En medio de la creciente violencia escolar por amenazas por tiroteos y mensajes intimidatorios, la Justicia imputó a cuatro jóvenes por intimidación pública en dos escuelas de Salta capital. Los casos generaron preocupación entre padres y encendieron la alarma en la comunidad educativa, tras una serie de amenazas que son investigadaas por la fiscalía penal y juvenil.
El fiscal penal N° 3 del Distrito Centro, Horacio Córdoba Mazuranic, ordenó medidas de investigación e imputó a dos jóvenes de 18 y 19 años y a un menor de 17 por presuntos hechos de intimidación pública. La causa se originó después del hallazgo de inscripciones en el baño de varones del Colegio Walter Adet, donde se hacía referencia a situaciones violentas al inicio de la semana. La aparición de estos mensajes encendió las alarmas entre alumnos, docentes y familias, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades y el inicio de tareas investigativas.
Con la autorización del Juzgado de Garantías 5, a cargo del juez Pablo Zerdán, la División Investigaciones Sur y otras dependencias policiales realizaron allanamientos en domicilios de los barrios Santa Ana I y Miguel Aráoz. De acuerdo con El Tribuno, durante la audiencia de imputación, los acusados, asistidos por defensa particular, prestaron declaración y presentaron sus versiones de los hechos. La Fiscalía solicitó que se mantenga la detención mientras la investigación continúa.
La Policía de Salta remarcó que tanto los mensajes escritos en las escuelas como los enviados a través de redes, pueden ser considerados delitos. Además, en un comunicado oficial dijeron que también los padres o tutores pueden ser responsables por los daños y perjuicios realizados por el menor a cargo.
Las medidas para los menores pueden incluir tratamiento tutelar, medidas socioeducativas, restricciones a la libertad ambulatoria y, en los casos más graves, internación en institutos especializados. La privación de la libertad se considera una medida extrema y solo se aplica cuando no existen alternativas menos gravosas, siempre bajo evaluación interdisciplinaria. Si los imputados son mayores de 18 años y resultan responsables, pueden enfrentar una condena de 2 a 6 años de prisión.
Otro adolescente fue detenido en Salta
En paralelo, la fiscal penal juvenil 2, Carolina Hernández, imputó a un adolescente de 16 años por un hecho de violencia escolar ocurrido en el Colegio Secundario Técnico República de la India. El joven prestó declaración acompañado por su madre y con asesoramiento del defensor oficial, donde reconoció su participación y manifestó arrepentimiento, argumentando que no midió la gravedad de su conducta.
Con autorización judicial y de la progenitora, se realizó un allanamiento en el domicilio del adolescente para buscar elementos vinculados a la causa. El procedimiento fue dispuesto para constatar la posible existencia de pruebas relevantes.
Actualmente, el adolescente de 16 años permanece alojado en el Instituto Especializado de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, donde se realizan evaluaciones interdisciplinarias conforme a la Ley N° 8097. El resultado de estos estudios será determinante para definir la continuidad de la medida privativa de libertad.
Las investigaciones judiciales en torno a las amenazas en escuelas argentinas han incorporado dos hipótesis principales. Por un lado, se analiza el fenómeno del “efecto imitativo”, donde hechos violentos recientes, generan réplicas o intentos de imitación en adolescentes de otras provincias. Este patrón se ha observado en la reiteración de mensajes intimidatorios con contenidos y cronogramas similares, dirigidos a provocar alarma social en días particulares de la semana.
Por otro lado, la Justicia y las fuerzas de seguridad han puesto el foco en el impacto de los llamados desafíos virales surgidos en redes sociales y plataformas, así como en comunidades virtuales de “True Crime”, donde se glorifica la violencia y se ponderan masacres escolares, como la ocurrida en Columbine, Estados Unidos, en 1999. Investigaciones recientes confirmaron que menores involucrados en amenazas y ataques reales en escuelas argentinas participaban activamente en estos grupos digitales, donde se comparten narrativas y referencias a tiroteos masivos.
El análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos permitió identificar la pertenencia de algunos adolescentes a estas subculturas digitales. Los especialistas advierten que la interacción en estos entornos facilita el paso de la simple curiosidad o fascinación por crímenes reales a la apología y la planificación de acciones concretas, especialmente entre jóvenes con antecedentes de acoso escolar o conflictos de convivencia.
