Si la reciente Ley de Unidad Nacional busca integrar y condicionar ideológicamente a la sociedad china y el Decreto 835 responde a la extraterritorialidad de otros Estados y la posibilidad de desconocer las leyes de otros países, el Decreto 837 busca crear un marco integral para controlar y orientar las inversiones chinas en el exterior bajo una lógica de “seguridad nacional”. Bajo ese paraguas nebuloso y difuso la discrecionalidad del régimen es absoluta.
Formalmente, la norma aprobada por Consejo de Estado sobre la Inversión en el Exterior tiene cuatro objetivos: promover la inversión exterior; proteger a los inversores chinos; fortalecer la supervisión estatal; y proteger la seguridad nacional y los intereses estratégicos del país. Sin embargo, a medida que se avanza en el texto aparece un elemento que hoy caracteriza buena parte del derecho chino: la seguridad nacional deja de ser una materia excepcional y pasa a convertirse en un principio transversal de regulación económica.
Es el Artículo 3 el que lo explicita. Dispone que todas las inversiones en el exterior deben coordinarse con lo que el régimen llama “seguridad del régimen”. Textual: “La política relativa a la inversión en el exterior se regirá por el principio fundamental de apertura al exterior, aplicará el Concepto General de Seguridad Nacional, coordinará el desarrollo con la seguridad, armonizará las dimensiones interna e internacional, perfeccionará el sistema de gestión y de servicios para la inversión en el exterior, elevará la calidad y el nivel de dichas inversiones y promoverá la apertura, la cooperación, el beneficio mutuo y las relaciones de ganancia compartida”.
Este concepto, bajo el comando de Xi Jinping, tiene un alcance mucho más amplio que la “seguridad nacional” en la tradición occidental. Abarca no solo la defensa o el terrorismo, sino también la tecnología, los datos, las finanzas, las cadenas de suministro, la energía, la cultura y la estabilidad política.
“Estos decretos amplían aún más la idea del Partido Comunista Chino (PCC) de que los huaqiao, o chinos en el extranjero, siguen estando sujetos a la ley interna china“, explica Leland Lazarus, fundador y CEO de Lazarus Consulting, un think tank enfocado en el accionar Beijing. “Se fundamenta en la Ley Nacional de Inteligencia de 2017, que obliga a todos los ciudadanos y empresas chinas a apoyar las actividades de inteligencia del PCC, y en la Ley de Seguridad Nacional de 2020 que penaliza la secesión, la subversión, el terrorismo o la colusión con fuerzas extranjeras”, remarca.
Uno de los aspectos más polémicos del decreto es que numerosas decisiones quedan en manos del Consejo de Estado y de los ministerios competentes. El omnipresente régimen chino tiene potestad para definir qué inversiones son promovidas y cuáles no. Tiene el poder de restringir otras y prohibir determinadas operaciones. E incluso ordenar desinversiones. Es decir: no sólo podría desautorizar alguna operación futura, sino desarmar alguna que ya esté operativa.
El decreto 837 prohíbe además exportar o utilizar en el exterior determinados bienes, tecnologías, servicios y datos sin autorización estatal. Incluso alcanza formas indirectas de transferencia, como el desplazamiento de personal técnico, la capacitación o la asistencia técnica transfronteriza. Lo remarca en su Artículo 13.
El punto 15 del decreto también es restrictivo para ciudadanos y compañías. Establece un sistema de revisión de seguridad para inversiones exteriores y obliga a corporaciones y personas a colaborar plenamente. Consultado por Infobae, Lazarus estima que se está observando “una consolidación de la filosofía del PCC de que todos los chinos —individuos, empresas y gobierno— sirven como instrumentos del poder nacional integral del país”.
“Cuando organizaciones o personas establecidas en el territorio de la República Popular China participen en procedimientos arbitrales o judiciales relacionados con inversiones en el exterior, o sean objeto de investigaciones por parte de autoridades judiciales o de aplicación de la ley de otros países o regiones, y necesiten proporcionar pruebas u otros materiales a entidades situadas en el extranjero, deberán cumplir las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la protección de secretos de Estado, la seguridad de los datos, la protección de la información personal, la administración de la exportación de tecnologías, el control de exportaciones y la asistencia judicial internacional”, señala el Artículo 22. Es un claro límite para los ciudadanos, inversores y ejecutivos de empresas chinas en el extranjero.
Este polémico artículo podría generar conflictos para corporaciones que operan simultáneamente bajo la legislación china y la de otros países, especialmente cuando deben responder a requerimientos judiciales o regulatorios extranjeros. ¿Deben pedir permiso a Beijing para cumplir una ley en Rio de Janeiro? Al parecer.
Un patrón claro de control
En las últimas normas analizadas en Infobae aparece un patrón claro. Mientras la Ley de Unidad Nacional controla la cohesión ideológica y social, el Decreto 835 se refiere a la relación jurídica entre empresas chinas y medidas adoptadas por otros Estados, el Decreto 837 revisa cómo el capital chino sale al exterior y bajo qué condiciones puede hacerlo.
En conjunto, estas normas reflejan una tendencia a integrar la política económica, la seguridad nacional y acción exterior bajo un mismo marco regulatorio. Estados Unidos y Europa también tiene leyes sobre exportaciones sensibles, pero lo hacen en un marco específico y para determinados sectores y riesgos delimitados. Los decretos chinos, en cambio, incorporan la noción de “seguridad nacional” y se proyecta sobre un abanico mayor de decisiones con amplia discrecionalidad por parte del estado.
“Las leyes chinas realmente no tienen fuerza si los gobiernos locales no las cumplen. Pero también hemos visto cómo China está dispuesta a ejercer presión económica y política para lograr que los países las acaten. Esta ley podría disuadir a las organizaciones en el extranjero que promueven los derechos de Taiwán, los uigures, el Tíbet o Hong Kong, si los líderes de esas organizaciones temen que el PCC pueda tomar represalias contra sus familias en su país de origen”, concluye Lazarus.
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