Aunque no se conocían o no tenían vínculos entre sí, según sus licencias de conducir, compartían idéntico domicilio en la calle Azopardo de Billinghurst. Una investigación de la División Antifraude de la PFA develó que detrás de esos documentos, que resultaron ser falsos, había una red criminal integrada por algunos empleados municipales que operaba en un bar cercano a la sede comunal de San Martín.
La causa, en manos del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo de María Servini y la Secretaría N° 2 de Hugo Gonzalo Mendieta, permitió establecer la existencia de la estructura con alto grado de sofisticación técnica.
Durante un megaoperativo, desplegado este miércoles, los federales detuvieron a 11 personas y allanaron dependencias municipales de San Martín, de Ezeiza y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre otros puntos del AMBA.
La organización, indicaron fuentes del caso a Infobae, captaba clientes por redes sociales y garantizaban la obtención de Licencias Nacionales de Conducir y Documentos Nacionales de Identidad (DNI) sin pasar los controles médicos, técnicos y biométricos obligatorios.
Los compradores, en tanto, eran personas que, por distintos motivos, no podían acceder a ellos de manera legal: impedimentos médicos, antecedentes penales graves o conductores a quienes les habían retirado el registro por acumular infracciones de tránsito. Es decir, aquellos que “rebotaban” por vías oficiales.
De acuerdo a las fuentes, la maniobra delictiva consistía en la utilización de “domicilios pantalla” y cambios de radicación inexistentes.
Por otro lado, las fuentes señalaron que la organización operaba principalmente desde un bar, ubicado a metros de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Martín, donde se concentraba el mayor registro de documentación vinculada a las maniobras investigadas.
“Este golpe desarticula un circuito que pone en riesgo la seguridad vial de toda la sociedad. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), circular con una licencia falsa no es una infracción menor, sino un delito penal tipificado en el Código Penal por uso de documento público falso”, destacaron las fuentes consultadas por este medio.
Para los detectives “la banda alimentaba un mercado negro que, en casos similares, ha estado vinculado a la tenencia de estupefacientes y armas de fuego”.
La investigación
La reconstrucción de la pirámide organizativa se realizó a través de intervenciones telefónicas, seguimientos, vigilancia y análisis de movimientos bancarios, lo que permitió identificar los roles y la logística interna de la banda.
Como resultado de los procedimientos, 11 personas —seis hombres y cinco mujeres— fueron detenidos por los delitos de falsificación de documentos y asociación ilícita.
Durante uno de los procedimientos, en una casa de Villa Maipú, un hombre recibió a los agentes con un cuchillo e intentó agredirlos. Fue reducido y esposado.
Otro de los detenidos fue interceptado en el aeropuerto tras arribar desde Perú, en un trabajo conjunto entre la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el área de Migraciones.
Durante los allanamientos realizados también en la Ciudad de Buenos Aires, en las localidades de Bernal, Moreno, Zárate, se incautaron once licencias de conducir y cinco DNI apócrifos, además de diecinueve teléfonos celulares, una notebook, un CPU y un Posnet de cobro.
También se incautaron sobres con legajos, hojas de ruta con turnos programados y discos con grabaciones, elementos que evidencian la logística comercial y financiera de la organización.
