La residente Delfina “Fini” Lanusse y el anestesista Hernán Boveri están alineados bajo los mismos argumentos para defenderse en la causa judicial por el robo de propofol del Hospital Italiano, en la que ambos están procesados por administración fraudulenta.
Si bien son representados por diferentes abogados, los escritos que presentaron ante la Justicia para pedir sus respectivos sobreseimientos coinciden en varios puntos, como que el expediente está basado en rumores y que faltan pruebas concretas. Además, denuncian que incluyeron declaraciones suyas realizadas a la Asociación de Anestesiología que habrían sido tomadas de manera “ilegítima” para usarlas en su contra.
Particularmente, los defensores de “Fini” cuestionan que el juez Javier Sánchez Sarmiento, a cargo del caso, no pudo individualizar ningún hecho puntual de los que se la acusa. En este sentido, dijeron que no identificó fechas, lugares, ni describió ninguna acción específica que indique un apoderamiento o desvío de insumos del Hospital.
Además, argumentan que la imputación se armó sobre “escenarios posibles, pero no de hechos probables”: según el recurso de apelación presentado la semana, el razonamiento judicial fue que “si el sistema podía ser vulnerado, entonces la maniobra pudo haber ocurrido”. Para los abogados, esto “no satisface el grado de probabilidad exigido por la ley para procesar a una persona”.
Hernán Boveri, por su parte, criticó que el inicio de la causa haya sido a partir de “una cadena de rumores originada por alguien que no presenció ninguno de los hechos investigados”. Al igual que Lanusse -con quien afirmó que mantenía una relación oculta que no debió salir a la luz- el caso representa un “cuadro de insuficiencia probatoria” y plantea que, ante la duda, correspondería dictar la falta de mérito.
El anestesista también agregó que sobre esa base de testimonios indirectos se construyeron conjeturas “hasta que, mediante un procedimiento absolutamente viciado, se obtuvo una supuesta ‘confesión’ destinada a intentar convalidar la hipótesis inicial”.
A lo largo de sus escritos, tanto Boveri como Lanusse se refieren a la reunión que ambos tuvieron en la Asociación de Anestesiología de Buenos Aires (AAARBA), que es denunciante del robo de sustancias.
En este sentido, los procesados reclaman que las autoridades de la institución los citaron “bajo la apariencia de un procedimiento asistencial por presunto consumo problemático” y así obtuvieron información sobre ellos que usaron en su contra. Dijeron que asistieron al encuentro “confiando en la confidencialidad”, pero terminaron siendo interrogados por una supuesta sustracción de medicación.
“Transformaron un eventual ámbito de asistencia en una instancia de recolección de información con potencialidad incriminante”, dice el último escrito presentado por Fini Lanusse ante la Justicia.
Asimismo, ambos procesados indican que «no existen registros escritos, grabaciones ni constancias de lo ocurrido durante esa reunión» y critican que la información recabada en ese ámbito se utilizó luego para acusarlos, lo que, a criterio de las defensas, implica “violación del secreto profesional”.
La denuncia por robo
Otro punto central en el que coinciden las defensas de Lanusse y Boveri es en que la causa no tiene pruebas materiales que los incriminen en el robo de propofol y que el propio Hospital Italiano confirmó que “no se verificó ningún faltante de este medicamento”.
Asimismo, afirman que no existe ningún testigo que haya presenciado una sustracción de medicación ni un retiro irregular de fármacos por parte de ellos y que las autoridades de la institución que declararon en el expediente tampoco aportaron constancias directas, sino versiones que escucharon de otros.
“El Hospital informó que no se detectaron faltantes de medicación en los años investigados y que el control interno es capaz de registrar hasta la pérdida de una jeringa», resaltaron en las presentaciones judiciales.
Al mismo tiempo, remarcaron que “el propio arqueo realizado arrojó resultado sin diferencias”, lo que para la defensa hace “incompatible” la hipótesis de una “sustracción sostenida en el tiempo”.
Por ahora, Hernán Boveri y Delfina Lanusse están procesados por administración fraudulenta en la causa que investiga el robo de medicamentos hospitalarios.
El magistrado Javier Sánchez Sarmiento también les prohibió salir del país y dispuso embargos sobre sus bienes: $70.000.000 para Boveri y $30.000.000 para Lanusse. Ninguno de los dos acusados recibió la prisión preventiva.
Fuentes de la causa aseveraron a Infobae que los testimonios recopilados en el expediente complicaron a ambos acusados. Inicialmente, habían sido investigados también por el delito de hurto. Sin embargo, esa imputación no prosperó, al menos, en esta etapa de la causa.
