El director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), general en condición de retiro Walter Amador Lacayo, anunció cambios en la estructura de mando de la cárcel de máxima seguridad de Ilama, en Santa Bárbara, y confirmó que se abrirán investigaciones contra funcionarios penitenciarios que presuntamente faciliten el ingreso de objetos ilícitos a los centros de reclusión.
El funcionario explicó que las autoridades mantienen una revisión de los mecanismos de seguridad en las cárceles hondureñas y advirtió que cualquier objeto prohibido que logre ingresar a estos establecimientos deberá ser investigado para determinar si existe complicidad de personal encargado de la vigilancia y administración penitenciaria.
Amador Lacayo sostuvo que, bajo las nuevas disposiciones, no se permitirá que familiares de los privados de libertad ingresen a los centros penitenciarios, por lo que consideró que cualquier introducción de artículos prohibidos tendría que contar con la participación o colaboración de funcionarios.
“Si entra algo al centro penitenciario es porque los funcionarios están coludidos porque ya no entran familiares, ya no hay contacto con los abogados. No estoy diciendo que los abogados introducen ilícitos, pero bueno, es una manera de protegerlos a ellos también”, manifestó.
El titular del INP indicó que las investigaciones permitirán identificar a los responsables de vulnerar los controles establecidos y aplicar las sanciones correspondientes, sin importar el cargo que desempeñen dentro del sistema penitenciario.
El director del INP lanzó una advertencia a los empleados penitenciarios al señalar que quienes sean identificados como colaboradores en el ingreso de objetos prohibidos enfrentarán consecuencias penales severas.
“Si algo ingresa, le voy a decir a los funcionarios, estos son los funcionarios, y se va a investigar y el funcionario que está involucrado es de 30 o 40 años de cárcel y pasa al régimen, porque es colaborador, así de firme es la nueva disposición”, expresó.
Amador Lacayo también explicó que el sistema cuenta con escáneres de carga y dispositivos para revisar el cuerpo de las personas, además de equipos móviles destinados a detectar artículos prohibidos.
Sin embargo, reconoció que la tecnología no es infalible y que el resultado de los controles depende en gran medida de la responsabilidad y transparencia del personal encargado de utilizar estos equipos.
Por esa razón, insistió en que la vigilancia sobre los propios funcionarios será fundamental para impedir que los centros penitenciarios sean utilizados para introducir objetos que pongan en riesgo la seguridad.
Durante sus declaraciones, el titular del INP también proporcionó cifras sobre la población penitenciaria y explicó que actualmente 1,245 personas permanecen recluidas en el centro penal de La Tolva, ubicado en Morocelí, El Paraíso.
El funcionario aclaró que estos privados de libertad no están clasificados formalmente como terroristas, pero sí son identificados como integrantes de maras y pandillas, por lo que las autoridades determinaron que también se les aplicará el régimen correspondiente.
“Actualmente tenemos 1,245 privados de libertad en La Tolva, estos no son definidos como terroristas, pero son personas que son miembros de maras y pandillas, por lo tanto, se les aplicará el régimen de igual manera”, explicó.
Asimismo, mencionó que el resto de la población penitenciaria asciende a 19,515 personas, quienes se encuentran distribuidas en distintos establecimientos y bajo condiciones de reclusión correspondientes a niveles de mediana y mínima seguridad.
La dirección de la institución busca establecer mayores controles sobre los privados de libertad, restringir el ingreso de artículos prohibidos y determinar posibles responsabilidades de empleados que incumplan sus funciones.
Las autoridades también mantienen el desafío de garantizar que los equipos tecnológicos y los procedimientos de inspección funcionen correctamente, especialmente ante las advertencias sobre posibles complicidades internas.
El director del INP aseguró que la nueva disposición será aplicada con firmeza y que los empleados involucrados en actividades ilícitas no tendrán protección institucional frente a las investigaciones.
