Nancy Guerrero Castillo entró a Médicos Sin Fronteras (MSF) en 2004 respondiendo a un aviso publicado en un diario de Ocaña, su ciudad natal en el departamento colombiano de Norte de Santander. Era administradora de empresas y buscaba trabajo. Veintidós años después, dirige la sección sudamericana de habla hispana de la organización fundada en París en los años setenta, con base en Buenos Aires y oficinas en Bogotá y Montevideo.
Su recorrido incluye misiones en América Latina, África y el sur de Asia, y la responsabilidad de la oficina institucional de MSF en Colombia desde 2023. Asumió la dirección regional en 2024, en un momento en que MSF —presente en más de 75 países y con 516 proyectos activos— atraviesa un escenario humanitario global marcado por los ataques deliberados a estructuras médicas, el desmantelamiento de la ayuda exterior estadounidense y la persistencia de crisis prolongadas en Haití, Gaza, Sudán y la propia región.
“En América Latina la principal epidemia es la violencia, crónica, de años. Y hay que seguir visibilizándola para que no se normalice, para que no se vuelva parte del paisaje”, sostiene Guerrero en esta entrevista con Infobae realizada en las oficinas de MSF en Buenos Aires. La conversación recorre los frentes abiertos de la organización en el continente —desde el Catatumbo colombiano hasta los campamentos de desplazados en Puerto Príncipe— y se detiene en una pregunta de fondo: ¿cuánto resiste el sistema humanitario internacional cuando los principios fundacionales son sistemáticamente vulnerados? “Médicos Sin Fronteras, además de la asistencia médico-humanitaria, tiene el pilar de levantar la voz. Y lo hacemos con datos médicos, con testimonios, con lo que vemos directamente sobre el terreno”, afirma.
—A diez años de la resolución 2286 de la ONU, que prohíbe los ataques contra infraestructuras médicas y personal humanitario, MSF publicó un informe con 255 incidentes documentados en la última década, con pico en 2024 y 2025. ¿Qué pasó con esa resolución?
—La resolución 2286 cumplió diez años a principios de mayo. Diez años en los que Médicos Sin Fronteras tuvo mucho que ver en que se expidiera, porque fue tras el ataque al hospital de Kunduz, en Afganistán. La resolución es clara: prohíbe estas cosas. Prohíbe los ataques a infraestructura médica, al personal médico, al personal humanitario, a la población civil. Pero lo que vemos en la realidad es que sigue pasando y se sigue acrecentando. Muy cerca, aquí en el Caribe. Médicos Sin Fronteras está en más de 75 países. Podemos hablar de muchísimas crisis, pero a veces la crisis está en nuestro propio continente.
—Haití es probablemente el ejemplo más claro de eso. ¿Cómo es operar allí hoy?
—Haití sigue en medio de una gran violencia armada y una degradación institucional, un colapso como país. A finales de 2024, una ambulancia nuestra fue atacada. Llevaba heridos y los heridos fueron ejecutados. Es una violación a la acción médico-humanitaria. Suspendimos actividades de inmediato y tuvimos que cerrar puntos de atención porque no teníamos garantías mínimas de seguridad. Siempre operamos bajo nuestro principio de neutralidad: no somos parte de ningún bando, estamos con la población civil. La seguridad del personal es prioridad número uno, porque si el personal de Médicos Sin Fronteras no puede trabajar, la población no recibe la atención que necesita.
—Naciones Unidas calcula que 6,4 millones de haitianos necesitarán ayuda humanitaria en 2026, la mitad del país. ¿Qué encuentran sus equipos en el día a día?
—Es una crisis en parte olvidada, con un colapso institucional sostenido desde que mataron al presidente hace unos años, con bandas criminales controlando territorios. Lo que estamos viendo: un incremento de la violencia sexual como arma de guerra, heridos de guerra —apoyamos el hospital de traumatología, uno de los pocos hospitales funcionales que le quedan al país—, salud mental, salud sexual y reproductiva. El año pasado atendimos a más de tres mil sobrevivientes de violencia sexual. Hay muchos campamentos de desplazados. Hacemos clínicas móviles, porque muchos de esos espacios están controlados por grupos armados y la única posibilidad de acceso a atención primaria es a través nuestro. Alrededor de una cuarta parte de la población en esos campamentos ha presentado sarna y afecciones en la piel, y muchos niños tienen enfermedades respiratorias.
—El gobierno de Donald Trump busca revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) y deportar a más de 350.000 haitianos con el argumento de que Haití es lo suficientemente seguro. ¿Lo es, según lo que MSF ve desde el terreno?
—Haití no es un lugar seguro. Hay extrema pobreza, crisis institucional, violencia extrema. Y todo eso tiene un impacto directo en la salud: física, sin duda, pero también mental. Es una crisis por donde la mires. Y Haití ha sido doblemente castigado: además de todo esto, por su posición geográfica sufre huracanes, terremotos. Médicos Sin Fronteras ha estado allí siempre, acompañando a las comunidades más vulnerables.
—La política migratoria estadounidense también transformó la ruta. El cruce del Darién pasó de 1,2 millones de personas entre 2021 y 2024 a unas tres mil el año pasado. Para varios gobiernos de la región y para Washington es un éxito. ¿Cómo lo lee MSF?
—La crisis migratoria en América Latina sigue siendo grave, muy marcada por políticas restrictivas, tácticas de disuasión de los estados y los cambios en la política migratoria de Estados Unidos. La reducción del Darién fue brutal, pero eso no significa que el problema esté solucionado. La población está más dispersa, usando otras rutas. Mucha gente quedó varada, particularmente en México: en el norte, en el sur, en la frontera con Guatemala, en Ciudad de México. Tuvimos que reducir varios proyectos dedicados a migración porque ya no hay flujo, pero seguimos atendiendo. Los migrantes siguen siendo víctimas de extorsión, tortura, violencia sexual, violencia extrema. Y con las políticas de estigmatización y criminalización, la gente tiene miedo y no se acerca. En salud mental vemos cada vez más personas que necesitan medicación para acompañar el estrés postraumático.
—MSF trabaja en Venezuela y al mismo tiempo atiende a venezolanos a lo largo de la ruta migratoria. ¿Qué situación encuentran sus equipos hoy dentro del país, y cómo se preparan ante un escenario regional en tensión?
—En un contexto de crisis política y socioeconómica que continúa en Venezuela, Médicos Sin Fronteras trabaja para reducir las brechas en el acceso a la salud mediante la prestación de servicios esenciales y el fortalecimiento de centros de salud locales. Estamos presentes en Venezuela desde 2015. Actualmente, mantenemos proyectos activos en los estados de Anzoátegui y Delta Amacuro, donde brinda atención médica y apoyo a la red pública de salud. En ambas localidades, los equipos trabajan en atención médica general, salud sexual y reproductiva, salud materna y neonatal y control de infecciones, además de rehabilitación de infraestructura, mantenimiento de equipos, capacitación de personal local y donación de medicamentos e insumos. En Anzoátegui, las actividades incluyen también consultas de planificación familiar y atención integral para víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, mientras que en Delta Amacuro los equipos continúan llegando a comunidades remotas, principalmente indígenas, para ampliar el acceso a servicios de salud y tratamiento de enfermedades como tuberculosis, VIH y desnutrición, pese a las dificultades logísticas de la región. Durante 2025, el equipo llevó adelante una exhaustiva preparación y planificación ante posibles escenarios de emergencia derivados de la inestabilidad política y de las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Nuestra prioridad hoy es preservar la aceptación y el espacio humanitario para seguir ofreciendo atención.
—A la par del descenso del flujo hacia el norte aparece otro fenómeno, mucho menos cubierto: el flujo migratorio inverso. Gente que regresa hacia el sur. ¿Qué está viendo MSF?
—Lo vimos desde el año pasado: en lugar de ir hacia el norte, empezamos a ver gente moviéndose hacia el sur. Algunos se quedaron en México tratando de regularizar su situación, pero en esa espera son objeto de atrocidades. Otros están buscando destinos como Colombia o Chile. A principios de este año iniciamos un proyecto en la frontera entre Ecuador y Colombia, donde atendemos a personas migrantes y a desplazados internos. Estamos monitoreando los flujos hacia el sur ante políticas más restrictivas en Chile, Colombia y otros países. Parece que como dejó de hablarse, se solucionó. No es así. Vemos cada vez más personas con vocación de permanencia que intentan quedarse en algún lugar para sobrevivir, pero se encuentran con políticas restrictivas y sin acceso a servicios básicos.
—¿Cuál sería una política migratoria humanitaria?
—Migrar no es un delito. Los seres humanos hemos migrado desde los orígenes de nuestra humanidad. El llamado es a garantizar el acceso al asilo, a la atención médica digna, y a proteger a las personas migrantes de la violencia, la explotación y los abusos institucionales. Son seres humanos. Muchos no migran porque quieren: vienen de países azotados por la violencia, la pobreza extrema, el colapso institucional, buscando algo mejor para ellos y su familia. ¿No haríamos todos lo mismo en esas condiciones?
—Los recortes de la administración Trump a la ayuda exterior, ¿impactaron a MSF, que se financia en un 98% con fondos privados?
—Directamente, no sentimos el impacto. Pero en los territorios donde trabajamos —especialmente en migración— muchos programas de otras organizaciones cerraron por falta de financiamiento. Eso genera vacíos más grandes que Médicos Sin Fronteras encuentra al llegar. Tuvimos que repriorizar hacia actividades vitales, de emergencia. Y en muchos lugares, la reducción de fondos para vacunas o medicamentos para el VIH afectó directamente a las comunidades. Nos cuesta más mantener las mismas actividades que teníamos antes.
—Usted es colombiana, de Norte de Santander, y empezó en MSF en zonas rurales de su país. ¿Qué Colombia se encuentra hoy como directora regional?
—Las actividades han cambiado mucho. Hace veinte años, la presencia de Médicos Sin Fronteras era principalmente en zonas rurales alejadas, donde el acceso a servicios básicos de salud era imposible por el conflicto armado. Nuestros equipos caminaban horas o viajaban en mula para llegar a comunidades que tenían miedo de bajar a las zonas urbanas. Con el tiempo pasamos a intervenciones también en zonas urbanas, cuando surgieron otras formas de violencia. Hemos atendido tuberculosis, familiares de desaparecidos, sobrevivientes de violencia sexual, y la salud mental ha sido siempre muy fuerte en Colombia. Hoy, con tantas crisis en el mundo, MSF a veces tiene que priorizar. Se han priorizado las crisis más acuciantes en África y Oriente Medio, y de algún modo se han reducido actividades en la región.
—MSF sigue trabajando en el Catatumbo, su región natal, donde la violencia se recrudeció a comienzos de 2025 tras la ruptura de las negociaciones entre el ELN y disidencias de las FARC. ¿Qué significa, en lo personal, ver a su región natal de vuelta en los titulares por las mismas razones que hace veinte años?
—Era zona de conflicto hace veinte años y en los últimos tiempos se recrudeció nuevamente, con disputas entre diferentes grupos armados. Desde principios de 2025, Médicos Sin Fronteras volvió a la zona. Hacemos atención primaria en salud. Vemos muchas comunidades confinadas: no pueden salir de sus casas ni de su territorio por el control que ejercen los grupos armados. Y la salud mental sigue siendo muy profunda. Es una crisis de más de cincuenta años. Es un círculo vicioso. Por cuenta del narcotráfico y el control territorial, se vuelve siempre al mismo ciclo de violencia y afectación para las poblaciones civiles. Nosotros lo vemos desde lo humano: las poblaciones civiles siguen siendo desplazadas, retornan cuando el contexto mejora un poco, y vuelven a ser desplazadas. Un sufrimiento constante.
—¿Qué balance hace MSF del plan de “paz total” del presidente Gustavo Petro, que prometía negociar a la vez con todos los actores armados y que hoy enfrenta cuestionamientos serios?
—Nosotros hablamos de lo que vemos en el territorio. Seguimos viendo comunidades afectadas por el conflicto, sin acceso a servicios de salud porque tampoco los servicios del Estado pueden llegar. Hay poblaciones en Colombia que siguen con restricciones de acceso a salud física y mental, salud sexual y reproductiva. Más que un análisis político, nosotros hablamos de lo que encontramos sobre el terreno.
—Antes mencionó el principio de neutralidad. En un conflicto como el de Gaza, donde MSF ha hecho múltiples denuncias sobre las acciones de Israel, ¿es posible sostenerlo?
—Nosotros hablamos desde lo que vemos en nuestros pacientes, desde los datos médicos, desde los testimonios. Con eso denunciamos. Los patrones que estamos viendo son acciones deliberadas contra servicios vitales para la población, incluyendo la salud. Médicos Sin Fronteras siempre informa la ubicación donde trabaja, a veces con coordenadas exactas, como mecanismo de seguridad. Aun así, hemos tenido ataques deliberados a infraestructuras de salud. Hoy lo que estamos viendo es el uso del agua como arma de guerra. En 2025 hemos distribuido setecientos millones de litros de agua. Vemos la destrucción deliberada de plantas desalinizadoras, la restricción de suministros básicos —alimentos, agua potable, saneamiento, insumos médicos—. Eso es deliberado. Y la restricción de los registros legales para Médicos Sin Fronteras y otras 37 organizaciones para operar en Gaza también lo es. Son acciones deliberadas para restringir el acceso a una población con necesidades extremas. La neutralidad no es indiferencia. Nosotros siempre estamos disponibles para la población civil de todas las partes. En su momento ofrecimos nuestros servicios también del lado israelí, pero ellos tienen una capacidad sanitaria muy sólida y dijeron que no necesitaban apoyo. Del otro lado hay un sistema de salud colapsado y una población con necesidades extremas. Allí es donde la ayuda es necesaria.
—En Argentina la presencia de MSF es básicamente institucional. ¿Hay condiciones para abrir algún proyecto operativo?
—Médicos Sin Fronteras interviene cuando hay un contexto que lo amerita —conflicto, epidemias, desastres—, cuando ese contexto tiene implicaciones en la salud de la población, y cuando la respuesta existente no es suficiente. No pretendemos suplir ni reemplazar los mecanismos que funcionan. El año pasado hubo inundaciones en Brasil y Uruguay. Del lado de Brasil había comunidades sin respuesta; del lado de Uruguay la afectación era similar, pero había una respuesta adecuada. MSF no fue a Uruguay. En Argentina seguimos de cerca todos los contextos, pero en muchos países hay sistemas de salud que funcionan.
—Con Gaza, Ucrania, Sudán y la República Democrática del Congo ocupando la agenda global, ¿hay alguna crisis latinoamericana que esté quedando fuera del radar internacional?
—Haití, sin duda. Se normaliza la crisis, se vuelve parte del paisaje y dejamos de hablar. También las comunidades indígenas en varios países. Hemos trabajado con comunidades indígenas en Brasil, en Colombia, y seguimos monitoreando. Son las poblaciones más vulnerables, las que a veces no son mediáticas. Y la migración: dejó de estar en el foco mediático, pero sigue siendo una problemática grave. Hay personas sufriendo, estigmatizadas, criminalizadas, sin acceso a nada básico.
—MSF nació en París en los años setenta, fundada por médicos franceses, y durante décadas su conducción fue mayoritariamente europea y masculina. Hoy usted dirige una sección regional desde Buenos Aires, siendo mujer y latinoamericana. ¿Qué cambia cuando ese liderazgo deja de ser europeo y deja de ser masculino?
—Lo que cambia responde a algo que buscamos como organización: Médicos Sin Fronteras es global, y queremos ser coherentes con eso. Tenemos un sistema de gobernanza muy autocrítico, siempre en proceso de transformación, buscando que las decisiones se tomen más cerca de los territorios y de las comunidades vulnerables. Tener liderazgos desde el sur global —desde Latinoamérica, desde África, desde el sur de Asia— enriquece la labor médico-humanitaria y le da un sentido más genuino: de la población civil del mundo para la población civil del mundo. América Latina no es solo receptora de ayuda humanitaria. La primera intervención de esta organización fue en Centroamérica, hace más de cincuenta años. Y desde aquí hay mucho que aportar: la resiliencia de las comunidades, las formas de organización comunitaria. Los modelos de intervención en salud mental que se desarrollaron aquí se exportaron después a otros contextos, incluso a Palestina. En América Latina la principal epidemia es la violencia, crónica, de años. Y hay que seguir visibilizándola para que no se normalice.
Quién es Nancy Guerrero
- Nancy Guerrero Castillo (Ocaña, Colombia, 1983). Administradora de empresas con posgrado en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo.
- En MSF desde 2004. Misiones en América Latina, África y el sur de Asia.
- 2023-2024: oficina de representación institucional de MSF en Colombia.
- Desde 2024: directora general de MSF Sudamérica de habla hispana, con sede en Buenos Aires.
Médicos Sin Fronteras
- Fundada en París, 1971.
- Presente en más de 75 países con 516 proyectos activos.
- 98% de financiamiento privado.
- En América Latina opera en 13 países, incluida Venezuela desde 2015.
- En Haití, su mayor operación regional: 48,3 millones de euros invertidos en 2024.
