El TSE de Guatemala eliminó a 268.263 ciudadanos fallecidos del padrón electoral entre el 4 de abril de 2024 y el 25 de septiembre, una depuración que forma parte de la preparación del registro para las elecciones generales de 2027. En el mismo período, 28.500 personas empadronadas perdieron sus derechos políticos.
Las cifras fueron expuestas durante la reunión mensual que el Tribunal Supremo Electoral mantiene con los partidos políticos. El encuentro también permitió informar sobre el crecimiento del registro y las tareas de empadronamiento dentro y fuera del país.
La presentación estuvo a cargo del licenciado Omar Alexander Gereda Franco, integrante del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones. Esa dependencia administra el registro electoral y coordina los procesos de empadronamiento nacionales e internacionales.
Las sentencias firmes y la interdicción como causas de suspensión
La Ley Electoral y de Partidos Políticos, contenida en el Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, establece que los derechos ciudadanos pueden suspenderse por una sentencia condenatoria firme en un proceso penal o por una declaratoria judicial de interdicción. Quienes atraviesan alguna de esas situaciones no pueden votar mientras se mantenga la restricción.
El artículo 15 de esa norma fija la imposibilidad de ejercer el sufragio durante la suspensión. La medida no supone una exclusión definitiva del registro: los derechos pueden restituirse cuando finalizan las condiciones que motivaron la inhabilitación.
El Código Penal guatemalteco complementa ese marco en sus artículos 56 a 59, que regulan la inhabilitación absoluta como pena accesoria. La sanción incluye la suspensión de los derechos políticos, la pérdida de un cargo público, aun cuando hubiera sido obtenido mediante elección popular, y la imposibilidad de acceder a cargos, empleos o comisiones públicas.
La inhabilitación puede extenderse por hasta cuatro años. La situación se resuelve cuando la persona cumple la condena, recibe una amnistía o un indulto, o consigue una rehabilitación judicial en los casos de interdicción.
El juez de Ejecución Penal debe comunicar estas suspensiones al director del Registro de Ciudadanos dentro de los cinco días posteriores a que la sentencia quede firme. Esa notificación activa la actualización correspondiente en el padrón.
La depuración de ciudadanos fallecidos y el registro de suspensiones buscan que la nómina electoral refleje la situación jurídica y civil de quienes están habilitados para participar. El organismo presentó esos movimientos ante las organizaciones políticas en el marco de sus encuentros periódicos sobre la planificación electoral.
Más de 10 millones de ciudadanos habilitados para votar
El padrón electoral guatemalteco llegó a 10.252.221 ciudadanos habilitados al 25 de septiembre. Del total, 5.516.458 son mujeres y 4.735.763 son hombres.
La nómina está organizada en 11 franjas etarias, desde los 18 años hasta los grupos de más de 70. El segmento de 18 a 25 años concentra la mayor cantidad de inscritos, con 1.518.385 personas.
El Tribunal Supremo Electoral prevé cerrar el registro el 20 de marzo de 2027, antes de los comicios generales de ese año. La institución proyecta que el padrón alcance una cifra cercana a 12 millones de empadronados para esa fecha, según la información oficial compartida por el mismo organismo.
El registro también incorpora a los guatemaltecos que viven fuera del país. La cantidad de ciudadanos empadronados en el extranjero ascendió a 95.274, después de las jornadas de 2025 y 2026, que sumaron 2.109 nuevas inscripciones y 3.678 actualizaciones de datos.
Durante 2026, el TSE organizó jornadas en California, Nueva York, Florida, Texas, Georgia, Maryland, Utah y Tennessee, en Estados Unidos. Las comisiones de trabajo continuarán en los próximos meses de acuerdo con la programación divulgada por la institución.
El Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones trabaja mediante los Equipos Técnicos de Empadronamiento Móvil. Estos equipos permiten realizar inscripciones y actualizar información en delegaciones departamentales, subdelegaciones municipales, jornadas móviles, centros comerciales y puestos instalados en oficinas del Registro Nacional de las Personas.
Los encuentros mensuales con los partidos permiten comunicar el estado de estas tareas y los avances de la planificación electoral. El organismo mantiene esas reuniones mientras actualiza el padrón que regirá para la próxima elección general.
