La Justicia boliviana determinó enviar a prisión preventiva por seis meses al dirigente Vicente Salazar, líder de la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, una de las organizaciones que impulsaron los bloqueos de caminos que recientemente afectaron al país.
En una audiencia de medidas cautelares realizada este lunes por la tarde, el juez dictaminó su traslado al recinto penal de Chonchocoro, en las afueras de La Paz y a casi 4.000 metros de altura, mientras se desarrollan las investigaciones por la presunta comisión de al menos cinco delitos: instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Salazar fue aprehendido el sábado al mediodía en la ciudad de El Alto y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz, donde aguardó hasta este lunes la instalación de su audiencia de medidas cautelares.
La Fiscalía boliviana argumentó que existen indicios suficientes de su vinculación con los bloqueos y advirtió riesgos procesales que impedirían la aplicación de medidas sustitutivas. “Esta medida cautelar requerida es idónea, necesaria, proporcional para garantizar la presencia del encausado en los actos investigativos a realizarse en la etapa preparatoria”, señala el documento de imputación difundido por medios locales.
En tanto, la defensa de Salazar presentó documentos para desvirtuar los riesgos procesales, objetó la legalidad de la aprehensión y pidió que el dirigente afrontara la investigación en libertad. Sin embargo, el juez desestimó esos argumentos y dispuso su detención.
Bolivia atravesó casi 50 días de bloqueos de caminos organizados por sectores sociales que pedían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusaron de traición y de gobernar de manera excluyente y en contra de los intereses de las mayorías. La protesta fue inicialmente impulsada por la organización campesina del altiplano que lidera Salazar y progresivamente sumó la adhesión de otros sectores, como la Central Obrera Boliviana (COB), los sindicatos cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) y algunas juntas vecinales de El Alto.
El prolongado conflicto social ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos de primera necesidad en algunas ciudades y dejó al menos 14 fallecidos —algunos de los cuales perdieron la vida por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos—, además de pérdidas económicas millonarias para sectores estratégicos como la industria, el transporte y el turismo.
Luego de casi siete semanas de bloqueos, la administración de Rodrigo Paz logró llegar a un acuerdo con dirigentes de la COB para levantar los piquetes y dictó un estado de excepción vigente por 90 días que desincentivó la continuidad de las protestas y el repliegue de otros sectores movilizados. A partir de entonces, instaló mesas de trabajo con los sindicatos obreros para atender sus demandas.
Ante los crecientes pedidos para sancionar a los demás promotores de los bloqueos —entre ellos el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y el expresidente Morales—, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, indicó que se están realizando investigaciones para dar con los “culpables de estos delitos”. “Todos los que tienen que rendir cuentas a la justicia tienen que estar sin excepción alguna”, manifestó Oviedo en Radio Panamericana.
