En El Salvador, la violencia de género se mantiene como una de las principales amenazas para la vida de las mujeres. El Informe Anual 2025 del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) revela que, durante ese año, se registraron 26 feminicidios, una cifra que representó una reducción del 33.3 % respecto a 2024, cuando se reportaron al menos 38 casos.
No obstante, la persistencia de estos crímenes y la tendencia de que más de la mitad de ellos se perpetren en el ámbito de relaciones de confianza reflejan la gravedad del problema.
De acuerdo con el OUDH, la mitad de los feminicidios de 2025 fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. Para la organización, este dato confirma un patrón que se ha mantenido durante los últimos años y que “refleja un patrón consistente con la situación nacional de altos niveles de violencia intrafamiliar contra las mujeres”.
Esta situación pone en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres dentro de sus propios entornos familiares y demanda atención prioritaria por parte de las autoridades.
Las estadísticas reveladas en el informe muestran que agosto de 2025 fue el mes más violento, con ocho feminicidios reportados. En ese contexto, el 52 % de los casos se atribuye a la pareja o expareja de la víctima. El OUDH advierte que estos indicadores subrayan la urgencia de implementar acciones efectivas para la detección temprana de situaciones de peligro y la intervención oportuna por parte de las autoridades competentes.
La organización sostiene que estos datos subrayan la urgencia de fortalecer las acciones de protección y la detección temprana de situaciones de alto riesgo que permita a las autoridades actuar antes del feminicidio. El informe también alerta sobre la existencia de un subregistro en los casos de feminicidio, ya que muchos asesinatos de mujeres no son investigados ni clasificados bajo este delito, pese a la normativa vigente.
La disminución de feminicidios registrada en 2025 no representa una solución definitiva al problema, según el análisis del OUDH. El patrón de violencia dentro de relaciones de confianza y la ausencia de investigaciones eficaces y de rendición de cuentas perpetúan la impunidad y la vulnerabilidad de las mujeres salvadoreñas. El informe advierte que el desamparo institucional sigue siendo una constante para las víctimas y sus familias.
Lo que dice la ley tras cometer feminicidio en El Salvador
La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres regula el delito de feminicidio en El Salvador desde 2011. Según esta normativa, el feminicidio se tipifica como el asesinato de una mujer por razones de género, es decir, cuando el crimen se comete por el hecho de ser mujer y mediando odio, menosprecio o discriminación por su condición de género.
La ley establece que será sancionada con prisión de 30 a 50 años la persona que, por razones de odio o desprecio a su condición de mujer, le cause la muerte a una mujer.
De acuerdo con el texto legal, se consideran agravantes factores como la existencia de una relación de pareja o expareja, antecedentes de violencia sexual o física, la comisión del hecho en presencia de hijos, o la existencia de amenazas previas. El objetivo de la ley es brindar una respuesta penal robusta y diferenciada a los crímenes de odio contra las mujeres.
A pesar de este marco legal, el informe del OUDH advierte que la falta de aplicación plena de la ley y la ausencia de estadísticas oficiales sobre feminicidios limitan su efectividad. La organización hace énfasis en que la sanción penal debe ir acompañada de políticas de prevención, protección y atención integral a las víctimas, además de campañas de sensibilización para erradicar la violencia de género.
