La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) presentó ante su Junta Directiva una serie de propuestas para reformar el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), con el objetivo de asegurar su sostenibilidad financiera y ampliar la cobertura de las pensiones hasta el primer semestre de 2028. Entre las modificaciones principales se encuentra el aumento del número de cuotas necesarias para acceder a la jubilación, así consignan medios locales.
Las personas trabajadoras deberán acumular 360 aportes durante su vida laboral, equivalentes a 30 años, en vez de los 300 actuales. Esta medida forma parte de un paquete de reformas que descarta, por ahora, propuestas relacionadas con aumentos de impuestos, según reportó la CCSS a CRHoy.
Actualmente, el cambio en el número de cuotas propuestas no generaría una alteración significativa para la mayoría de los futuros jubilados. Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, explicó en declaraciones a Diario Extra que la mayoría de quienes llegan a recibir su pensión ya acumulan los 360 aportes: “las personas ya cotizan 30 años. Es decir, la mayoría de quienes llegan a recibir su pensión ya acumulan los 360 aportes”. El análisis y discusión de las medidas permanece abierto, aunque Barrantes indicó que para la mayoría de las personas, ese cambio no acarreará consecuencias particulares.
Nuevos pensionados recibirían un menor porcentaje sobre su salario promedio
Otra de las propuestas en revisión por la Junta Directiva es la disminución del porcentaje de salario, o “tasa de reemplazo”, que los costarricenses recibirán al jubilarse bajo el régimen IVM. Según la información aportada por Barrantes a Diario Extra, esta tasa originalmente era del 60%, de modo que, por ejemplo, alguien que cotizó sobre un salario promedio cercano a ¢1 millón (2,182,583.00 dólares) percibía una pensión de ¢600 mil (1309.55 dóalres). Con ajustes previos, ese porcentaje bajó a un rango entre 40% y 52.5%, lo que implica actualmente un ingreso jubilatorio de ¢400 mil (873.03 dólares) a ¢525 mil (1145.86 dólares) para el mismo caso.
La nueva propuesta de la CCSS consistiría en reducir el máximo de ese rango al 43%, manteniéndose el porcentaje mínimo vigente. Barrantes afirma que este ajuste se compensa porque en el sistema costarricense existen tres pilares para la pensión: el IVM, el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) y uno voluntario, aunque este último muestra todavía una escasa penetración en la sociedad.
Según el gerente, la integración de los tres pilares permitiría alcanzar el estándar internacional de reemplazo, cercano al 60% del salario promedio. Destaca que “los costarricenses no se van a ver afectados, pero tienen que acostumbrarse a ver al IVM y al ROP juntos”. La estrategia institucional busca así diversificar las fuentes de pensión ante la caída de la tasa de reemplazo del IVM.
Dentro de las propuestas también figura la introducción de la denominada Pensión Consumo, una iniciativa reactivada y originalmente planteada por el exdiputado Walter Coto. Este modelo propone que un 1% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado por cada consumidor se redirija a una cuenta individual, administrada por una entidad del sistema financiero, vinculando de ese modo parte de la jubilación al historial de consumo registrado durante la vida laboral de cada trabajador.
¿Reto financiero adicional para el fondo de pensiones?
La CCSS plantea igualar las condiciones de acceso al seguro de salud para todos los jubilados, ya que los pensionados del Magisterio Nacional (Jupema) y del Poder Judicial aportan un 5% de sus ingresos para recibir atención médica en la CCSS. En contraste, en el Régimen Básico, este costo lo asume el fondo de pensiones del IVM.
El gerente sostuvo que ello significa un desembolso anual de ¢225 mil millones, equivalente al 13,75% del gasto total en pensiones. Barrantes matizó que “no es que es un costo gratis, sino que del fondo hay que pagar el gasto médico de los pensionados”. Si bien la decisión final está pendiente y sujeta a discusión por posibles implicaciones legales y el debate sobre su alcance a actuales o futuros pensionados, la CCSS advierte que este gasto “resta posibilidades al IVM, cuando, primariamente, lo que le corresponde es pagar las pensiones”.
Un paquete de veinte propuestas busca fortalecer la sostenibilidad del régimen IVM para 2028
De acuerdo con CRHoy, la lista elaborada por la institución consta de 20 propuestas, divididas entre diez medidas cuantificables y diez adicionales, seleccionadas tras analizar 1.248 planteamientos iniciales. El grupo de trabajo responsable de la reforma incluyó a representantes de la Superintendencia de Pensiones (Supen), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), la Defensoría de los Habitantes y la CCSS.
Junto a las medidas centrales ya descritas, el paquete incorpora sugerencias dirigidas a facilitar la reintegración laboral de mujeres y adultos mayores, modificar las reglas de la pensión anticipada y crear esquemas de compensación de género.
Datos de la Supen recogidos por Diario Extra señalan que el pilar voluntario del sistema registra 218 mil cuentas, pero solo 90 mil personas hicieron aportes en febrero de 2026. Los activos suman ¢716 mil millones, lo que da cuenta del amplio margen para aumentar la penetración y el impacto de ese componente en las futuras pensiones. La CCSS prevé que la aprobación y puesta en marcha de estas reformas se concrete en el primer semestre de 2028.
