Tres hechos violentos ocurridos entre el miércoles y jueves en el departamento de Santa Cruz, al este de Bolivia, dejaron al menos siete personas muertas y generan alerta por la creciente violencia que provoca el crimen organizado en el país.
El primer caso se produjo el miércoles en la estancia Campo Nuevo, ubicada a unos 10 kilómetros del municipio de San Matías, cerca de la frontera con Brasil. Según el reporte preliminar de la Policía, un grupo de hombres armados interceptó una camioneta y abrió fuego contra sus ocupantes, causando la muerte de cuatro ciudadanos bolivianos.
De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por los investigadores, cuatro presuntos sicarios de nacionalidad brasileña participaron en el ataque, que es investigado como un posible ajuste de cuentas.
Vecinos alertaron a las autoridades después de escuchar una intensa balacera. Cuando efectivos del Comando Fronterizo EPI-San Matías llegaron al lugar encontraron a dos personas sin vida y posteriormente se confirmó el fallecimiento de los otras dos debido a la gravedad de sus heridas.
Ese mismo día, la violencia volvió a golpear al departamento de Santa Cruz. Dos cuerpos decapitados fueron hallados la mañana del miércoles en un camino de tierra del municipio de Yapacaní, una zona situada a unos 300 kilómetros de San Matías y considerada un corredor estratégico entre el oriente y el occidente de Bolivia.
Las víctimas, dos hombres identificados como Bismark Gómez, de 25 años y Matías Tapia, de 22 años, fueron encontrados con signos de violencia. Los cuerpos fueron encontrados junto a un mensaje de advertencia cuyo contenido se analiza para determinar el móvil del doble homicidio y la posible participación de organizaciones criminales.
El tercer caso ocurrió en la localidad de Ascensión de la Frontera, también cerca de la frontera con Brasil, donde una balacera dejó dos personas muertes el jueves. De acuerdo con reportes de la prensa local, cuatro personas interceptaron una camioneta, dispararon con armas de grueso calibre e incineraron el vehículo antes de darse a la fuga. Los dos ocupantes murieron en el ataque, uno de ellos el subteniente de la Policía boliviana, Yerson Salazar Aliendres.
Según el comandante policial de Santa Cruz, David Gómez, el agente policial investigaba los asesinatos ocurridos el día antes en San Matías. Tras su ejecución, los atacantes se llevaron el cuerpo del policía sin que hasta ahora se haya logrado recuperarlo.
La Fiscalía y la Policía iniciaron las investigaciones en estos casos y por el momento se tiene un aprehendido por el último crimen. Los tres episodios se producen en un contexto de creciente preocupación por la violencia asociada al narcotráfico y a las disputas entre grupos delictivos que operan en el departamento de Santa Cruz.
San Matías y otros municipios fronterizos con Brasil, han sido escenarios recurrentes de operaciones contra el narcotráfico y de ataques armados atribuidos a organizaciones criminales transnacionales. En tanto, Yapacaní, ubicado entre las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, también ha sido identificado por las autoridades como un punto de tránsito utilizado para el traslado de droga y otras actividades ilícitas.
Los tres ataques dejaron un saldo de siete fallecidos en dos días y mantienen a las fuerzas de seguridad en busca de los responsables y esclarecer si ambos hechos forman parte de una misma dinámica de violencia criminal.
Según un recuento realizado por Infobae en base a reportes de la prensa local, en lo que va del año hubo al menos 23 muertes violentas o ejecutadas por sicarios, la mayoría concentradas en el departamento de Santa Cruz, la región del Trópico de Cochabamba y regiones fronterizas del sur del país.
Entre las víctimas de la ola de violencia de este año figuran el magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, asesinado a tiros en mayo en un crimen investigado por un presunto conflicto de tierras, y el caso reciente del subteniente Salazar, quien participaba en las pesquisas de los asesinatos de San Matías ocurridos horas antes.
A diferencia de otros casos atribuidos a ajustes de cuentas entre organizaciones criminales, ambos eran funcionarios del Estado, lo que refleja una expansión de la violencia hacia quienes ejercen funciones de seguridad y administración de justicia y plantea nuevos desafíos para las autoridades en materia de protección institucional, investigación criminal y control del crimen organizado.
