El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó al 15 de julio de 2026 como “un hito lamentable en las relaciones entre Brasil y Estados Unidos”, tras la decisión de Washington de imponer aranceles del 25% a productos brasileños con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
A través de su cuenta de X, Lula afirmó: “El gobierno brasileño repudia la decisión anunciada hoy por el gobierno de EEUU relativa a la imposición de aranceles del 25% sobre productos brasileños”. El mandatario sostuvo que no existe justificación para medidas unilaterales y recordó que, según estadísticas estadounidenses, en los últimos 15 años Estados Unidos acumuló USD 424.500 millones de superávit comercial con Brasil.
Lula destacó que en 2025, el 76% de las importaciones estadounidenses ingresaron a Brasil sin aranceles, y la tasa media efectiva aplicada fue solo del 3,1%. “Brasil no reconoce la legitimidad de investigaciones sin respaldo en las reglas multilaterales de comercio. A pesar de ello, nunca hemos abandonado la mesa de negociación para defender los intereses nacionales”, añadió.
El presidente señaló que su gobierno presentó evidencias ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para refutar las acusaciones sobre prácticas comerciales desleales, el sistema de pagos PIX, la regulación de plataformas digitales y la deforestación. “El PIX es un patrimonio de nuestro pueblo y una referencia internacional de infraestructura pública digital”, afirmó.
Lula subrayó que la mayoría de las intervenciones en las audiencias públicas de la USTR se manifestaron en contra de los aranceles y aseguró que Brasil continuará diversificando sus asociaciones comerciales y protegiendo sectores afectados por “aranceles ilegales” a través del Plan Brasil Soberano.
El mandatario anunció que el país activará “inmediatamente” la Ley de Reciprocidad y llevará el caso a la Organización Mundial del Comercio (OMC). También acusó a la familia Bolsonaro de colaborar activamente en el desenlace adverso de las investigaciones estadounidenses por motivos electorales.
“Proteger nuestra soberanía es una obligación que está por encima de todos los partidos y todas las tendencias. El gobierno brasileño no vacilará en su deber de preservarla”, concluyó Lula.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respaldó este miércoles la imposición de aranceles del 25% a la mayoría de las importaciones procedentes de Brasil, ordenada por el presidente Donald Trump. Rubio afirmó que la decisión responde a la falta de negociaciones “de buena fe” por parte del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
En un mensaje publicado en la misma plataforma que el mensaje de Lula, Rubio aseguró que el inquilino de la Casa Blanca dispuso al Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) aplicar los gravámenes y enfatizó que “no debe haber confusión” sobre el motivo de la medida. El jefe de la diplomacia estadounidense acusó a Lula de anteponer “su propio ego” durante el último año en lugar de buscar un acuerdo beneficioso para el pueblo brasileño.
Rubio calificó las políticas económicas del presidente brasileño como “malas para los estadounidenses y malas para los brasileños” y responsabilizó al gobierno de Brasil por la falta de entendimiento comercial con Estados Unidos.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que los nuevos gravámenes buscan proteger los intereses económicos estadounidenses frente a prácticas comerciales que Washington considera desleales. Greer señaló que, pese a un año de negociaciones con Brasil, no se logró resolver las diferencias, aunque subrayó que Estados Unidos mantiene abierta la puerta al diálogo.
El funcionario acusó a Brasil de perjudicar a empresas tecnológicas estadounidenses, de retroceder en la aplicación de medidas anticorrupción y de permitir que agricultores brasileños obtengan ventajas competitivas mediante el uso de tierras deforestadas ilegalmente. Según Greer, estas prácticas han dificultado el acceso de trabajadores, productores y exportadores estadounidenses al mercado brasileño.
La investigación incluyó consultas formales con el Gobierno de Brasil, dos audiencias públicas y el análisis de más de 360 comentarios escritos enviados por particulares y organizaciones. Además, 77 testigos comparecieron en las audiencias celebradas este mes antes de que la administración Trump adoptara la medida definitiva.
(Con información de EFE)
