Una investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción destapó un presunto caso de corrupción dentro de la Dirección General de Migración y Extranjería que habría permitido el ingreso irregular a Costa Rica de un extranjero señalado por organismos de inteligencia como una persona de alta peligrosidad y presuntamente vinculada con una organización terrorista internacional.
La operación se desarrolló durante la mañana de este miércoles 15 de julio mediante tres allanamientos simultáneos. Dos de las diligencias se realizaron dentro del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde laboraba la funcionaria investigada, mientras que una tercera intervención tuvo lugar en su vivienda.
Como resultado del operativo fue detenida una oficial de apellido Barquero, quien ahora figura como sospechosa de los presuntos delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública, cohecho propio y sabotaje informático.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, la funcionaria habría utilizado su posición para facilitar el ingreso formal al territorio nacional de un extranjero que, en realidad, se encontraba en condición migratoria irregular.
Los investigadores sostienen que la oficial, presuntamente, manipuló los sistemas informáticos utilizados para el control migratorio, incorporando información falsa que permitió simular un ingreso completamente legal al país.
Además, se sospecha que realizó el sellado irregular del pasaporte del extranjero, una acción que habría permitido evadir los protocolos de seguridad y las alertas obligatorias que se aplican a todas las personas que ingresan a Costa Rica por los puestos migratorios oficiales.
Según explicó la Fiscalía, los informes de inteligencia disponibles dentro del expediente indican que el extranjero posee un perfil de alta peligrosidad y estaría relacionado con una organización terrorista internacional. Sin embargo, las autoridades no revelaron la identidad del sospechoso ni el nombre de la organización a la que supuestamente pertenece, debido a que la investigación permanece bajo reserva.
Tras su captura, la funcionaria será sometida a una declaración indagatoria ante el Ministerio Público. Posteriormente será presentada ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, ubicado en el Segundo Circuito Judicial de San José, donde la Fiscalía solicitará la imposición de medidas cautelares mientras continúa el proceso penal.
Durante los allanamientos, los agentes judiciales y la Policía Profesional de Migración buscaron decomisar equipos electrónicos, dispositivos de almacenamiento, documentos y cualquier otra evidencia que permita reconstruir la forma en que, presuntamente, se alteraron los registros oficiales del sistema migratorio.
Por su parte, el extranjero continúa bajo custodia de las autoridades migratorias. Paralelamente, la Dirección General de Migración y Extranjería inició el procedimiento administrativo para cancelar el estatus migratorio que habría obtenido de manera irregular, mientras se define su situación jurídica.
El caso se tramita bajo el expediente 26-000215-1218-PE y forma parte de una investigación conjunta entre la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Profesional de Migración.
Las autoridades señalaron que la pesquisa no se limita únicamente a la actuación de la funcionaria detenida. Uno de los principales objetivos es determinar si detrás del hecho existe una estructura criminal dedicada a facilitar el ingreso irregular de personas al territorio costarricense mediante la manipulación de los controles migratorios.
El Ministerio Público destacó que el caso reviste especial importancia debido a las implicaciones que tendría para la seguridad nacional. Los controles migratorios constituyen una de las principales barreras para detectar personas con antecedentes criminales, órdenes internacionales de captura o vínculos con organizaciones consideradas una amenaza para la seguridad internacional.
Por ello, la Fiscalía aseguró que continuará desarrollando diligencias para esclarecer completamente los hechos, identificar a todos los posibles responsables y prevenir que mecanismos similares sean utilizados nuevamente para facilitar ingresos irregulares al país.
