos procesados. Se detectó la presencia de estos aditivos en más de 5.000 productos, y en el 40% de ellos se identificó una alta prevalencia de Sunset Yellow y Tartrazina, colorantes que, según estudios internacionales, se asocian con alergias y sensibilidades alimentarias.
La situación epidemiológica nacional también ocupó un lugar destacado en la agenda del COFESA. Se abordó el brote de sarampión y se enfatizó la importancia de la vacunación, así como la colaboración con instituciones educativas para identificar a niños sin cobertura de inmunización.
Por último, la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental Liliana González expuso información sobre la vigilancia epidemiológica de suicidio e intento de suicidio, destacando la importancia de este monitoreo para la salud pública.