El Ministerio de Salud de Mendoza presentó las primeras denuncias judiciales contra padres que no cumplieron con el calendario obligatorio de vacunación de sus hijos, en un contexto de alerta sanitaria por el rebrote de enfermedades prevenibles como el sarampión y la tos convulsa.
La provincia se convirtió en la primera de Argentina en recurrir a la vía judicial para exigir el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación, lo que marca un precedente a nivel nacional. Como detalló Infobae, esta iniciativa había fue reglamentada en agosto, y estableció el procedimiento y las sanciones para quienes incumplen con la vacunación obligatoria.
En diálogo con Infobae en Vivo, Rodolfo Montero, ministro de Salud de Mendoza, confirmó que “las denuncias en la Justicia ya son 15 y van a ir creciendo a medida que pasen los días”, afirmó al ser consultado sobre la reciente avanzada judicial contra familias que rechazan vacunar a sus hijos.
El funcionario explicó: “No es que uno solamente pone en riesgo a su hijo si no lo vacuna. Pone en riesgo a toda la sociedad. La vacunación no es una decisión individual, es una decisión colectiva entre todos los argentinos, de protegernos”.
Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que contó con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y María Migliore.
Montero remarcó que la provincia mantiene una política activa de inmunización: “En Mendoza seguimos vacunando en las escuelas, eso nos permite tener tasas de cobertura bastante elevadas. Estamos entre el ochenta y ochenta y cinco por ciento de tasa de cobertura, pero lejos del objetivo del 95 por ciento”.
Qué ocurre con los padres que fueron denunciados
Las personas que recibieron la denuncia deben asistir a una audiencia en la que el equipo sanitario informa a los padres acerca de los serios riesgos que, para la salud pública, representa mantener la falta de vacunación. Se les dará un plazo de 30 días para cumplir con la aplicación de las dosis.
Las denuncias, que ya se encuentran en la Justicia Civil, apuntan a padres responsables de niños y adolescentes que no han recibido las vacunas obligatorias. La medida se fundamenta en la Ley Nacional 27.491, que establece la obligatoriedad de las vacunas y confirma que la salud pública prevalece sobre los intereses individuales.
Ante la consulta sobre el procedimiento judicial vigente, el titular del área de Salud de Mendoza precisó: “En primer lugar, la Justicia cita a la familia y la intima a que cumpla la ley, o sea, que vacune a su hijo. Ya eso es muy importante. En cuanto a las sanciones, no lo sabemos porque esta es la primera vez que se hace”.
Explicó que los jueces “podrían tomar el código contravencional de Mendoza, que impone sanciones económicas, trabajo comunitario, incluso algunos días de arresto para los padres que no vacunen a su hijo. O podrían tomar la legislación nacional de vacunación obligatoria y otras sanciones”, y resaltó: “Siempre corro el foco de lo punitivo a lo sanitario, a la colaboración de la justicia para tratar de garantizar la vacunación en los niños”.
El funcionario afirmó que estas medidas buscan proteger el derecho a la salud de los menores en un escenario nacional donde ya se registraron muertes infantiles por tos convulsa y rebrotes de enfermedades como el sarampión, que se consideraba eliminada en el país desde 2016.
Como publicó Infobae, la legislación vigente en Mendoza, reglamentada desde agosto de 2025 por la Resolución 2572, prevé que las familias notificadas cuentan con un plazo de treinta días para regularizar la vacunación.
Si no lo hacen, las autoridades deben informar al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y presentar la denuncia que es tratada por la Justicia Civil, donde los padres o tutores son convocados a una audiencia obligatoria. Allí, personal sanitario advierte sobre los graves riesgos para la salud pública vinculados al incumplimiento.
Interrogado sobre el perfil de las familias denunciadas, Montero describió en Infobae en Vivo: “Hay de todo. Con mayor educación, menor educación. Hay una parte que se comprometió cuando fuimos a la escuela e hizo la negativa expresa escrita de no vacunar. Se comprometió a vacunarlo en un vacunatorio cerca de la casa y después no cumplió, volvimos a hacer la instancia y hay familias que se han demorado en ejecutar esa vacunación. Y después, un porcentaje chico de personas que no quieren inmunizar a sus hijos, que consideran que la vacuna es riesgosa basada en ninguna teoría, porque básicamente no hay ningún estudio científico que vincule las vacunas con los efectos que se mencionan en redes sociales”.
Cuáles son las sanciones para padres o tutores que no vacunen a sus hijos
Las sanciones establecidas por la normativa incluyen multas de entre USD 84.000 y USD 336.000, además de la posibilidad de hasta cinco días de arresto o la obligación de realizar trabajos comunitarios en hospitales, según el artículo 119 del Código de Contravenciones de Mendoza.
Estas penalidades se aplican si los padres, tutores o cuidadores no cumplen con el calendario oficial de vacunación, y pueden duplicarse o triplicarse en caso de reincidencia o si otros responsables, como instituciones educativas o funcionarios públicos, omiten la denuncia.
La resolución provincial ratifica que el interés superior de la salud pública prevalece sobre la decisión individual y garantiza la protección de los derechos de los menores a una vida sana. Iris Aguilar, responsable del Departamento de Inmunizaciones de Mendoza, sostuvo: “El objetivo es claro: que los niños se vacunen. No buscamos castigar, sino proteger a los chicos. Es el juez el que determina qué hacer. Nuestro rol es activar el sistema cuando se vulnera el derecho a la salud del niño”.
Además, Aguilar detalló: “El mayor déficit está en las vacunas que se aplican a los quince meses, debido a la disminución en controles de niños sanos, que se realizan de manera más espaciada”.
La cobertura de vacunación escolar en Mendoza supera el 80%, “un porcentaje aceptable pero que debería superar el 95% para evitar la reaparición de enfermedades que gracias a las vacunas se encuentran eliminadas o bajo control”.
Desde agosto de 2025, el protocolo para la denuncia formal quedó reglamentado. Al confirmarse el incumplimiento, el caso se deriva a la Justicia, donde se convoca a los adultos responsables para determinar los pasos a seguir y aplicar las sanciones correspondientes. Aguilar explicó que este procedimiento otorga a las familias un margen para regularizar la situación y que muchas prefieren acudir a un centro médico de confianza o al sector privado, buscando organizar y garantizar el acceso.
La funcionaria advirtió que desde la publicación de la resolución han recibido amenazas en redes sociales y por correo electrónico, principalmente de grupos antivacunas. Sin embargo, ratificó: “Está claro que las vacunas salvan vidas y por más que nos amenacen o que generen este tipo de acciones en redes sociales, nuestra misión es proteger a la población”.
El descenso en las tasas de vacunación preocupa especialmente en la adolescencia, donde la cobertura ronda el 75%. En el caso de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), incorporada al calendario a los once años, la cobertura alcanza el 66,98% con la primera dosis entre las niñas y el 60,92% en varones, pero desciende a 34,62% y 27,82% para la segunda dosis respectivamente.
La entrevista completa al ministro de Salud de Mendoza
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- De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet
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