La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada de Honduras Anabel Gallardo, afirmó que la violencia contra las mujeres impide el crecimiento económico sostenible de Honduras y pidió reforzar la prevención, la protección y el acceso a la justicia, más allá del aumento de penas por femicidio.
A través de un mensaje público, Gallardo expresó su preocupación por los hechos de violencia que siguen cobrando la vida de mujeres en el país y sostuvo que cada víctima deja consecuencias en sus familias y comunidades.
Señaló que detrás de cada caso hay hijos, madres, hermanas, amigas y compañeros que enfrentan pérdidas irreparables, por lo que insistió en que el problema debe abordarse con una perspectiva integral y no solo mediante sanciones penales.
Reformas penales y prevención
“Las penas por sí solas no resolverán el problema” La titular del COHEP reconoció que las recientes reformas al Código Penal vinculadas con el delito de femicidio constituyen un avance para fortalecer la respuesta institucional frente a estos crímenes.
Consideró, sin embargo, que el incremento de las penas no será suficiente si no se acompaña con políticas públicas orientadas a prevenir la violencia, garantizar protección oportuna a las víctimas, mejorar el acceso a la justicia y dotar de más recursos a las instituciones encargadas de atender estos casos.
También destacó la necesidad de ampliar las oportunidades educativas, laborales y de emprendimiento para las mujeres, al considerar que la autonomía económica también constituye un factor de protección frente a distintas formas de violencia.
El impacto en la economía
Gallardo sostuvo que cuando una mujer vive bajo amenazas o en un entorno de violencia, ve limitadas sus posibilidades de estudiar, trabajar o desarrollar proyectos productivos.
Advirtió que esta realidad no solo afecta a las víctimas y sus familias, sino que también tiene consecuencias para el crecimiento económico del país al reducir el talento disponible, la productividad, la innovación y la participación femenina en el mercado laboral.
Añadió que las naciones que ofrecen mayores garantías de seguridad y condiciones para la participación económica de las mujeres suelen registrar mejores indicadores de competitividad, inversión y desarrollo.
Las cifras en Honduras
Las declaraciones de la presidenta del COHEP se dan en un escenario en el que la violencia contra las mujeres sigue entre las principales preocupaciones en Honduras. Datos de organizaciones defensoras de derechos de las mujeres muestran que, año tras año, el país registra decenas de muertes violentas, muchas de las cuales son investigadas como posibles femicidios.
Solo durante 2025 se documentaron más de 230 muertes violentas de mujeres, mientras que en lo que va de 2026 las cifras indican 137 casos a la fecha, un promedio de varios casos cada semana.
Diversos observatorios han advertido que, además del elevado número de homicidios, persisten altos niveles de impunidad, ya que una parte de estos crímenes no llega a una sentencia condenatoria.
Organizaciones feministas como Calidad de Vida han insistido en que el combate a esta problemática requiere mayor presupuesto para las instituciones encargadas de investigar los delitos, ampliar la cobertura de los servicios de atención y promover cambios culturales que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres desde sus causas estructurales.
