Estados Unidos anunció este jueves nuevas restricciones de visa contra 15 ciudadanos bolivianos, entre ellos diputados, fiscales, jueces y exautoridades policiales, a quienes vincula con presuntas actividades de corrupción y narcotráfico.
La lista difundida por el Departamento de Estado incluye funcionarios actuales y personas que ocuparon cargos en organismos centrales del Estado, como el Ministerio Público, el Órgano Judicial, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Migración y el Servicio General de Identificación Personal (Segip).
Entre los 15 señalados figuran los diputados Rafael Darío López y Rolando Santos Pacheco; el exfiscal general Juan Lanchipa; el exfiscal departamental de Beni, Félix Balderas; y el fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz, Julio César Porras Velarde.
La nómina incluye también a Diego Alejandro Barboza, director de la UIF; Aldo Ismael Quezada, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Fernando Velasco, exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la Felcn en el aeropuerto internacional de Viru Viru; el principal centro de conexión área del país; y Freddy Pereira, excomandante de la Policía de Tarija.
Completan la lista Óscar Ortiz Cuéllar, exdirector departamental del Segip en Santa Cruz; Katherine Calderón, exdirectora general de Migración; José Ayaviri, exjuez penal; Armando Rojas, exfiscal de La Paz; Rony Suárez Milliet, ciudadano investigado por presuntos vínculos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset; y Julio Alba Flores, juez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
La nueva se suma a una lista anterior de bolivianos a los que Washington impuso restricciones similares, entre ellos el fiscal general que estaba en funciones, Roger Mariaca. La medida también alcanza a los familiares de los señalados, según la información publicada por medios locales.
El Gobierno estadounidense justificó las restricciones al afirmar que las personas incluidas socavan a gobiernos democráticamente elegidos en el hemisferio mediante actividades de corrupción o narcotráfico. Washington añadió que la Administración del presidente Donald Trump apoya al Gobierno de Rodrigo Paz en sus esfuerzos para eliminar la influencia criminal en las instituciones.
Tras darse a conocer la lista, el presidente Paz minimizó la importancia de la sanción estadounidense y cuestionó la atención que la política y los medios concentran en ese tipo de anuncios. “Quiero (decir) a la prensa, yo se que hay titulares que impactan más, hoy día ha salido una famosa lista, salen lista, salen una serie de anuncios y la política centraliza una serie de atención”, afirmó el mandatario durante la presentación de un plan de preservación de agua. En ese contexto, contrapuso la repercusión de esos anuncios con los problemas cotidianos de la población y sostuvo que “la vida de los bolivianos consta de realidades”, como la falta de acceso a servicios básicos.
Poco después, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, adoptó un tono más institucional fijó y la posición del Ejecutivo frente a las restricciones anunciadas por Washington: “El Gobierno no va a dar ninguna protección ni blindaje para nadie”, afirmó en conferencia de prensa.
Gálvez informó que los funcionarios del Ejecutivo que fueron señalados en la lista serán cesados de sus cargos y que la sanción de Estados Unidos coincide con la política de la administración de Paz bajo la cual algunos de los casos ya estaban siendo investigados. “No actuamos por imposición externa, actuamos por responsabilidad propia, pero celebramos coincidir en varios casos en las decisiones tomadas por el Gobierno americano”, agregó.
El nuevo listado generó una serie de reacciones en Bolivia: el jefe de la bancada de Libre, Jorge Quiroga, pidió el alejamiento del diputado Rafael López, miembro de su partido; Aldo Quezada renunció a la presidencia del tribunal de Justicia de Santa Cruz y el vicepresidente Edmand Lara anunció que los legisladores señalados serán denunciados ante la Comisión de Ética de la Cámara baja.
El caso también abre el debate en el país sobre la influencia de Estados Unidos para ordenar el tablero político boliviano, en medio de cuestionamientos sobre la capacidad estatal para combatir la corrupción y el narcotráfico por cuenta propia.
