Cuatro policías de la Comisaría 47° de J.J. Gómez, de la provincia de Río Negro, llegaron a juicio oral por los delitos de torturas, lesiones leves calificadas, privación ilegal de la libertad y amenazas con arma, cometidos presuntamente contra dos adolescentes en el playón deportivo del barrio Alta Barda durante la madrugada del 15 de junio de 2024.
El proceso tiene a más de 30 testigos y se lleva adelante en los Tribunales de la localidad rionegrina de General Roca, según informó el portal del Ministerio Público de Río Negro.
El Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Oscar Gatti, Emilio Stadler y Verónica Rodríguez, escuchó en la primera jornada a los primeros testigos propuestos por la acusación. La expectativa sobre el desarrollo del juicio se centra en la pretensión punitiva de la Fiscalía, que solicita penas superiores a los tres años de prisión. El debate, que se extenderá a lo largo de seis jornadas, prevé la proyección de pruebas audiovisuales y la declaración de decenas de testigos.
Durante el primer día, la madre de uno de los adolescentes afectados relató ante el tribunal el impacto que los hechos tuvieron en su hijo y en el entorno familiar. También declararon la hermana de la mujer y dos enfermeras del servicio de emergencias, quienes aportaron detalles sobre el estado físico y emocional de los jóvenes tras los hechos.
Según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron entre las 2:05 y las 4:30 de la madrugada del 15 de junio de 2024. De acuerdo con el fiscal, los cuatro policías arribaron en una camioneta oficial al playón deportivo de Alta Barda, donde se encontraban varios jóvenes.
“Uno de los policías habría efectuado disparos al aire para dispersar a los presentes”, expuso el fiscal durante sus alegatos de apertura. Posteriormente, los agentes identificaron a dos adolescentes y les ordenaron subir al móvil policial. Dentro del vehículo, una de las empleadas conducía, otra viajaba en la cajuela, y el tercer policía se ubicaba en el asiento trasero junto a los menores.
En línea con la reconstrucción de los hechos, los adolescentes fueron trasladados a un descampado en las afueras del barrio, donde fueron privados de su libertad sin ser conducidos a ninguna dependencia policial. Una vez allí, el mismo agente que habría disparado anteriormente golpeó a los jóvenes, mientras las dos mujeres policías le exigían que detuviera su accionar y el cuarto agente observaba en silencio.
El fiscal añadió que, tras las agresiones, el policía insistió con nuevas órdenes. “Esta vez les dijo que corrieran y volvió a efectuar detonaciones hacia los pies de los adolescentes, causándole a uno de ellos una herida en el muslo izquierdo producto del impacto de un perdigón”, continuó el fiscal. La acusación sostiene que el accionar culminó cuando el agente presuntamente amenazó a los jóvenes con la frase: “¿Qué pasa si yo te mato y te desaparezco?”, mientras empuñaba el arma cargada.
Los adolescentes lograron escapar hacia la zona de las sierras, donde permanecieron ocultos hasta recibir ayuda.
De esta manera, están imputados por los delitos de “torturas en concurso ideal con lesiones leves calificadas por el carácter de funcionario policial, privación ilegal de la libertad con abuso de función y amenazas con arma”. Según la acusación, uno de los empleados policiales deberá responder como autor principal, y los otros tres en calidad de partícipes necesarios.
El defensor penal público Juan Pablo Chirinos, quien representa a uno de los imputados, reconoció en sus alegatos que su defendido admitió haber participado en los hechos, aunque no en la magnitud ni con la modalidad que describe la Fiscalía. “Para esta parte no hay tortura”, sostuvo Chirinos.
Por su parte, Flavia Rojas, también de la defensora pública, anticipó que el debate incluirá la discusión sobre la desigualdad en la fuerza policial entre hombres y mujeres, y cómo este factor incide en la actuación de su asistida. Además, la defensa particular de los otros imputados cuestionó la calificación legal, abriendo el debate sobre la interpretación de los hechos y la responsabilidad de cada uno de los policías involucrados.
Entre los testigos que prestarán declaración se encuentran, familiares de las víctimas, personal médico, peritos y otros agentes policiales. Para la segunda jornada está programada la reproducción de las Cámaras Gesell en las que los adolescentes brindaron su testimonio, así como la presentación de otros elementos probatorios solicitados por las partes.
