El opositor cubano José Elías González Agüero, de 71 años, denunció que permaneció cuatro días bajo custodia policial sin acceso a sus medicamentos para la diabetes, la hipertensión y una cardiopatía, tras su arresto el 16 de octubre en La Habana. Luego de recuperar la libertad el 19 de octubre, recibió una nueva citación para presentarse este jueves 22 de octubre ante la Policía.
José González es vicecoordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) y gestor del Proyecto Emilia. Según su testimonio, agentes de la Seguridad del Estado lo sacaron de su vivienda sin exhibir una orden de detención y no le permitieron llevar los fármacos que utiliza de forma regular.
Su familia pasó varias horas sin información sobre su ubicación. Más tarde confirmó que se encontraba recluido en la unidad policial de Zapata y C, en La Habana.
“Al tercer día fue que me llevaron al hospital a tomarme la presión”, relató, según declaraciones divulgadas por Martí Noticias. El activista aseguró que sufrió un infarto en marzo y que, tras salir de la unidad policial, su presión arterial continuaba fuera de control.
La denuncia apunta a la falta de asistencia médica durante el período en que permaneció detenido. De acuerdo con el relato del opositor, sus problemas de salud eran conocidos al momento de su arresto, pero no recibió sus medicamentos ni atención clínica inmediata.
La detención ocurrió el 16 de octubre y concluyó el 19, aunque el proceso abierto en su contra continuó. Durante el arresto, las autoridades le notificaron una acusación por presunta desobediencia.
Según la organización de asesoría jurídica Cubalex, las autoridades fijaron una fianza de 7,000 pesos cubanos (USD 8.51). El pago se demoró porque el banco no abrió durante el fin de semana, una circunstancia que prolongó su permanencia bajo custodia.
El caso se suma a denuncias por amenazas, agresiones y falta de medicamentos contra el activista
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) había alertado sobre la detención y sobre la falta inicial de información respecto del paradero del activista. El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), que funciona dentro de esa institución, clasifica hechos de este tipo bajo el indicador de “uso abusivo del poder” cuando existen actuaciones administrativas, penales o policiales que, según su metodología, restringen derechos fundamentales.
En su último informe mensual, el OCLE señaló que el uso abusivo del régimen fue el principal indicador de vulneraciones a la libertad de expresión y de prensa registrado durante septiembre en Cuba, con 49 menciones. El documento también describió casos de abandono médico en centros penitenciarios y denuncias de obstáculos para acceder a atención sanitaria bajo custodia estatal.
El caso cuenta con antecedentes. En julio, el OCLE documentó denuncias de agresiones, amenazas de muerte y privación de medicamentos contra el activista durante otro operativo de la Seguridad del Estado.
La nueva detención, junto con la acusación de desobediencia, la imposición de una fianza y la citación posterior, fue incorporada por el observatorio como un episodio de presunta vulneración de derechos. El foco del reclamo está en las condiciones de custodia de un hombre de 71 años con enfermedades crónicas y antecedentes cardíacos.
