El retorno forzado de cientos de salvadoreños desde Estados Unidos se ha convertido en una realidad que impacta de manera directa a las familias y, de forma particular, a los jóvenes nacidos en territorio estadounidense hijos de padres migrantes.
El endurecimiento de las leyes migratorias y el inminente vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) han provocado un aumento en las deportaciones y en los retornos bajo presión, generando un escenario de incertidumbre emocional y social.
De acuerdo con Jorge Rodríguez, coordinador nacional del Servicio Jesuita con Migrantes de El Salvador (SJM), quien brindó declaraciones en el programa de entrevistas de YSUCA Radio, el fenómeno del retorno forzado no es nuevo para el país, pero en los últimos dos años se ha intensificado.
Rodríguez diferenció entre las deportaciones directas y aquellas decisiones de retorno tomadas bajo un ambiente de persecución y miedo en Estados Unidos, donde muchos migrantes optan por regresar ante el temor de violaciones a sus derechos humanos.
Rodríguez explicó que tanto quienes son deportados como quienes retornan bajo presión enfrentan retos similares al llegar a El Salvador. “Son personas que llevaban un ciclo vital en otro país, con una forma de vida y de sustento, y que, debido a las políticas migratorias, han debido interrumpirlo para reinsertarse en una sociedad que en muchos casos ya no reconocen como propia”, afirmó.
En el proceso de deportación, algunos pasan un tiempo prolongado en centros de detención en Estados Unidos, donde existen registros de malos tratos y condiciones cercanas a la violación de derechos humanos. Este tipo de experiencias deja una huella emocional y psicológica que se suma a la incertidumbre del retorno.
El impacto emocional de este proceso se agrava cuando las personas no logran planificar su regreso y pierden pertenencias, ahorros y redes de apoyo. “Muchas veces no hay familiares que puedan dar soporte, ni existen redes sociales que faciliten la reinserción. Esto produce desamparo y una sensación de tener que empezar de cero”, detalló Rodríguez.
Además, el reto de acceder a un empleo digno y recuperar la estabilidad económica representa una carga adicional, sobre todo para quienes han pasado largos periodos fuera del país.
La situación se vuelve más compleja para las familias mixtas, en las que los padres son salvadoreños y los hijos nacieron y crecieron en Estados Unidos. Para estos jóvenes y niños, el retorno implica adaptarse a un país desconocido, superar barreras lingüísticas y enfrentar un sistema educativo distinto.
Rodríguez reconoció que existen directrices del Ministerio de Educación para facilitar la integración educativa de los retornados, pero la información pública sobre la efectividad de estos programas es limitada y persisten dudas sobre la capacidad del sistema para absorber a toda esta población.
El coordinador del Servicio Jesuita con Migrantes de El Salvador señaló que la reintegración social y cultural es uno de los desafíos más grandes. La falta de recursos en las instituciones públicas, unida a la escasez de personal especializado, dificulta la atención integral a los retornados. “El acompañamiento cercano es clave para la reintegración, pero no siempre es posible por las limitaciones presupuestarias y de infraestructura”, señaló el especialista.
El estigma social hacia la población retornada añade un obstáculo más, especialmente en el acceso al mercado laboral. Rodríguez planteó la necesidad de campañas de sensibilización que involucren tanto al sector privado como a las comunidades locales, con el objetivo de derribar prejuicios y facilitar la inclusión de quienes regresan.
El próximo vencimiento del TPS mantiene en vilo a miles de salvadoreños en Estados Unidos, quienes podrían quedar en situación migratoria irregular y verse obligados a retornar. Según cifras del SJM, en los primeros seis meses de 2026 se registró un aumento del 73% en el número de deportaciones respecto al año anterior, alcanzando los 10,500 casos.
Para los jóvenes nacidos en Estados Unidos, el retorno forzado representa no solo la pérdida de oportunidades educativas y laborales, sino también el desafío de reconstruir su identidad y adaptarse a una nueva realidad marcada por la separación familiar y la incertidumbre. El escenario actual exige respuestas coordinadas entre instituciones, organizaciones sociales y comunidades para atender las necesidades de una población en situación de alta vulnerabilidad.
