En estos días se encendió el debate público sobre las denuncias falsas, a partir de dos hechos que, aunque no se originaron juntos, confluyeron en la agenda legislativa y mediática.
Por un lado, la presentación de un proyecto de ley que propone agravar penas por denuncias infundadas, especialmente en casos de violencia de género, intrafamiliar o cuando se involucra a niñas, niños y adolescentes.
Por otro, la declaración pública de un joven que afirmó haber denunciado falsamente a su padre por abuso sexual en su infancia. Ese video, difundido el 18 de julio de 2025, reavivó el debate legislativo en torno a las falsas denuncias y su impacto en los procesos judiciales que involucran a niñas, niños y adolescentes.
El tema es complejo y profundamente sensible. Debe ser abordado desde múltiples dimensiones: jurídicas, clínicas, institucionales y humanas. Quienes impulsan esta reforma argumentan que buscan proteger a personas inocentes y evitar el uso instrumental del sistema judicial.
Sin embargo, lo verdaderamente urgente no es centrarse en un caso puntual, sino revisar por qué el sistema judicial —y con frecuencia también el social y mediático— no escucha a tiempo ni adecuadamente a las niñas y los niños. ¿Por qué tantos relatos sostenidos, acompañados de pruebas, no generan la misma conmoción ni activan mecanismos eficaces de protección?
La develacion pública del joven fue uno de los elementos que reactivó el impulso legislativo en torno a las falsas denuncias. Sin embargo, esta reacción inmediata contrasta con la prolongada indiferencia institucional frente a los casos en que niñas y niños denuncian abusos y se ven obligados a atravesar procesos que muchas veces no los protegen, no los reparan ni los escuchan de manera adecuada. Casos como el del sacerdote Ilarraz, con múltiples víctimas y hechos judicialmente acreditados aunque luego sobreseídos por prescripción, no provocaron el mismo tipo de urgencia institucional.
Lo que no se vio fue una movilización política o legislativa para impedir que este tipo de delitos sigan siendo prescriptibles.
Mientras tanto, se demora el tratamiento de proyectos clave para la protección infantil, como los que plantean la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en su último informe sobre Argentina, recomendó expresamente avanzar en esta dirección como vía de acceso efectivo a la justicia.
Sin embargo, la agenda legislativa no ha priorizado esta discusión. El paso del tiempo y el silencio forzado siguen funcionando como herramientas de impunidad.
En paralelo, cobran fuerza discursos que exigen penas más duras para las denuncias infundadas. Algunas iniciativas legislativas avanzan con notable celeridad en nombre de la protección infantil, a pesar de que representan respuestas parciales y con escaso sustento en la realidad estadística.
Ante este escenario de desigual atención y prioridades legislativas, toda reforma debe ser evaluada desde un enfoque integral, que contemple el interés superior del niño, los tiempos subjetivos del trauma, las condiciones institucionales de cuidado y el impacto de cada medida sobre los vínculos protectores.
En los conflictos familiares o judiciales, la atención suele dirigirse a los adultos: sus versiones, sus disputas, sus estrategias legales. Incluso bajo discursos que se dicen protectores, la infancia queda fuera de campo. El antiguo régimen tutelar, aunque superado en el plano normativo, todavía asoma en nuestra cultura institucional y mediática: se habla sobre los niños, pero no con ellos. Esta mirada adultocéntrica relega a niñas y niños al lugar de testigos secundarios.
El principio del interés superior del niño exige revertir esa lógica. Es necesario situar su vivencia en el centro del análisis y de la acción institucional.
El joven que hizo pública su experiencia fue rápidamente desplazado simbólicamente: su palabra fue utilizada, por un lado, como argumento para impulsar un endurecimiento penal en torno a las falsas denuncias; y por otro, fue leída por algunos sectores como una retractación clínica, sin reparar en el sufrimiento acumulado ni en el contexto de trauma que atraviesa toda vivencia infantil de esta índole.
Más allá de cualquier lectura jurídica, lo que aparece con nitidez es el sufrimiento. Y ante el sufrimiento, la respuesta no puede ser el uso político o punitivo de una voz, sino el cuidado.
Escuchar una develación de esta magnitud no significa convertirla en emblema ni en sentencia, sino comprender el impacto que puede tener transformar un relato infantil en campo de debate público y jurídico.
Porque quienes sobrevivieron a la violencia en la infancia —incluida la sexual— hablan desde ese primer territorio: no solo como víctimas, sino como portadores de una verdad que incomoda.
Su testimonio reabrió una tensión social entre quienes lo interpretan como retractación y quienes lo leen como verdad antes silenciada. Pero más allá de las interpretaciones, lo que está en juego es cómo escuchamos —o deslegitimamos— la palabra de quienes eran niñas y niños cuando todo ocurrió.
La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 12, y la Ley 26.061, en su artículo 24, consagran el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión y a que esta sea tenida en cuenta.
No se trata solo de tomar testimonio, sino de generar condiciones de confianza, cuidado y contención. No apurar, no presionar, no juzgar antes de tiempo. Las infancias no son prueba judicial ni campo de batalla: son sujetos de derecho, con tiempo propio y palabra legítima, incluso cuando esa palabra llega fragmentada, interrumpida o apenas insinuada.
Desde la práctica clínica sabemos que el trauma no se acomoda al calendario judicial ni a las urgencias de la política.
Hay niñas y niños que pueden hablar de inmediato y otros que tardan años. Algunos se retraen, se contradicen o incluso se retractan, no por falsedad, sino porque el dolor o la presión les impide sostener su palabra.
El silencio, muchas veces, es un síntoma. Y si a ese sufrimiento se le suma la desmentida institucional o la amenaza de persecución penal, el daño se amplifica: retraimiento, regresiones, ansiedad, aislamiento y ruptura en la confianza con el mundo adulto.
Por eso, legislar sin contemplar la dimensión psíquica y vincular de las experiencias infantiles puede producir más daño que reparación.
La protección real exige adecuar el sistema a los tiempos de las víctimas, no al revés. Una política de infancia que ignore esa dimensión es incompleta y peligrosa.
Nadie niega que existan denuncias infundadas. Pero representan una porción ínfima frente a la magnitud de la violencia sexual infantil. La falsa denuncia ya está tipificada en el artículo 245 del Código Penal argentino. El problema no es su existencia, sino cómo se la aborda sin desalentar el pedido de ayuda genuino ni vulnerar el derecho a hablar.
Incluso cuando una causa no prospera, muchas veces no hay dolo, sino contexto de sufrimiento, vulnerabilidad o disputa. Poder hablar, en contextos de trauma, ya es en sí un privilegio.
Una vez más: cuando se trata de niñas y niños, todo debe ser examinado con cuidado. Si el objetivo es proteger, el camino es fortalecer los mecanismos de escucha y evaluación: equipos interdisciplinarios especializados en trauma infantil, procesos judiciales con tiempos razonables y medidas que prioricen el bienestar emocional por encima de toda otra lógica.
El modo en que una sociedad escucha, o no, la palabra infantil, dice mucho más que una sentencia: revela qué voces considera legítimas y qué experiencias reconoce como verdad.
Ningún proyecto de ley que intervenga en esta materia puede ignorar el peso histórico del silencio y la impunidad frente a la violencia sexual contra la infancia.
El principio de no regresividad debe ser un límite jurídico y ético inquebrantable. Cualquier retroceso que desaliente la denuncia o reinstale la sospecha estructural vulnera derechos ya consagrados.
Toda política, protocolo o práctica destinada a intervenir en contextos de violencia que afectan a bebés, niñas, niños y adolescentes debe construirse con la participación activa de quienes trabajan en salud mental, género, infancia y justicia. Las decisiones legislativas no son neutras: habilitan o bloquean escuchas, legitiman o silencian.
Por eso, cada norma debe surgir del diálogo con quienes conocen el daño y acompañan sus efectos. Y también con quienes lo vivieron: niñas, niños y adolescentes, cuyas voces deben ser parte activa de toda política que los involucre.
También preocupa que el endurecimiento legislativo pueda intimidar a quienes protegen: adultos —en su mayoría madres— que sostienen procesos de cuidado y denuncia, o profesionales que acompañan. Una ley que no distinga entre el dolo y el sufrimiento corre el riesgo de castigar a quienes cuidan.
La protección real se construye con políticas públicas integrales, con inversión sostenida, con voluntad política y con compromiso institucional. Con escuelas abiertas, equipos técnicos fortalecidos, comunidades que sostienen, y los recursos para garantizar estos derechos.
Desde hace meses, junto a equipos profesionales, desarrollamos protocolos de escucha cuidada en sede judicial. Inspirados en el caso V.R.P. y V.P.C. vs. Nicaragua —fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— buscamos evitar que la revictimización institucional se convierta en una nueva forma de violencia. Ese fallo mostró cómo la falta de protección a una niña que denunció a su padrastro generó un daño adicional. No fue solo una violación de derechos: fue abandono institucional.
Estos lineamientos —que presentaremos en septiembre en el Senado— buscan asegurar que la palabra infantil sea escuchada con respeto, sin quedar atrapada en lógicas adultocéntricas ni procedimientos que desatienden el bienestar emocional.
Porque una justicia que escucha bien, protege mejor. Y porque no alcanza con declarar derechos: hay que crear las condiciones para que puedan ejercerse sin miedo, sin represalias y sin silencios impuestos. De esos, quienes fuimos víctimas, ya tuvimos demasiados.
Por eso, el verdadero compromiso con la niñez no se mide en declaraciones, sino en decisiones concretas. Escuchar a niñas y niños no debe ser un gesto simbólico: debe ser el centro de una política de Estado.
* Sonia Almada: es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy y La niña del campanario.