Un pastor evangélico fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) tras ser señalado por su presunta participación en delitos sexuales contra una menor de edad en Villanueva, Cortés. El hombre, de 42 años, tenía una orden judicial y fue localizado en la aldea Corinto, municipio de Omoa.
La captura se realizó luego de una investigación de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal. Según el reporte policial, el sospechoso había salido del país después de que se conociera la denuncia.
El detenido es originario de Yoro, Yoro, y tenía residencia en el municipio de Las Cruces, departamento de Petén, Guatemala.
Sobre el detenido pesaba una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Villanueva, donde se lo señala como presunto responsable de los delitos de otras agresiones sexuales calificadas y violación calificada continuada en perjuicio de una niña de 12 años.
Qué cargos enfrenta
Según el expediente investigativo, el caso comenzó después de una denuncia por un supuesto abuso sexual contra la menor. Tras recibir la información, un equipo especializado inició las diligencias para determinar las circunstancias del hecho y recopilar elementos para la investigación.
Durante el proceso, los agentes tomaron declaraciones a la menor y a sus familiares, además de coordinar evaluaciones médico-legales, cuyos resultados fueron incorporados al expediente judicial como parte de las pruebas recopiladas por los investigadores.
Dónde fue localizado
Las autoridades indicaron que, después de que se conocieron los hechos, el sospechoso presuntamente abandonó Villanueva junto con su familia y se trasladó hacia Guatemala, con la intención de evitar ser encontrado por las autoridades.
El seguimiento de los equipos especializados permitió establecer su ubicación y ejecutar la orden de captura en territorio hondureño. Luego de su arresto, fue remitido ante el órgano jurisdiccional correspondiente para continuar con el proceso establecido por la ley.
En Honduras, los delitos sexuales por los que se acusa al detenido contemplan penas de prisión que pueden incrementarse según las circunstancias y agravantes que sean valoradas durante el proceso judicial. La legislación establece sanciones más graves cuando las víctimas son menores de edad o cuando existen condiciones particulares que agravan el delito.
El organismo policial reiteró que mantiene acciones permanentes para investigar hechos que atenten contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, y recordó que toda persona acusada de un delito conserva el derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme emitida por un tribunal competente.
Honduras en 2024, las autoridades investigaron denuncias contra personas vinculadas a congregaciones religiosas por supuestos abusos, lo que generó llamados de organizaciones de protección infantil para fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y vigilancia dentro de instituciones donde existe una relación de confianza o autoridad sobre niños y adolescentes.
Otro caso relevante ocurrió en 2025, cuando autoridades hondureñas reportaron capturas e investigaciones contra individuos acusados de delitos sexuales en perjuicio de menores de edad en distintos sectores del país.
Estos procesos derivaron la importancia de la intervención de unidades especializadas de investigación y del acompañamiento a las víctimas, debido a que muchos de estos hechos ocurren en entornos cercanos a los menores, donde los agresores pueden aprovechar vínculos familiares, comunitarios o de confianza.
