Cada vez más niñas, niños y adolescentes están siendo internados en servicios de salud mental por intentos de suicidio, autolesiones y crisis emocionales agudas. Lo señalan las guardias pediátricas, los hospitales generales y los equipos interdisciplinarios que hoy reciben en primera línea un sufrimiento que se vuelve visible solo cuando ya no hay otra salida.
Aumentan las internaciones, baja la edad de ingreso y se complejiza la clínica. Esto configura un patrón clínico, social y epidemiológico que habla del deterioro de las condiciones de vida y de la soledad subjetiva con la que transitan actualmente muchas infancias y adolescencias. No estamos ante episodios aislados, sino ante un signo de época.
A nivel mundial, las cifras confirman esta gravedad. En Argentina, los datos recientes también son contundentes: según el Sistema Nacional de Información Criminal, en 2024 se registraron 4.249 suicidios —una tasa de 9,8 cada 100.000 habitantes mayores de 5 años—, consolidándose como la primera causa de muerte violenta del país.
La población menor de 20 años representó el 11,6% de esos fallecimientos. Estos indicadores muestran que la mortalidad por suicidio se ha triplicado en jóvenes en los últimos 25 años y que el suicidio es hoy la segunda causa de muerte en menores de 19 años.
Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es hoy la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años, y cada año alrededor de 89.000 adolescentes mueren por suicidio.
UNICEF y la OPS señalan que las Américas muestran un aumento sostenido de intentos tempranos, especialmente en mujeres adolescentes, fenómeno que vinculan directamente con experiencias de violencia, abuso y la ausencia de redes protectoras.
La internación —que debería ser un recurso excepcional y acotado— aparece como un punto de caída porque a los efectores del sistema de protección y de salud les llegan niñas, niños y adolescentes en situaciones cada vez más graves, sin que antes hayan contado con dispositivos comunitarios, escolares o terapéuticos suficientes para intervenir a tiempo.
La psicopatología infanto-juvenil lo viene advirtiendo desde hace décadas: la depresión en niñas, niños y adolescentes no se presenta como en la vida adulta. Puede manifestarse como irritabilidad persistente, retraimiento, somatizaciones, problemas en el rendimiento escolar, fatiga crónica, quejas corporales, pérdida de interés, aislamiento o explosiones emocionales que muchas veces los adultos suelen malinterpretar como desobediencia o parte del adolecer propio de esa etapa de la vida.
He acompañado a demasiados niños y niñas que atraviesan estas fragilidades. No llegan solo por un intento de suicidio: llegan después de autolesiones, autoagresiones que se repiten en soledad y un malestar que marcó su mente y cuerpo mucho antes de que el mundo adulto —familias, instituciones, escuelas, sistemas de salud— pudiera percibirlo y sostenerlo.
El mundo parece detenerse cuando se está frente a un niño que ha perdido la esperanza y lo muestra con las manos vendadas, con cortes, hematomas, fracturas producto de momentos de desesperación, con lavados de estómago, o intentando poner en palabras cómo piensan huir de este mundo.
La clínica enseña algo invariable: un intento de suicidio no es un acto aislado, sino el extremo de un padecimiento que no encontró las condiciones de escucha y protección que los sistemas de cuidado deberían garantizar. Desde mi experiencia clínica, el maltrato, la violencia, la falta de redes y el desamparo son condiciones que incrementan el riesgo.
En un contexto de crisis que ha instalado una sensación de desamparo y desesperanza generalizada, que también alcanza de lleno a niños y niñas. Esto deja a muchos sin el sostén que necesitan para atravesar su malestar subjetivo.
Los lineamientos nacionales sobre intento de suicidio en adolescentes, elaborados hace más de una década, ya advertían un aumento sostenido de las consultas y señalaban que el suicidio se encontraba entre las principales causas de muerte en la franja de 10 a 19 años.
En la actualidad, las tasas más altas de suicidio se registran en jóvenes de 15 a 24 años. Según datos del Banco Mundial y del Ministerio de Salud, Argentina se ubica entre los países con tasas altas en la región, con crecimientos persistentes en la franja de 15 a 19 años, un dato que hoy se confirma diariamente en las consultas.
Lo que escuchamos no es solo dolor: es la caída del sentido. Una dificultad profunda para representarse un porvenir, para sentir que la vida tiene un lugar para ellos. Esa es la ruptura del lazo que permite sostener el presente y proyectar un porvenir.
Los casos que llegan a internación suelen concentrar factores que la clínica conoce desde hace décadas: impulsividad marcada, intoxicaciones, síntomas depresivos persistentes, violencias intrafamiliares, violencia sexual, acoso y ciberacoso, retraimientos profundos, duelos recientes, consumos, rupturas vinculares.
Estos factores pueden comprenderse en cuatro grupos: factores individuales, experiencias traumáticas, rupturas vinculares y ausencia de soportes adultos.
A esto se suma un dato decisivo: muchos adolescentes llegan con tratamientos interrumpidos o directamente sin acceso a dispositivos de cuidado oportunos, en entornos donde la presencia de elementos o medios potencialmente peligrosos —como armas de fuego, medicamentos en grandes cantidades, alturas sin resguardo o sustancias tóxicas— que se naturalizan en muchos hogares, vuelve aún más frágil cualquier crisis subjetiva.
Nada de esto es nuevo para quienes trabajamos en el campo; lo verdaderamente alarmante es que, como sociedad, seguimos llegando siempre después.
Los informes del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires refuerzan este panorama: en los últimos años las consultas por riesgos para la vida (ideación e intentos) aumentaron más del 50%, con un crecimiento marcado en niñas y niños de 10 a 14 años. También reportan un incremento de internaciones breves por crisis emocionales agudas y conductas autolesivas, junto con la disminución del tiempo entre un episodio y el siguiente cuando no existe red de cuidado.
En los últimos años surgieron herramientas basadas en inteligencia artificial y una proliferación de aplicaciones de “bienestar emocional” que prometen acompañamiento inmediato. Pero muchas de estas tecnologías —incluyendo los chats automatizados— terminan reforzando un solipsismo peligroso: personas adultas, y también niños, niñas y adolescentes, quedan hablando consigo mismos a través de un algoritmo que simula diálogo, pero no ofrece la alteridad, el apoyo emocional ni la contención que solo puede brindar un otro humano.
Estudios recientes muestran que estos sistemas pueden identificar ciertos indicadores de riesgo, pero la evidencia sigue siendo limitada y heterogénea: pueden reproducir sesgos culturales, fallar en la interpretación del lenguaje infantil y adolescente, excluir a jóvenes sin acceso digital y plantear serios desafíos éticos en torno a privacidad y consentimiento.
La prevención no puede quedar solo en manos de la tecnología. Estas herramientas pueden sumar, pero nunca reemplazan la escucha humana, la presencia adulta, las redes comunitarias ni las políticas públicas que sostienen el cuidado real.
La internación no es un tratamiento: es la protección mínima que evita un riesgo inmediato. La continuidad del cuidado debería comenzar en menos de una semana y sostenerse durante meses con participación familiar, escolar y comunitaria. Pero esto no sucede.
Se da el alta sin dispositivos intermedios, sin equipos territoriales, sin seguimiento real y sin acompañamiento para comprender y elaborar el sufrimiento que llevó al gesto suicida o autolesivo. Esta ausencia de cuidado no responde a desconocimiento técnico profesional, sino a la falta crónica de financiamiento y de políticas sostenidas que garanticen los dispositivos necesarios para la continuidad del tratamiento.
Así, la internación se transforma en un trámite más dentro de un sistema que llega tarde y que no previene la repetición. Pensar el suicidio infanto-juvenil fuera de su época es un error. La niñez y adolescencia contemporánea crecen en un mundo que exige rendimiento permanente, exposición continua, felicidad obligatoria, éxito temprano y disponibilidad emocional ilimitada.
A la violencia estructural —pobreza, abuso, maltrato, negligencia, violencia de género, inseguridad, desigualdad— se suman nuevas formas de soledad: hiperconectividad sin lazo, ciberacoso, discursos de odio, precariedad material y simbólica y ausencia de plan de vida.
Los adultos tampoco son omnipotentes, pero sí responsables. Escuchar en serio cuando un adolescente expresa que no quiere vivir, tomar con absoluta seriedad las autolesiones, intervenir ante el acoso, consultar antes de la urgencia y abandonar la lógica culpabilizante son pasos mínimos.
Un niño o niña que intenta dañarse no es un manipulador ni dramático; está desesperado. La persona que intenta suicidarse no desea morir: desea terminar con un sufrimiento que se ha vuelto insoportable. No encuentra otra vía para aliviar un dolor que lo excede. Cada internación es un grito que llega cuando ya es tarde.
Estamos a tiempo si entendemos que este no es un conjunto de casos aislados, sino un problema estructural que exige respuestas sostenidas.
La Ley Nacional de Salud Mental ofrece un marco valioso para orientar esas respuestas: atención comunitaria, continuidad en los tratamientos, interdisciplina y el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir cuidados reales. Defenderla implica financiarla, implementarla y garantizar los dispositivos que prevé, junto con políticas y campañas de prevención que alcancen efectivamente a escuelas, familias y comunidades.
Necesitamos un sistema que no abandone y adultos disponibles que puedan alojar la palabra y el malestar temprano. Ninguna herramienta tecnológica sustituye la presencia humana ni el trabajo sostenido de las instituciones. Y si los informes no se traducen en políticas públicas plausibles, no hacemos más que horrorizarnos sin transformar nada. Solo cuando esos diagnósticos se convierten en acciones concretas podremos reducir riesgos y acompañar de verdad a los niños y niñas que se sienten sin salida.
Sonia Almada: es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy, La niña del campanario y Huérfanos atravesados por el femicidio.