Panamá mejoró su posición en el Índice Global de Comercio Ilícito y se consolidó como el segundo país de Centroamérica con mejor desempeño en el combate contra este fenómeno.
Sin embargo, el país enfrenta nuevos desafíos que van mucho más allá del tradicional contrabando de mercancías: el crecimiento acelerado del comercio electrónico, el ingreso masivo de pequeños paquetes, el auge del oro ilegal y el fortalecimiento de redes criminales transnacionales obligan a replantear la estrategia de control.
Ese fue el principal mensaje del informe presentado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), durante un encuentro organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), con la participación del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; la directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas, Soraya Valdivieso, y representantes del sector privado y organismos internacionales.
El estudio ubica a Panamá con 49.6 puntos en el Índice de Comercio Ilícito, en la posición 81 entre 158 economías, solo por detrás de Costa Rica en Centroamérica.
El país mejoró 13 posiciones percentiles respecto a la evaluación anterior, gracias principalmente al fortalecimiento de su capacidad aduanera y de los mecanismos de control.
Pero el informe deja claro que el avance no significa que el problema esté resuelto.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, recordó que el comercio internacional de productos falsificados y pirateados representa aproximadamente el 2.3% del comercio mundial, equivalente a unos 460 mil millones de dólares al año, según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Advirtió, además, que esa cifra ni siquiera incorpora otras modalidades como el contrabando, la evasión tributaria, la subvaloración aduanera o el comercio informal, por lo que el impacto económico real es considerablemente mayor.
“Cuando la ilegalidad resulta más rentable que la formalidad, toda la sociedad pierde”, afirmó Barría, quien señaló que el comercio ilícito reduce la inversión, destruye empleos, afecta la recaudación fiscal y debilita la confianza en las instituciones.
Aunque Panamá ocupa una posición favorable dentro de Centroamérica, TRACIT mantiene al país dentro de la categoría de riesgo moderadamente alto.
El informe identifica como principales vulnerabilidades la supervisión insuficiente de la cadena logística, la regulación de la Zona Libre de Colón, la persistencia de la economía informal y la presencia de organizaciones criminales que aprovechan la plataforma logística panameña para mover mercancías ilegales hacia otros mercados.
Jeffrey Hardy, director general de TRACIT, explicó que Panamá posee capacidades regulatorias y aduaneras relativamente sólidas, pero estas aún se ven limitadas por brechas en el monitoreo de la cadena de suministro.
“La Zona Libre de Colón continúa siendo una puerta de entrada para la redistribución de productos ilícitos hacia toda la región», señaló.
El problema ya no llega en grandes contenedores
Uno de los cambios más importantes identificados por el estudio es la transformación de las rutas utilizadas por las organizaciones criminales.
Durante años, la principal preocupación eran los grandes contenedores marítimos. Hoy el fenómeno está migrando hacia miles de pequeños paquetes enviados por comercio electrónico.
Hardy explicó que el crecimiento de las plataformas digitales, las redes sociales y las aplicaciones móviles ha facilitado la distribución de productos falsificados directamente al consumidor.
Como ejemplo, relató que durante una visita anterior a Panamá observó cómo era posible pedir productos falsificados y vapeadores ilegales desde una aplicación y recibirlos pocos minutos después en el restaurante donde se encontraba.
Según indicó, el enorme volumen de pequeños envíos supera la capacidad operativa de muchas aduanas latinoamericanas, que no cuentan con suficiente personal, tecnología ni entrenamiento para inspeccionarlos adecuadamente.
El director de TRACIT advirtió que el Aeropuerto Internacional de Tocumen se ha convertido en uno de los principales puntos de ingreso de estos pequeños paquetes.
Mientras las inversiones en escáneres han fortalecido el control sobre los contenedores marítimos en la Zona Libre de Colón, el comercio ilícito se está desplazando hacia el transporte aéreo.
Por ello, anunció que TRACIT trabaja junto con la Unión Postal Universal para desarrollar programas de capacitación dirigidos a fortalecer la capacidad de detección de mercancías falsificadas en los servicios postales y de mensajería.
El auge del oro ilícito
El informe también incorpora una amenaza que empieza a ganar importancia en América Latina: el comercio ilegal de oro.
Hardy explicó que el problema trasciende el valor económico del mineral. Las ganancias obtenidas mediante el tráfico ilícito de oro sirven para financiar las mismas organizaciones criminales que participan en el contrabando de cigarrillos, alcohol, mercancías falsificadas y otras actividades ilegales.
“Es un círculo vicioso”, indicó, al advertir que estos recursos fortalecen estructuras del crimen organizado y generan flujos financieros ilícitos que terminan afectando las economías nacionales y la explotación legal de los recursos naturales.
Otro de los sectores que más preocupa a TRACIT es el comercio ilegal de cigarrillos. Hardy señaló que algunos segmentos del mercado presentan niveles de hasta 96% de productos de contrabando, situación que convierte a Panamá en un punto estratégico para la redistribución regional.
Según explicó, buena parte del tabaco ilegal que pasa por la Zona Libre de Colón no está destinado al mercado panameño, sino a otros países de Sudamérica, por lo que mejorar los controles tendría efectos positivos para toda la región.
Gobierno destaca avances
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, afirmó que combatir el comercio ilícito constituye una política de Estado.
Recordó que estas actividades reducen recursos para hospitales, escuelas y programas sociales, afectan a las empresas formales y financian organizaciones criminales transnacionales.
Moltó, sostuvo que el comercio ilícito “no es un delito sin víctimas”. “Le roba al Estado recursos para construir hospitales, escuelas y generar empleos; golpea a los comerciantes formales, engaña a los consumidores y financia redes de crimen organizado nacional y transnacional”, afirmó durante la presentación del informe.
Por su parte, la directora de Aduanas, Soraya Valdivieso, destacó que la institución ha fortalecido la trazabilidad de productos derivados del tabaco en coordinación con la Zona Libre de Colón, incorporado tecnología de inspección no intrusiva, desarrollado nuevos sistemas de gestión de riesgos y ampliado la cooperación internacional para reforzar los controles fronterizos.
También anunció que el proyecto para modernizar la legislación penal aduanera, vigente desde 1984 y con escasas modificaciones, ya cuenta con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas y se encuentra en revisión final por parte del Ministerio Público.
La funcionaria no explicó los puntos que atacará la nueva normativa y se retiró del evento sin dar declaraciones a los medios de comunicación.
Uno de los aspectos que más contribuyó al avance de Panamá fue el fortalecimiento de la Autoridad Nacional de Aduanas. TRACIT destaca que el país aumentó ocho puntos en el componente relacionado con gestión aduanera, como resultado de inversiones en inspección, análisis de riesgo, digitalización y cooperación internacional.
Recomendaciones
Entre las principales recomendaciones formuladas por TRACIT figuran fortalecer la regulación de las zonas francas, ampliar la inspección aduanera basada en análisis de riesgo, reforzar las medidas contra la corrupción y el lavado de activos, y establecer un marco regulatorio específico para el comercio electrónico y los servicios postales.
El informe concluye que Panamá ha demostrado avances importantes en los últimos años, pero advierte que el comercio ilícito evoluciona con rapidez y exige controles cada vez más sofisticados. La batalla ya no se libra únicamente en los puertos y los grandes contenedores: ahora también pasa por los teléfonos móviles, las plataformas digitales y miles de pequeños paquetes que cruzan las fronteras cada día.
Un problema regional
El estudio concluye que el comercio ilícito atraviesa prácticamente todos los sectores económicos de Centroamérica y que la región, en conjunto, continúa por debajo del promedio mundial en capacidad para enfrentar este fenómeno.
Costa Rica lidera el ranking regional con 51.2 puntos, seguida por Panamá (49.6), El Salvador (45.8), Belice (43.9), Guatemala (43.1), Honduras (39.3) y Nicaragua (33.3).
Para Hardy, el avance de Panamá demuestra que es posible mejorar cuando existe coordinación entre el sector público y privado.
Moltó sostuvo que facilitar el comercio legítimo y perseguir el ilegal no son objetivos contrapuestos, sino complementarios. “Cada contenedor que se inspecciona, cada mercancía que se decomisa y cada red criminal que se desmantela envía un mensaje claro: Panamá apuesta por el comercio que construye y no por el comercio que destruye”, afirmó.
