La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica atendió durante el 2025 un total de 29,247 casos relacionados con presuntas vulneraciones de derechos, problemas en la prestación de servicios públicos y solicitudes de asesoría en diversos ámbitos que afectan la vida cotidiana de la población costarricense, según el Informe Anual de Labores.
El documento, correspondiente al período 2025-2026, fue entregado por la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, durante una sesión del plenario legislativo, donde expuso el comportamiento de las principales denuncias recibidas por la institución y los retos que enfrentan las entidades públicas para garantizar el respeto de los derechos de la ciudadanía.
Las cifras reflejan un crecimiento sostenido en la demanda de los servicios de la Defensoría. Durante el año anterior las intervenciones aumentaron un 5% en comparación con 2024 y un 9.29% respecto al 2023, lo que representa aproximadamente 1,400 solicitudes adicionales en relación con los años previos.
El informe evidencia que la mayoría de las personas que acudieron a la institución tienen edades comprendidas entre los 25 y 54 años, segmento que representa cerca del 60% de quienes solicitaron acompañamiento o presentaron denuncias. Asimismo, un 12.7% de las atenciones correspondió a personas adultas mayores.
Salud continúa siendo la principal preocupación
Entre los derechos más reclamados por la ciudadanía, los asuntos relacionados con la salud ocuparon el primer lugar. Cerca del 20% de las intervenciones realizadas por la Defensoría estuvieron vinculadas con situaciones que afectan el acceso o la prestación de servicios sanitarios.
Este comportamiento mantiene a la atención en salud como uno de los principales focos de inconformidad ciudadana, en un contexto donde continúan registrándose quejas por listas de espera, acceso oportuno a consultas especializadas, medicamentos y otros servicios públicos esenciales.
El informe también identifica a las instituciones públicas que concentraron la mayor cantidad de intervenciones por parte de la Defensoría durante el 2025.
Encabezan la lista el Ministerio de Justicia y Paz, seguido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Dirección General de Migración y Extranjería, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Ministerio de Educación Pública (MEP).
La Defensoría explicó que estas intervenciones abarcan procesos de investigación, seguimiento, solicitudes de información, mediaciones y otras actuaciones orientadas a garantizar la protección de los derechos de las personas usuarias de los servicios públicos.
Aumentan las denuncias por hostigamiento sexual
Uno de los datos que más llamó la atención del informe corresponde al incremento de los reportes relacionados con hostigamiento sexual dentro de las instituciones públicas.
Mientras durante el 2024 la Defensoría registró 410 denuncias, en el 2025 esa cifra aumentó hasta 590 casos, lo que representa un crecimiento significativo en apenas un año.
La institución considera que este comportamiento merece una atención especial desde la perspectiva de los derechos humanos y del fortalecimiento de los mecanismos institucionales para prevenir, investigar y sancionar este tipo de conductas.
Gobiernos locales también concentran reclamos
El informe anual también dedica un apartado al trabajo realizado con los gobiernos locales.
Durante el 2025 la Defensoría intervino en 1,189 solicitudes relacionadas con municipalidades, principalmente por problemas vinculados con infraestructura pública, procedimientos administrativos, contaminación ambiental y limitaciones en el acceso al agua potable.
Las municipalidades que registraron la mayor cantidad de intervenciones fueron San José, Alajuela, Limón, Pérez Zeledón y San Carlos, reflejando que una parte importante de las preocupaciones ciudadanas continúa concentrándose en la gestión de los gobiernos locales.
Más demanda de acompañamiento ciudadano
El crecimiento sostenido en las intervenciones refleja una mayor utilización de los mecanismos de protección que ofrece la Defensoría, pero también pone en evidencia los desafíos que aún enfrentan distintas instituciones públicas para garantizar una prestación eficiente de los servicios.
La institución recordó que su función consiste en supervisar el actuar de la administración pública, investigar posibles vulneraciones de derechos fundamentales y promover soluciones cuando se detectan irregularidades que afectan a la población.
Con casi 30.000 intervenciones registradas durante el último año, el informe muestra que la Defensoría continúa siendo uno de los principales canales utilizados por la ciudadanía para denunciar presuntas violaciones de derechos y buscar acompañamiento frente a problemas con entidades estatales.
Los resultados también evidencian áreas donde persisten retos importantes para la administración pública, especialmente en sectores sensibles como salud, justicia, educación, migración y atención social, así como en la prevención del hostigamiento sexual y el fortalecimiento de la gestión municipal.
