El ex presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) se enfrentará desde el próximo lunes a un juicio oral por trata agravada de personas, el delito de mayor gravedad del proceso que la justicia boliviana le sigue desde 2024 por la presunta relación que habría mantenido con una menor de edad durante su mandato. El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de Tarija fijó la audiencia para el 11 de mayo a las 08:20, hora local (12:20 GMT), y ordenó medidas de seguridad reforzadas “en atención a la naturaleza del proceso y su relevancia”.
La acusación se centra en la presunta relación que Morales habría mantenido con la joven identificada en los medios como Cindy Saraí V.P., menor de edad en ese momento, entre 2015 y 2016, con quien habría tenido una hija. También figura como coacusada Idelsa Pozo Saavedra, madre de la joven, a quien la Fiscalía atribuye haber facilitado esa relación a cambio de beneficios laborales. Según la acusación, la joven habría formado parte de “Generación Evo”, un grupo juvenil impulsado por el Gobierno de Morales. Tras hacerse público el caso, la presunta víctima huyó del país junto a su hija y su madre, y obtuvo el estatuto de refugiada en Argentina en agosto de 2025 a través de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare).
La apertura del juicio oral representa el punto de mayor exposición legal que ha alcanzado Morales desde que la fiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez dictó una orden de aprehensión en su contra en octubre de 2024. La acusación formal se presentó ese mismo mes, y el proceso avanzó hacia el juzgamiento luego de que los plazos para presentar pruebas de descargo quedaran vencidos. El Ministerio Público reunió más de 170 pruebas de cargo, según informó la semana pasada el fiscal departamental José Mogro. La pena prevista, cuando la víctima es menor de edad, va de quince a veinte años de prisión.
Morales no comparecerá. Su abogado, Nelson Cox, confirmó la citación pero anunció un recurso ante el tribunal para denunciar vulneraciones al debido proceso y calificó el caso de acusación “forzada y falsa” con fines mediáticos. Cox sostuvo que la presunta víctima habría negado en varias ocasiones ser víctima de trata —sin aportar documentación pública al respecto— y que, sin su presencia en el juicio, el proceso sería jurídicamente “inexistente”. La inasistencia del ex mandatario abre la posibilidad de que el tribunal lo declare nuevamente en rebeldía.
No es la primera vez que Morales desobedece una citación judicial. En enero de 2025, la justicia boliviana ya lo declaró en rebeldía tras su ausencia en dos audiencias previas, y dispuso su arraigo, la congelación de sus cuentas bancarias y una orden de aprehensión. Para evitar ser detenido, permanece desde octubre de 2024 en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, bajo la protección de seguidores que impiden el acceso de las autoridades. Ante la imposibilidad de notificarlo personalmente, el tribunal recurrió en los últimos días a citaciones por edicto publicadas en medios de comunicación.
Este miércoles, Morales publicó en X mensajes en los que acusó al gobierno del presidente Rodrigo Paz de ejecutar “una brutal persecución judicial y mediática” para aniquilarlo “moral y físicamente”. El ex mandatario no hizo referencia directa al juicio por trata, pero cuestionó que el Gobierno hubiera anunciado la víspera que solicitaría a Estados Unidos información sobre su supuesta vinculación con redes de narcotráfico. La acusación de lawfare —el uso de los procedimientos judiciales como arma política— es el eje de su estrategia defensiva, aunque la defensa no ha impugnado públicamente la autenticidad de las pruebas reunidas en su contra.
