La presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, y el magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya, rechazaron de forma contundente las declaraciones de la presidenta Laura Fernández, quien acusó al Poder Judicial de estar infiltrado por el crimen organizado.
El pronunciamiento, respaldado por la Corte Plena, califica las afirmaciones como “acusaciones genéricas” y “irresponsables”, e insta a la mandataria a presentar pruebas concretas.
Las declaraciones de la presidenta Fernández, emitidas durante una conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, incluyeron señalamientos sobre corrupción, morosidad en la tramitación de casos y la supuesta penetración del crimen organizado en el sistema judicial. Fernández hizo alusión al caso del exmagistrado Celso Gamboa, recientemente detenido y extraditado a Estados Unidos, como parte de sus críticas. Según la mandataria, la corrupción y la delincuencia se encuentran “hasta los tuétanos” del Poder Judicial.
La reacción de la Corte Plena no se hizo esperar. De acuerdo con el pronunciamiento oficial, los magistrados rechazaron unánimemente las manifestaciones de Fernández y enfatizaron la necesidad de sustentar cualquier denuncia con pruebas formales. La Corte recordó que la institución está integrada por más de 13,800 funcionarios que trabajan bajo los principios de compromiso, responsabilidad y apego a la legalidad.
Patricia Solano afirmó que las acusaciones carecen de fundamento y constituyen un agravio para quienes ejercen su labor en el Poder Judicial. La magistrada subrayó la importancia de actuar con responsabilidad al emitir declaraciones públicas y resaltó que los procesos de reclutamiento y contratación del Poder Judicial son más exigentes que en otras entidades públicas. “Cuando dicen estas cosas, presenten las denuncias. Porque el Poder Judicial, en todos los casos en que existen sospechas de actos irregulares o de corrupción, las investiga y las sanciona”, declaró Solano a medios nacionales.
Por su parte, Jorge Araya reprochó la falta de sustento en las afirmaciones de la presidenta Fernández y advirtió que ese tipo de manifestaciones afectan la imagen y la integridad de miles de funcionarios honestos. “No se vale jugar con 13,000 familias judiciales que hacen su trabajo con responsabilidad, con mística y con honradez”, expresó el magistrado, quien consideró inaceptable que se generalicen hechos aislados para dañar la reputación de toda la institución.
La Corte Plena también hizo referencia a la existencia de mecanismos internos para la investigación y sanción de irregularidades. “En los casos puntuales en los que se han detectado actuaciones irregulares, es la propia institución la que los ha investigado y sancionado. El Poder Judicial está conformado por más de 13.800 personas funcionarias que trabajan diariamente al servicio del país”, remarcó el órgano judicial.
Además, la Corte recordó que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) posee acreditaciones internacionales por la calidad de sus filtros de personal y que la institución mantiene una política de “cero tolerancia” frente a la corrupción. “Reiteramos que en el Poder Judicial existe cero tolerancia a la corrupción y que nos mantendremos vigilantes para detectar, denunciar y sancionar cualquier acto irregular que se presente dentro de la institución”, sostuvieron.
La confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial se produce en un contexto de creciente tensión institucional. Los altos jueces advirtieron sobre el riesgo de que discursos sin respaldo comprometan el respeto por los derechos ciudadanos y deslegitimen el trabajo de los operadores judiciales.
La Corte Plena concluyó su pronunciamiento instando a la presidenta Fernández a canalizar cualquier denuncia a través de los mecanismos legales correspondientes, garantizando así la transparencia y el debido proceso.
