La escasez de combustible que atraviesa Cuba desató una cadena de colapsos simultáneos que alteran la vida cotidiana en La Habana: los negocios privados desvían el gas doméstico para generar electricidad propia, y las calles de la capital acumulan toneladas de residuos que el Estado ya no puede retirar con sus camiones recolectores.
Ante la falta crítica de diésel y los apagones prolongados, muchas Mipymes recurrieron al gas manufacturado distribuido por la Unión Cuba Petróleo (CUPET) —conocido como “gas de la calle”— y al gas licuado de petróleo (GLP) para alimentar generadores eléctricos.
La red de gas canalizado es uno de los pocos servicios que el régimen ha logrado mantener con relativa estabilidad frente al colapso del suministro eléctrico y de otros combustibles, lo que la convirtió en una salida de emergencia para los comercios privados. Sin embargo, especialistas y vecinos advierten que esa mayor demanda podría saturar el sistema en el corto plazo.
El desvío del recurso tiene un costo directo para los hogares. El acaparamiento y la reventa del gas en el mercado informal redujeron la disponibilidad para las familias, que en muchos casos debieron sustituirlo por leña o carbón para cocinar.
Aunque el régimen ha comenzado a permitir que empresarios privados importen carburantes y gestionen estaciones de servicio, la falta de liquidez y las trabas logísticas mantienen la presión sobre el sistema energético. Altos funcionarios reconocen que la dependencia de importar combustible en contenedores es un desafío estructural sin solución inmediata.
La misma escasez de combustible explica el deterioro del servicio de recolección de residuos. Según datos publicados por CiberCuba, en febrero pasado solo 44 de los 106 camiones recolectores de la capital estaban operativos, un 41,5% de la flota total. La Habana genera entre 24.000 y 30.000 metros cúbicos de residuos diarios, pero hasta 23.814 metros cúbicos quedaban sin retirar cada jornada.
Ante ese colapso, el Estado recurrió a maquinaria pesada de construcción —equipos habitualmente destinados a obras de vivienda— para despejar los vertederos improvisados que proliferaron en distintos barrios. La medida generó un nuevo problema: el uso de esos equipos rompe aceras, destruye el pavimento y abre baches en las zonas intervenidas.
Mientras tanto, muchos vecinos optaron por quemar los residuos acumulados frente a sus casas, lo que libera humo tóxico y agrava los riesgos sanitarios. Medios locales informaron que la acumulación de basura disparó brotes de dengue, chikungunya, leptospirosis y hepatitis A en la ciudad.
Frente a la magnitud del problema, algunos vecinos tomaron la iniciativa por su cuenta. En mayo, residentes del barrio Casino Deportivo organizaron su propia recogida de basura; mientras que en Centro Habana dos vecinos financiados por la comunidad comenzaron a vigilar una esquina para evitar el abandono de desechos.
El régimen presentó una respuesta de alcance acotado. El proyecto de desarrollo local “El Rampeño”, impulsado en el Consejo Popular Rampa del municipio Plaza de la Revolución, contempla 30 triciclos eléctricos para la recogida puerta a puerta de residuos sólidos en 14 circunscripciones, con dos turnos diarios. La infraestructura central es una “solinera” —estación de carga con paneles solares— que también ofrecerá recarga para vehículos eléctricos, motos y teléfonos celulares. Al momento de la publicación de la crónica en el medio oficialista Cubadebate, el Consejo Popular contaba con cinco de los 30 triciclos previstos.
