Estados Unidos prepara una nueva arquitectura arancelaria para reemplazar los gravámenes temporales que expiran esta semana, con medidas que alcanzarán a 60 socios comerciales bajo el argumento del trabajo forzado, mientras escala simultáneamente la presión sobre Canadá y Brasil en el marco de la ofensiva comercial más amplia de la administración Trump desde el colapso judicial de febrero.
El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, anticipó el martes que Washington tomará “pronto” nuevas medidas arancelarias, sin precisar fechas. El anuncio se produce dos días antes de que expire, el viernes 25 de julio, el arancel global del 10% que el presidente Donald Trump impuso como solución de emergencia tras la decisión del Tribunal Supremo que anuló en febrero la mayoría de sus gravámenes de la llamada “Liberation Day”.
La nueva estructura arancelaria descansa sobre la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una base legal que la administración considera más robusta que los poderes de emergencia que el Supremo invalidó. La Oficina del Representante de Comercio (USTR) determinó en junio que 60 economías no han prohibido ni aplicado de forma efectiva sanciones contra la importación de bienes fabricados con trabajo forzado, tras audiencias públicas celebradas el 7 de julio con testimonios de gobiernos, industrias y grupos empresariales.
Los aranceles se dividirían en dos niveles: 10% para países con prohibiciones parciales —entre ellos Canadá, la Unión Europea, México, el Reino Unido y Taiwán— y 12,5% para las economías sin ninguna legislación al respecto, categoría que incluye a China, India y Japón, entre otras cuarenta. “Estados Unidos tiene leyes que prohíben comerciar bienes con trabajo forzado. La mayoría de los otros países no las tienen, y los que sí las tienen no las aplican realmente”, declaró Greer ante la cadena CNBC. La Unión Europea ya había calificado de “injustificados” los aranceles impuestos bajo ese argumento.
El caso más explosivo fue Canadá. El lunes, Trump firmó tres proclamaciones presidenciales que imponen un arancel del 50% sobre una amplia gama de productos canadienses —vino, lácteos, cemento y muebles, entre otros— en virtud de la Sección 338 del Arancel de 1930, una disposición de la Gran Depresión nunca empleada a esta escala. Los gravámenes entran en vigor el 19 de agosto y no eximen a los productos cubiertos por el T-MEC.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, calificó los aranceles de “violación directa” del T-MEC y señaló que su país está dispuesto a “intensificar las discusiones” con Washington, sin anunciar represalias inmediatas. Dave Townsend, socio del despacho Dorsey & Whitney, advirtió que los nuevos gravámenes “parecen estar destinados a alentar un acuerdo entre Canadá y Estados Unidos, o a castigar el fracaso en alcanzar ese acuerdo, o ambas cosas”. La tensión contrasta con el proceso negociador que Greer mantiene esta semana con México sobre la revisión del tratado.
Brasil concentra el otro foco de tensión. El martes entró en vigor un arancel del 25% sobre la mayoría de los productos brasileños, también bajo la Sección 301, tras una investigación de un año sobre prácticas desleales en áreas que van desde el comercio digital hasta el acceso al mercado de etanol. La Cámara Americana de Comercio para Brasil advirtió que la medida afecta más de 11.000 millones de dólares en exportaciones y coloca al país entre los que enfrentan “las condiciones más restrictivas para acceder al mercado estadounidense”. Quedan exentos el café, la carne de res y partes de aeronaves.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva rechazó la medida como infundada y anunció que la impugnará ante la Organización Mundial del Comercio, citando un superávit acumulado de 424.500 millones de dólares de Washington con Brasil en quince años, según datos del propio gobierno estadounidense. La investigación sobre trabajo forzado podría sumar un 12,5% adicional, elevando la carga total al 37,5%, en vísperas de las elecciones presidenciales de octubre. La acumulación de frentes traza el contorno de una política que, a falta de los instrumentos anulados por el Supremo, opera mediante investigaciones sectoriales diseñadas para reproducir por otra vía el alcance global que la Casa Blanca buscaba desde el inicio del segundo mandato.
