El reciente borrado masivo de estudiantes en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) ha escalado a un nuevo nivel de tensión institucional. Karin Herrera, vicepresidenta de Guatemala, solicitó la intervención inmediata de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) luego de que se conocieran varias denuncias sobre la eliminación arbitraria de expedientes e historiales académicos de decenas de universitarios.
La funcionaria, quien ha desarrollado gran parte de su vida profesional en la USAC, subrayó que retirar el estatus universitario sin un debido proceso vulnera el derecho constitucional a la educación superior. Herrera pidió a la PDH que realice verificaciones exhaustivas y emita recomendaciones que eviten la repetición de estas prácticas administrativas.
La petición se realizó a través de una carta enviada el lunes 20 de julio al ombudsman guatemalteco, José Alejandro Córdova, donde la vicemandataria le solicita “el acompañamiento necesario a quienes lo soliciten, para evitar la afectación al derecho fundamental a la educación superior, asimismo, garantizar la integridad y el derecho a la libre locomoción de estudiantes universitarios».
Entregan memorial
Frente a esta situación, un grupo de estudiantes se movilizó hacia el Campus Central para entregar memoriales dirigidos al Departamento de Registro y Estadística en los que exigieron explicaciones detalladas sobre las razones que motivaron la baja de sus credenciales y usuarios, acción que se ejecutó sin notificación previa y los dejó fuera del ciclo lectivo.
La jornada estuvo marcada por momentos de tensión. Agentes de seguridad privada intentaron bloquear el acceso al campus central de la USAC, lo que obligó a la presencia de observadores de la PDH. La intervención de estos permitió finalmente la entrega de la documentación, aunque el malestar entre los universitarios se mantuvo.
Los afectados señalaron que esta eliminación digital representa una “muerte académica”, ya que les impide matricularse, asignarse cursos, presentar exámenes profesionales o gestionar trámites de graduación.
Facultades como Derecho, Ciencia Política, Ciencias Económicas y Ciencias de la Comunicación concentran la mayor cantidad de denuncias, según expresaron los estudiantes.
USAC y la crisis institucional
La eliminación de perfiles universitarios aparece en medio del prolongado conflicto interno que vive la USAC desde la elección del rector Walter Mazariegos en 2022. Diversos sectores estudiantiles y docentes han cuestionado la legitimidad de ese proceso, alegando irregularidades y falta de transparencia.
Durante los últimos años, el Consejo Superior Universitario y otras autoridades han intensificado medidas disciplinarias contra la disidencia estudiantil. Las sanciones han incluido expulsiones y procesos de criminalización dirigidos principalmente a quienes lideran protestas y movimientos en defensa de la autonomía universitaria.
La cifra confirmada de estudiantes desactivados supera la cuarentena. Pese a contar con la documentación física que acredita su inscripción regular, estas personas se han visto privadas de acceso a las plataformas digitales institucionales, quedando excluidas de cualquier actividad académica.
Denuncias y reclamo de derechos
Organizaciones de derechos humanos han advertido que estos procedimientos buscan silenciar el disenso mediante represalias de tipo administrativo. Los estudiantes afectados han insistido en que la ausencia de comunicación oficial agrava el daño, pues la suspensión digital equivale a un castigo colectivo y sin posibilidad de defensa.
En este contexto, la solicitud de intervención de la vicepresidenta Karin Herrera cobra relevancia nacional. Para la funcionaria, la protección del derecho a la educación superior y la restitución inmediata de los derechos académicos deben ser prioridades indiscutibles para la PDH y las autoridades universitarias.
La controversia por el manejo administrativo de la USAC continúa generando preocupación entre la comunidad académica y organismos de protección a los derechos humanos. Mientras tanto, los universitarios a la espera de una solución sostienen que no cesarán en sus demandas hasta que sus expedientes y su estatus educativo sean plenamente restablecidos.
