El Océano Atlántico Sudoccidental es uno de los ecosistemas marinos más productivos del mundo. Allí habitan especies como la merluza, el calamar illex argentino, la corvina rubia, la palometa, las rayas, la corvina blanca y el sábalo.
En la actualidad, esta zona del planeta enfrenta una confluencia peligrosa de desafíos: el calentamiento global, la sobrepesca y las debilidades en su gobernanza, es decir, en las acciones coordinación y gestión de los recursos pesqueros compartidos entre Brasil, Uruguay y Argentina.
Así lo advirtió un estudio publicado en la revista Marine Policy que fue realizado por un grupo de investigadores científicos de los tres países.
En el Océano Atlántico Sudoccidental confluyen aguas subtropicales y subantárticas y las temperaturas de superficie están aumentando a tasas superiores con respecto al promedio global, un cambio que ya genera efectos profundos en las poblaciones de las especies marinas.
Otro estudio reciente, difundido por Infobae el 25 de mayo, había también aportado otras pruebas del calentamiento regional.
“El cambio climático ya está induciendo el desplazamiento hacia los polos de varias especies pesqueras importantes en el Océano Atlántico Sudoccidental”, dijo a Infobae la científica Bárbara Franco, investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA), dependiente del Conicet y la Universidad de Buenos Aires, y del Instituto Franco-Argentino de Estudios sobre el Clima y sus Impactos.
Los cambios en la distribución de las pesquerías requieren nuevas gestiones de manejo pesquero, señaló la investigadora, quien formó parte del equipo integrado por Omar Defeo, de la Universidad de la República de Uruguay, y el científico argentino Alberto Piola.
También colaboraron profesionales del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en Mar del Plata, la Universidad Federal de Río Grande en Brasil, y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, en Uruguay entre otras instituciones.
“Al producirse un aumento en la cantidad de especies transfronterizas y migratorias se presentan nuevos retos en la región que requieren una gobernanza coordinada entre Argentina, Brasil y Uruguay, e incluso acuerdos internacionales para los recursos que trascienden las Zonas Económicas Exclusivas, en las que cada país tiene derecho exclusivo a explorar, explotar, conservar y administrar sus recursos naturales”, comentó Franco.
Cómo hicieron el estudio
El estudio abarcó 70 años de estadísticas pesqueras provenientes del Atlántico suroccidental.
Los datos incluyen tendencias a largo plazo de capturas pesqueras, análisis de cambios en los hábitats marinos y evaluación de la efectividad de las medidas de manejo.
Los investigadores utilizaron modelos dinámicos basados en datos de campo y dependientes de la pesca. También tuvieron en cuenta investigaciones sobre las variaciones de las temperaturas de los océanos y las diferencias en la distribución de especies.
El análisis también incorporó tecnologías avanzadas como sistemas de monitoreo por satélite y datos recopilados por observadores a bordo de flotas pesqueras.
Los impactos del cambio climático se evaluaron por medio de índices como la temperatura promedio de las capturas, que demuestra una transición hacia la predominancia de especies de aguas cálidas.
Los hallazgos que generaron el alerta
Tras hacer el análisis de los datos, se detectó que el 40 % de los stocks pesqueros en la región han sido explotados de manera insostenible.
El calentamiento de las aguas por el cambio climático está provocando un fenómeno conocido como “tropicalización”, donde especies de aguas cálidas desplazan a las de aguas frías.
“Esto representa un desafío para la gestión de pesquerías, ya que muchas especies están cambiando su distribución y abundancia de manera impredecible”, alertaron los investigadores.
Por ejemplo, la merluza argentina, históricamente clave para la economía local, está en declive mientras especies de afinidad cálida ganan terreno.
Además, el calamar argentino enfrenta una alta presión pesquera en aguas internacionales, lo que complica su monitoreo y manejo.
Un problema adicional es la falta de un marco de gobernanza internacional que gestione de manera eficiente los recursos transfronterizos y las llamadas “poblaciones migratorias”.
Los científicos señalan que hay una desconexión entre las jurisdicciones nacionales y los patrones naturales de las especies, lo que resulta en una “desconexión institucional”.
Esta ausencia de coordinación permite que flotas de países vecinos e incluso flotas extranjeras operen con reglas laxas o nulas en aguas internacionales, y ponen en riesgo a las especies más explotadas. En 2022, cerca del 24% del esfuerzo pesquero en la región provino de flotas extranjeras, que muchas veces operan sin regulaciones claras en áreas internacionales.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, también contribuye al problema, ocasionando importantes pérdidas económicas y ecológicas.
En diálogo con Infobae, el doctor Defeo consideró: “Lo más novedoso de nuestro estudio radica en la identificación integrada y sistemática de un triple punto crítico en el suroeste del Atlántico Sur. Es una zona en la que el océano se está calentando a tasas superiores al promedio global. Allí también se produce una concentración de esfuerzo de pesca sobre recursos altamente explotados, muchos de ellos compartidos entre los tres países”.
El tercer componente es el punto crítico de la gobernanza. “Se da una fragmentación institucional, una cooperación regional débil y la falta de acuerdos para manejar especies transfronterizas o que también se explotan en alta mar”, agregó el científico.
Los resultados, según Defeo, demuestran cómo la superposición de esos tres factores amplifican los riesgos ecológicos, sociales y económicos en una región clave para la seguridad alimentaria y la biodiversidad marina.
El sector pesquero en el Atlántico Sudoccidental emplea a aproximadamente 3 millones de personas, incluyendo más de 1,2 millón de mujeres.
Los problemas relacionados con la sostenibilidad pesquera y los cambios en los recursos por el cambio climático podrían afectar su seguridad laboral y las condiciones económicas.
Otra consecuencia es que las comunidades de personas que viven en zonas costeras, particularmente las involucradas en la pesca artesanal, enfrentan una mayor vulnerabilidad al reducirse las poblaciones de especies clave, que pueden desplazarse hacia áreas que podrían estar fuera de los límites jurisdiccionales o en aguas internacionales.
Las propuestas para salvar las pesquerías
Frente al problema del Atlántico Sudoccidental, los científicos propusieron:
- Realizar una gestión dinámica y adaptativa: Al tener en cuenta la tropicalización de las especies y la redistribución de los recursos pesqueros por el cambio climático, sugieren reemplazar las estrategias estáticas.
- Fortalecer la gobernanza regional: Recomiendan fomentar la cooperación regional entre Brasil, Uruguay y Argentina para gestionar recursos pesqueros transzonales y migratorios mediante acuerdos.
- Mejorar los sistemas de monitoreo y vigilancia: Se enfatiza la implementación de sistemas avanzados, como monitoreo satelital, dispositivos electrónicos y observadores a bordo, para garantizar información confiable y combatir eficazmente la pesca ilegal.
- Desarrollar modelos climáticos resilientes: proponen integrar factores ambientales y socioeconómicos en modelos de evaluación para prever cambios y evaluar impactos futuros en las comunidades pesqueras.
- Hacer acuerdos internacionales: Deberían conducir a un manejo más equitativo y sostenible de los recursos pesqueros, especialmente para los que se encuentran en aguas internacionales.
El doctor Defeo desarrolló: “Se necesita un acuerdo regional multilateral como parte de la solución“.
Solo será posible sostener la pesca en el futuro “si avanzamos con más ciencia, una cooperación regional efectiva reflejada en planes de manejo conjuntos, estrategias robustas de monitoreo, control y vigilancia, y una institucionalidad renovada y sólida”, añadió.
Como el trabajo realizado por científicos de Brasil, Uruguay y Argentina, “consideramos que se refuerza la legitimidad regional del diagnóstico y las propuestas”, enfatizó.
En el estudio también participaron colegas de la Universidad de Santiago de Compostela, España, el Instituto SARAS y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) de Uruguay y de la Universidad del Valle de Itajaí en Brasil.