Las autoridades del Hospital Regional de Quiché investigan una denuncia por violencia sexual contra una paciente dentro de un quirófano, en un caso que involucra a un enfermero de la institución. El hecho generó preocupación entre el personal y usuarios del centro asistencial, luego de que trascendiera la acusación y se activaran los protocolos de atención para víctimas de violencia.
De acuerdo con una publicación de Soy 502, el director del hospital, Rony Mendoza, confirmó que la denuncia corresponde a hechos ocurridos en el área de operaciones del hospital. Mendoza relató que, una vez conocida la acusación, el equipo del centro brindó acompañamiento inmediato a la paciente y se notificó a las autoridades pertinentes. El procedimiento incluyó la presencia de peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y de fiscales del Ministerio Público (MP), quienes acudieron al hospital para recabar testimonios y entrevistar a la paciente.
El director detalló que la paciente fue asistida en todo momento por personal especializado, conforme a la ruta de atención establecida para víctimas de violencia sexual. Según declaraciones de Mendoza, la afectada optó por no ratificar la denuncia ante los órganos de justicia. A pesar de esta decisión, el funcionario subrayó que la investigación administrativa interna se mantiene activa y no depende de la continuación de la denuncia penal. “A nosotros nos toca continuar con el proceso administrativo. Independientemente de que la persona no haya querido ratificar su denuncia, el proceso de la institución continúa de oficio”, expresó el director.
Respecto a las acciones tomadas en relación con el enfermero señalado por la familia de la víctima, Rony Mendoza explicó que, para resguardar la seguridad de los pacientes y garantizar la presunción de inocencia, el trabajador fue removido de sus funciones habituales en el área de atención clínica. Actualmente, el empleado permanece asignado a una dependencia administrativa del hospital, sin contacto ni acceso a los pacientes. El director precisó que esta medida es temporal y estará vigente mientras las áreas jurídicas y de recursos humanos, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), completan las audiencias y la recopilación de información que permitirá determinar si corresponde aplicar sanciones definitivas.
El caso pone de relieve los procedimientos internos y la coordinación entre distintas instituciones del sector salud y justicia en Guatemala cuando se conoce una denuncia de este tipo. El hospital reportó la activación inmediata de protocolos, incluyendo la intervención de personal especializado y la comunicación con el Ministerio Público para garantizar la protección de los derechos de la víctima para preservar la evidencia.
En el ámbito legal, el Código Penal de Guatemala estipula que los delitos sexuales cometidos con violencia física o psicológica pueden recibir penas de ocho a doce años de prisión, aumentando en dos terceras partes si concurren agravantes como el abuso de una posición profesional, el contagio de enfermedades de transmisión sexual o la condición de especial vulnerabilidad de la víctima. Si el delito es cometido por un funcionario público o personal de salud en el ejercicio de sus funciones, la ley contempla un agravamiento de la sanción.
El proceso administrativo iniciado en el hospital continuará de oficio, independientemente de la decisión de la víctima de no ratificar la denuncia penal. Las autoridades del centro aseguran que se mantiene la colaboración con el Ministerio Público y que cualquier decisión sobre el futuro laboral del empleado señalado estará sujeta a la resolución final de las instancias legales y administrativas involucradas.
