El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la detención de Carlos Antonio Lloga Domínguez, un cubano señalado por el Departamento de Estado de operar durante más de una década como agente de influencia extranjera para el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la organización que Washington describe como el principal frente de inteligencia del régimen de La Habana en Estados Unidos.
Lloga Domínguez fue arrestado esta semana junto a su esposa y su hijo, ambos cubanos, después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus legal en el país. Los tres permanecen bajo custodia federal a la espera de un proceso de deportación, según confirmó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.
El funcionario detenido “pasó más de una década trabajando como subversivo extranjero” para el instituto, señaló Pigott en un comunicado. Washington sostiene que la entidad mantiene una relación estrecha con agentes de inteligencia cubanos y que utiliza su estructura internacional para vigilar a ciudadanos estadounidenses.
El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos fue fundado por Fidel Castro en diciembre de 1960 para tender lazos de solidaridad entre Cuba y organizaciones de otros países. La entidad afirma mantener vínculos con más de 2.000 organizaciones en 150 países y fue durante décadas anfitriona de las brigadas de trabajo voluntario que viajaban a la isla.
Para entender el caso hay que remontarse al 4 de junio, cuando el Tesoro incluyó al instituto en la lista de sanciones al amparo de la orden ejecutiva 14404, firmada un mes antes por el presidente Donald Trump bajo el título “Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. La misma tanda alcanzó al dictador cubano Miguel Díaz-Canel a su esposa, Lis Cuesta, y a otros integrantes de su entorno, además del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los Comités de Defensa de la Revolución.
Aquella designación implicó el bloqueo de todos los bienes e intereses del instituto sujetos a jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de acceder a servicios financieros o comerciales en el país. La medida se enmarca en una campaña más amplia de la Administración Trump para desmantelar lo que considera la infraestructura de control político y financiero del Partido Comunista cubano.
Al frente del instituto sancionado está Fernando González Llort, un antecedente que Washington usa como argumento central. González Llort integró la Red Avispa, una red de espionaje cubano desarticulada en Florida a finales de los años noventa, y fue condenado en Estados Unidos a 15 años de prisión, según el Departamento de Estado. Tras cumplir condena, volvió a Cuba, ocupó cargos políticos y asumió la presidencia del instituto.
El instituto rechazó las acusaciones. En un comunicado del 9 de junio, calificó su inclusión en la lista de sanciones como un acto de hostilidad política basado en calumnias que busca justificar el recrudecimiento del bloqueo económico contra Cuba, e insistió en que su único propósito, en 65 años de existencia, ha sido promover el entendimiento entre pueblos.
Rubio, que difundió el caso en sus redes sociales, advirtió que cualquier persona vinculada al instituto podría enfrentar sanciones, procesos judiciales o la expulsión del país. “Estados Unidos nunca se convertirá en hogar de comunistas extranjeros que difundan propaganda, dirijan operaciones de influencia subversiva o apoyen movimientos radicales antiestadounidenses”, afirmó.
El caso se suma a una secuencia de medidas que Washington ha intensificado desde comienzos de año contra la cúpula dirigente cubana. La detención de una familia completa por vínculos con una organización de siete décadas de existencia anticipa un endurecimiento de los controles migratorios contra ciudadanos cubanos señalados por sus antiguos cargos en instituciones estatales, incluso años después de haberlos dejado.
