Las autoridades de seguridad de Honduras mantienen activo el procedimiento para ejecutar las órdenes de captura emitidas contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y Edis Antonio Moncada, exdirector de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), luego de que la jueza natural, magistrada Anny Ochoa, admitiera el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra ambos exfuncionarios.
La situación fue confirmada este viernes por el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, quien explicó que las órdenes judiciales fueron recibidas durante la noche del jueves y remitidas a los organismos correspondientes para su ejecución.
El funcionario precisó que los equipos policiales ya trabajan para cumplir las disposiciones emitidas por la autoridad judicial. Sin embargo, aclaró que las detenciones todavía no se habían concretado al momento de ofrecer sus declaraciones.
“Ya estamos siguiendo el protocolo correspondiente. Se recibieron ayer en horas de la noche y los equipos andan trabajando en ello porque es una orden judicial que debe de cumplirse, pero no se han hecho efectivas todavía”, manifestó Martínez.
El Ministerio Público atribuye a Luis Redondo cuatro imputaciones penales relacionadas con el funcionamiento de las instituciones públicas y los deberes de los funcionarios.
De acuerdo con la información proporcionada sobre el requerimiento fiscal, el expresidente del Congreso Nacional es señalado por perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
La información disponible no detalla los hechos específicos que el Ministerio Público atribuye a Redondo para sustentar cada una de las imputaciones. Tampoco incluye el contenido íntegro del requerimiento fiscal ni los argumentos que podrían formar parte de la defensa del exfuncionario.
Por esa razón, los señalamientos deben entenderse como acusaciones formuladas por la parte fiscal y no como delitos cuya comisión haya sido establecida mediante una sentencia condenatoria.
El procedimiento judicial también comprende a Edis Antonio Moncada, quien estuvo al frente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, una institución estatal.
Según el Ministerio Público, Moncada enfrenta tres cargos por presunta violación de los deberes de los funcionarios. Al igual que en el caso de Redondo, la jueza natural admitió el requerimiento fiscal presentado en su contra y se emitió una orden de captura.
Aunque ambos exfuncionarios figuran en el mismo procedimiento, las imputaciones que enfrentan son diferentes. Mientras Redondo es señalado por tres tipos de conducta, con dos cargos relacionados con la violación de deberes, a Moncada se le atribuyen tres delitos de esta última categoría.
La información disponible no especifica cuáles son las actuaciones concretas atribuidas al exdirector de la ENAG ni detalla las circunstancias que sustentan cada uno de los cargos.
Martínez explicó que los documentos fueron remitidos a los entes correspondientes después de ser recibidos durante la noche del jueves. Desde entonces, los equipos policiales trabajan en el procedimiento necesario para ejecutar las disposiciones.
El viceministro insistió en que las autoridades mantienen activo el protocolo correspondiente y que las órdenes judiciales deben cumplirse.
Sin embargo, no ofreció detalles sobre la ubicación de Redondo y Moncada, las diligencias específicas que desarrollan los agentes o un plazo estimado para concretar las detenciones.
Tampoco confirmó que se hubieran realizado operativos en domicilios u otros lugares vinculados con los requeridos.
En consecuencia, el estado del procedimiento debe describirse con precisión: las órdenes de captura fueron recibidas y su ejecución está en marcha, pero las detenciones no se habían hecho efectivas al momento de las declaraciones oficiales.
La presunción de inocencia y el derecho de defensa deben mantenerse durante el desarrollo del procedimiento. Las imputaciones del Ministerio Público deberán examinarse en el ámbito judicial antes de establecer cualquier responsabilidad penal.
