La Fiscalía de Bolivia abrió una investigación para esclarecer la muerte de un joven de 24 años, por un impacto de bala, en un punto de bloqueo en el contexto de una intervención policial para abrir un “corredor humanitario” en el departamento de La Paz. Sin embargo, el gobierno ha descartado el uso de armas letales durante los operativos.
Según la información preliminar, la víctima es Víctor Cruz Quispe, quien participaba en manifestaciones en la localidad de Vilaque Copata, a 45 kilómetros de la sede de Gobierno.
El acta de defunción del Hospital de Clínicas, firmada por el médico forense Edwin Rojas Quiroga, establece que el joven falleció en vía pública, aproximadamente a las 16:30 del sábado. “Las causas de la defunción son fractura de vértebra cervical y sección medular, traumatismo cervical penetrante por proyectil de arma de fuego”, según señala el certificado. El informe de la autopsia indica las mismas causas.
Reportes de los medios de la prensa local señalan que la caravana policial para abrir un corredor humanitario no pudo pasar debido al enfrentamiento entre uniformados y bloqueadores.
Si bien el Gobierno no ha emitido un informe oficial sobre este deceso, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, descartó el uso de armas de fuego.
“El operativo de corredor humanitario no tenía armas letales y se verificó que ningún efectivo lleve un arma letal”, explicó en entrevista con el canal estatal Bolivia TV. “Somos los primeros interesados en que se aclare, yo garantizo que en el plan de operación había una orden expresa de que las fuerzas del orden no lleven armas letales de ningún calibre. Corresponde impulsar y exigir una investigación hasta dar con los culpables”, agregó.
En tanto, el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público investiga las circunstancias de la muerte mediante una comisión de fiscales. “Estamos trabajando en el caso, existe un fallecido y estamos investigando desde ayer (sábado)”, señaló el fiscal Torrez a la Agencia de Noticias Fides (ANF). El caso fue abierto por el delito de homicidio.
Bolivia atraviesa una ola de conflictos sociales que se radicalizaron el 6 de mayo cuando campesinos de La Paz iniciaron bloqueos de caminos para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Si bien el gobierno ha atendido demandas de los sectores que tenían reclamos sindicales, otros se han sumado al pedido de renuncia y la medida de presión se ha masificado.
El domingo por la noche se registraban 55 puntos de bloqueo en seis de los nueve departamentos del país, la mayoría concentrados en La Paz, Oruro y Cochabamba. El Gobierno logró habilitar un “corredor humanitario” para permitir el paso de alimentos e insumos básicos a la sede de Gobierno, pero los bloqueos fueron retomados inmediatamente después y no se logró consolidar un segundo paso.
Los piquetes han provocado desabastecimiento de comida en La Paz e interrupciones en el servicio de transporte. Según el Gobierno, al menos cuatro personas perdieron la vida por no recibir auxilio médico oportuno al no poder ser trasladadas a un centro médico.
A casi 20 días del inicio de piquetes, la administración de Paz ha descartado su renuncia y ha informado sobre reuniones con diferentes sectores para mitigar los focos de conflicto sin dar detalles sobre las negociaciones. El miércoles, el presidente prometió ajustes en su gabinete —pero desde entonces solo cambió al ministro de Trabajo— y la creación de un Consejo Económico y Social, que será una instancia consultiva y de diálogo con organizaciones sociales.
Mientras crecen los pedidos de implementación de un estado de excepción regional, el gobierno ha reiterado que optará por la vía del diálogo.
“Es un momento difícil, pero creo que Bolivia está buscando superar las diferencias bajo el manto del diálogo. A aquellos que no quieren dialogar, les caerá la Constitución, porque para eso hay una Constitución. Pero para aquellos que sí quieren dialogar, habrá obras, trabajo y el bienestar necesario para construir y sacar la patria adelante”, afirmó el mandatario este lunes en un acto cívico en Sucre, capital del país.
