El Gobierno de Daniel Noboa declaró como política pública de aplicación nacional el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, mediante el Decreto Ejecutivo firmado el 14 de julio de 2026 en el Palacio Nacional. El instrumento, que deroga el plan predecesor (2019-2030), traslada la conducción de la política de seguridad al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa Nacional, a la Cancillería, al Centro Nacional de Inteligencia y a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que deberán coordinar su implementación.
El plan fue aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) mediante Resolución No. 01-2026, en una sesión clasificada como “secretísima” el 9 de marzo de 2026, y remitido por el Ministerio de Defensa a la Presidencia recién el 1 de julio de este año. El decreto lo enmarca explícitamente en el conflicto armado interno reconocido por el Ejecutivo mediante el Decreto del 18 de junio de 2026, y lo presenta como una hoja de ruta de “acción unificada” frente a lo que el propio documento describe como una crisis de seguridad multidimensional.
Las cifras que sustentan el plan, contenidas en su diagnóstico, describen un deterioro sostenido. La tasa de homicidios intencionales, que se mantuvo relativamente estable entre 2014 y 2020: entre 8,2 y 7,8 casos por cada 100.000 habitantes; y escaló a 27,6 en 2022, un incremento del 256,12% respecto de 2020, según cifras del propio Ministerio del Interior citadas en el documento. La escalada alcanzó su punto más crítico en 2023, con 46,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, para luego descender a un rango de entre 39,1 y 39,2 en 2024.
Sobre 2025, el plan no reporta un dato de cierre: se limita a citar una proyección del propio Ministerio del Interior, fechada en 2025, según la cual la tasa “cerrará con niveles altos”. El diagnóstico que sustenta un decreto firmado en julio de 2026 sigue anclado en una estimación de hace más de un año, sin la cifra real de homicidios de 2025, que ya está disponible.
El crimen organizado transnacional ocupa un lugar central en el diagnóstico. El plan cita 21.811 casos de extorsión reportados en 2023 y vincula la violencia con el cierre de 65.837 microempresas entre 2022 y 2023, atribuido en su mayoría a hechos de violencia, extorsión o bloqueos logísticos, según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. El gasto privado en seguridad superaría ya los 1.500 millones de dólares anuales, mientras que la actividad empresarial habría registrado contracciones del 0,94% en 2024 y del 0,52% en el primer semestre de 2025 atribuibles a la violencia, de acuerdo con el Banco Central del Ecuador. La informalidad laboral llegó al 53,5% en el primer trimestre de 2025, según el INEC.
El indicador de riesgo país (EMBI) muestra una trayectoria volátil: 1.753 puntos en 2024, más de 1.900 en abril de 2025 y una caída a 554 puntos hacia noviembre de ese mismo año, según cifras del Banco Central citadas en el plan. La minería ilegal, por su parte, habría representado un 2,5% del PIB en 2022, con una producción de oro valorada en cerca de USD 4.000 millones, de acuerdo con las cifras recogidas en el documento.
En el ámbito social, el plan reconoce que la pobreza por ingresos llegó al 24% en junio de 2025 y la pobreza extrema al 10,4%, con una brecha entre zonas urbanas y rurales de 15,7% frente a 41,7%, según el INEC. El gasto de los hogares en salud representa alrededor de un tercio del gasto total, con una reducción marginal del 32,59% al 31,27% entre 2022 y 2025. El documento también recoge una brecha de confianza institucional: la Policía Nacional concentra un 72% de respaldo ciudadano, frente a un 28% en los Ministros de Gobierno, 23% en el sistema judicial, 22% en la Asamblea Nacional y 21% en los jueces, con datos de Statista de 2024.
El sistema penitenciario aparece como uno de los focos más críticos. El plan reporta una población de 34.612 personas privadas de libertad, lo que representa un hacinamiento del 29,06%, y documenta la evolución de las muertes violentas en cárceles: de un pico histórico de 321 muertes en 2021, la cifra bajó a 146 en 2022, 69 en 2023 y 46 en 2024, pero volvió a subir a 89 muertes en 2025, según datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores.
En cuanto a las metas, el plan se organiza en siete Objetivos Nacionales de Seguridad (ONS), cada uno desagregado en Estrategias de Seguridad con plazos de ejecución de uno, dos y tres años. Van desde imponer el control efectivo del territorio y neutralizar a los Grupos Armados Organizados (GAO), hasta reconstruir el sistema penitenciario, generar condiciones para el acceso a servicios esenciales y controlar el patrimonio natural.
Una de las metas con fecha específica es que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) asuma para 2027 las tareas de seguridad en los Centros de Privación de Libertad que hoy cumplen otras entidades.
Entre las estrategias más sensibles figura la creación de tribunales militares especializados dentro del Consejo de la Judicatura, para que esa instancia asuma la competencia de juzgar a servidores públicos militares por delitos relacionados con su función —una ampliación de fuero que se plantea en simultáneo con el reconocimiento oficial de un “conflicto armado interno”.
El plan tampoco fija una cifra de presupuesto total. En sus 201 páginas no aparece una asignación fiscal global para su ejecución; el único mecanismo de financiamiento concreto que establece es que las empresas de telecomunicaciones destinen el 1% de sus ingresos facturados en zonas rurales y fronterizas a proyectos de conectividad. El resto del articulado distribuye responsabilidades institucionales, no recursos.
El documento también dimensiona la presión migratoria sobre el país: para mediados de 2024, Ecuador albergaba 77.000 personas refugiadas reconocidas y alrededor de 444.000 migrantes venezolanos bajo estatus de protección —equivalente al 3,2% de la población nacional—, a lo que se suman más de 469.000 personas en situación de desplazamiento interno, según cifras de ACNUR citadas en el plan. Frente a este panorama, el propio texto matiza que las proyecciones del Banco Central para 2025 estiman un crecimiento económico del 3,8%, cifra que el documento describe como una “señal positiva” que debe sostenerse con políticas de estabilidad institucional.
Frente a este panorama, el propio texto matiza la situación citando una proyección del Banco Central hecha en 2024: un crecimiento económico del 3,8% para 2025, cifra que el documento describe como una “señal positiva”. Pero, igual que con la tasa de homicidios, el plan no incorpora el dato real de cierre de 2025.
