La Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica anunciaron recortes en sus presupuestos para 2026 y 2027, en cumplimiento de la orden de reducción del 5% emitida por el Ministerio de Hacienda.
Las medidas buscan contener el gasto público, aunque las instituciones advierten sobre los retos que enfrentarán para garantizar la continuidad de sus servicios.
El Directorio de la Asamblea Legislativa acordó un recorte de ₡2,500 millones (USD 5,49 millones) en su presupuesto para 2026, decisión que fue comunicada públicamente por la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, y el primer secretario, Gerald Bogantes.
Jiménez explicó que este ajuste responde al llamado del Ministerio de Hacienda y que el objetivo es mantener la continuidad del servicio parlamentario a la ciudadanía.
“Hoy el directorio legislativo, en atención al llamado a la contención del gasto por parte del Ministerio de Hacienda, hemos aprobado el rebajo al presupuesto institucional de la Asamblea Legislativa 2026 por un monto de más de ₡2,500 millones, siempre garantizando de forma responsable la continuidad del servicio de este primer poder de la República en función de todos los ciudadanos”, afirmó la presidenta.
Por su parte, Bogantes subrayó que el ajuste refleja la responsabilidad del Congreso en la administración de los recursos públicos y la importancia de fortalecer la confianza en el Primer Poder de la República. Hasta el momento, el Directorio no ha detallado qué partidas serán objeto del recorte ni los montos exactos por unidad administrativa.
Además de la Asamblea Legislativa, la directriz de Hacienda fue acatada por el Poder Judicial, la Defensoría de los Habitantes y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), quienes también aprobaron ajustes a sus presupuestos. La Defensoría, encabezada por su jerarca, comunicó que aplicará un ajuste de ₡120 millones (USD 264 mil) a su presupuesto vigente, cifra que representa menos de la mitad de lo solicitado por Hacienda.
El ente defensor señaló que este monto es el máximo posible sin afectar la prestación de servicios esenciales, y advirtió que la capacidad institucional para generar nuevas economías “está prácticamente agotada”.
La Defensoría también alertó sobre un déficit de ₡342,64 millones (USD 753 mil) para completar el nombramiento de plazas vacantes tras la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, lo que limita la atención de denuncias, el desarrollo de investigaciones y la formulación de recomendaciones, especialmente en casos relacionados con personas en condición de mayor vulnerabilidad.
Respecto al presupuesto para 2027, la Defensoría indicó que fue elaborado bajo el límite de gasto comunicado por Hacienda, priorizando el financiamiento de gastos ineludibles para garantizar la continuidad de operaciones, incluyendo remuneraciones, servicios públicos y contratos vigentes.
No obstante, advirtió que el monto nominal asignado no implica que la institución pueda atender todas sus obligaciones debido al aumento de costos asociados al funcionamiento institucional, por lo que se requerirá una mayor contención del gasto y la postergación de necesidades indispensables para fortalecer la prestación de servicios públicos.
La Contraloría General de la República, bajo la dirección de Marta Acosta Zúñiga, informó que la reducción solicitada por Hacienda para su anteproyecto presupuestario de 2027 equivale a ₡1,055 millones (USD 2,32 millones), pero la entidad solo identificó ₡100,3 millones (USD 221 mil) que podrían recortarse sin afectar su operación.
Acosta advirtió que un recorte del 5% implicaría un “cierre técnico” de la institución y pondría en riesgo su independencia y capacidad para fiscalizar el uso de los recursos públicos.
La Contraloría destacó que su presupuesto se ha mantenido prácticamente estancado en la última década, con un crecimiento del 1%, mientras que el Presupuesto Nacional aumentó un 57% en el mismo periodo. Además, la Contralora propuso a Hacienda revisar la reserva de liquidez del Gobierno y acelerar la incorporación de recursos al Sistema de Cuentas del Sector Público, dos medidas que, según señaló, podrían generar ahorros sin comprometer el funcionamiento de la Contraloría.
El Tribunal Supremo de Elecciones resolvió devolver al Ministerio de Hacienda ₡6,825.2 millones (USD 15,03 millones) correspondientes a recursos no utilizados en el presente año. Esta devolución incluye fondos previstos para eventuales segundas rondas electorales, referendos, alquiler de equipo de cómputo y otros rubros del presupuesto.
El TSE subrayó que este ajuste supera la solicitud de recorte del 5% de Hacienda y permitirá evitar una disminución del plan de gasto para 2027, lo que podría afectar la organización del proceso electoral municipal de 2028.
El organismo electoral advirtió que una reducción anticipada de recursos para el próximo año podría comprometer la planificación de actividades logísticas y la prestación de servicios electorales y registrales, funciones que la Constitución y la Ley Orgánica del TSE le encomiendan.
Las autoridades de estas instituciones recalcaron que sus decisiones responden a la directriz de contención del gasto público, aunque insistieron en la necesidad de proteger los servicios esenciales y la operatividad institucional. Todas advirtieron que ajustes adicionales podrían impactar el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, especialmente en áreas sensibles como la fiscalización, la protección de derechos ciudadanos y la organización de procesos electorales.
