El Gobierno acaba de ser víctima de sí mismo, una vez más, con variados costos. La aprobación del pliego de María Verónica Michelli en el Senado deja una lista larga de daños autoprovocados, que incluye el revés para Olivos en su intento de voltear el trámite legislativo, una derrota que dejó al bloque violeta en soledad y fisurado, y la exposición de internas sin freno que desarman otros planes del oficialismo. Con todo, la peor señal es el significado final de la carga sobre la jueza. Fue apuntada por su parentesco con un periodista de investigación, integrante, sin dudas, del 95% de colegas que Olivos dice no odiar lo suficiente. Un mensaje intimidante que incluye y supera el caso: una advertencia desde el poder político para críticos de cualquier origen.
De este modo, Javier Milei convirtió en tema nacional -más allá de los límites reducidos la política- el caso de Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. El oficialismo no logró articular nunca un argumento más o menos sostenible, ni cuando intentaba retirar el pliego enviado al Senado, ni después de la abrumadora aprobación en el recinto. Y ahora el Presidente debe decidir si prolonga aún más el deterioro -propio e institucional- que representa su decisión. Es decir, si da vuelta la página -aunque eso mismo no borre lo escrito- o agrava el mensaje evitando firmar el decreto de nombramiento de la jueza.
Eso último es lo que sostienen en estas horas desde el Gobierno. Se plantan en que el Presidente no tiene obligación de firmar el decreto y coronar el largo proceso de designación de jueces. Por lo bajo, dicen que Milei de ninguna manera dará ese paso. Si es así, aunque suene paradójico, mantendrá abierta una discusión y cerrará otra: seguirá el debate sobre las atribuciones presidenciales en este punto y reafirmará a la vez el sentido discriminatorio del empeño de Olivos contra la jueza.
En cuanto a las atribuciones discrecionales del Presidente, y aún en un sistema fuertemente presidencialista como el argentino, existe discusión sobre los alcances de esa potestad. Hay posiciones encontradas entre juristas. De manera lineal, podría decirse que unos interpretan que la designación efectiva de un juez depende finalmente sólo del Ejecutivo -es decir, la firma del decreto correspondiente- y otros consideran que una vez aprobado el pliego por el Senado, el decreto formaliza el final del recorrido y es una “obligación constitucional”.
Se verá cómo sigue el tema en ese terreno. Pero por lo pronto, queda a la vista el objetivo de la obstinación de Olivos, que Karina Milei trató de imponer en la Cámara alta y ahora queda otra vez en terreno del Ejecutivo. La cuestión del sentido discriminatorio, que tiene abierta una vía judicial, queda expuesta además por la escasa y débil explicación del oficialismo cuando buscaba retirar el pliego y, ahora, para alimentar la intención de no firmar el decreto de nombramiento.
Por la vía del trascendido, el Gobierno ensayó un primer argumento frente a la creciente y fuerte repercusión del caso de la jueza. Insólito, pero intentó instalar que la postulación debía ser frenada bajo el supuesto de un “conflicto de intereses” por su condición de cuñada de un periodista. Insostenible desde cualquier punto de vista, jurídico y ético. No funcionó ni siquiera como consigna entre los oficialistas más alineados y menos, entre aliados o socios. Resultado: la idea de retirar el pliego fracasó sin vueltas.
Después de la votación a favor del pliego, y de manera inmediata, desde el Gobierno se hizo trascender que Milei no firmaría el decreto correspondiente. Eso fue destacado como decisión tomada, en algunos casos agregando que al menos así sería por ahora. Se verá. En concreto, la explicación fue otra. Se dijo que el tribunal que debe integrar Michelli -el TOF número 3 de La Plata- aún no fue constituido. Es algo que se sabía al firmar el envío del pliego. Por lo demás, la resolución de la cuestión práctica -la formalización del tribunal- estaría en la órbita del Poder Judicial y no del Ejecutivo.
Por supuesto, y aún poco sólida, esa letra busca atender a una cuestión de fondo. Parece discutible el alcance de la atribución discrecional del Presidente, pero resulta claro que debería tener algún sustento para no suscribir el decreto en cuestión. Se trataría de no dejar en evidencia el trazo discriminatorio de este cuadro. Tarea para la propia Justicia.
En la búsqueda de antecedentes, las fuentes del Gobierno transmiten sin disimulo similitudes con un par de casos de la etapa de Cristina Fernández de Kirchner. Es llamativo: no preocuparía quedar asociado al kirchnerismo, aunque agregue un daño al discurso anticasta. El tema, de todos modos, es más complejo y también, inquietante.
Lo que se recuerda es la carga contra un juez con pliego aprobado para ser camarista, Juan Manuel Yalj, en 2011. Hubo entonces cuestionamientos no muy sonoros de kirchneristas duros por algunos de sus antecedentes, pero fue un episodio del momento -el choque de dos trenes y su secuela de acusaciones cruzadas sobre responsabilidades- lo que terminó provocando enojo y presiones del gobierno de CFK. El final de aquella serie fue la renuncia del magistrado.
¿Alguien en el Gobierno imagina posible algo parecido, es decir, forzar la renuncia de Michelli? Son épocas diferentes y nada está escrito, salvo el deterioro que supone mirarse en el espejo K. Y las huellas en el frente interno.
En la Cámara alta, el oficialismo necesita encarar sin demoras una tarea antes que nada doméstica. El bloque violeta quedó golpeado por el caso Michelli. Patricia Bullrich, que ya lleva un mes de tensiones en ascenso con Olivos, se abstuvo a la hora definir el tema en el recinto, después de días agitados por la difusión de su rechazo a la jugada de Karina Milei. Luis Juez prefirió ausentarse. Francisco Paoltroni votó a favor. Los otros 18 integrantes de la bancada violeta se mantuvieron en contra, solos. La UCR, el PRO y los bloques provinciales avalaron mayoritariamente el pliego.
La interna asomó a cada paso. Bullrich volvió a anotar sus propias líneas, después de buscar diferenciarse ya hace un mes frente al caso de Manuel Adorni. De arrastre pero de menor impacto en la estructura de LLA, tuvo su exposición Victoria Villarruel. Y la disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo motorizó en parte la ampliación del listado de pliegos a tratar en el recinto, causante a la vez del clima áspero que derivó en el tratamiento del ascenso de Michelli.
Son cuentas que tiene pendientes Olivos puertas adentro del oficialismo y que copan el temario político. Más grave, sin dudas, es el mensaje sobre la concepción de poder. De eso se trata también y casi exclusivamente el caso Michelli.
