Pablo Adrián Hidalgo Tuárez, alias “Caballo”, uno de los procesados por el presunto esquema de lavado de activos atribuido a una organización criminal de origen albanés que operó en Ecuador, fue capturado en La Maná, provincia de Cotopaxi. El hombre permanecía prófugo y está llamado a juicio dentro del caso Pampa, la investigación que también tiene entre sus procesados al ciudadano albanés Dritan Gjika.
La detención ocurrió el domingo 23 de agosto durante una operación ejecutada por unidades especializadas del Ejército ecuatoriano. Los militares intervinieron un inmueble situado en la intersección de las avenidas Sigchos y Calaví, en La Maná, donde localizaron a Hidalgo Tuárez y verificaron que tenía una boleta de captura vigente. Después del procedimiento fue trasladado a Quevedo, en la provincia de Los Ríos, y puesto a disposición de las autoridades.
La captura permite reactivar una parte del proceso judicial que permanecía paralizada precisamente porque Hidalgo Tuárez no había sido localizado. En octubre de 2024, un juez especializado llamó a juicio a 13 personas naturales y ocho personas jurídicas por presunto lavado de activos dentro del caso Pampa. Entre ellas estaban Hidalgo Tuárez y Gjika, quienes se encontraban prófugos, por lo que el avance de la etapa de juicio quedó suspendido respecto de ambos hasta que fueran capturados o comparecieran voluntariamente.
A Hidalgo Tuárez se lo procesa como presunto autor directo del delito de lavado de activos. Las autoridades también lo han identificado como supuesto operador financiero de la estructura investigada. Su detención adquiere así una dimensión distinta a la de una captura exclusivamente relacionada con narcotráfico: su nombre ya constaba desde hace casi dos años dentro de uno de los principales expedientes abiertos en Ecuador para investigar cómo una red vinculada con el tráfico internacional de cocaína habría introducido millones de dólares en la economía formal.
La tesis de la Fiscalía sostiene que la organización utilizó actividades empresariales aparentemente legales para incorporar al sistema financiero recursos cuyo origen habría sido el narcotráfico. Uno de los principales mecanismos investigados fue el negocio de exportación de banano, un sector que habría servido tanto para justificar movimientos económicos como para sostener parte de la infraestructura empleada por la red.
Las empresas Agricomtrades y Cresmark aparecen entre las compañías investigadas. Además de las 13 personas naturales, ocho personas jurídicas fueron llamadas a juicio. Según la investigación, la estructura habría utilizado compañías para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos y otros activos con los que se habría buscado ocultar o dar apariencia de legalidad al dinero obtenido de actividades ilícitas.
El monto investigado da cuenta de la dimensión económica del expediente. La Fiscalía estableció en aproximadamente USD 43,4 millones el valor del presunto lavado de activos atribuido a la estructura. El proceso, identificado con el número 17U05-2024-00042, fue remitido al Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, con sede en Quito.
Gjika aparece como una de las figuras centrales de la investigación. De acuerdo con la tesis fiscal, el ciudadano albanés y su principal socio, Mario Sánchez Rinaldi, habrían utilizado negocios vinculados con la exportación bananera para movilizar grandes cantidades de dinero sin despertar inicialmente las alertas de las autoridades. La investigación acumuló más de 500 cuerpos procesales antes del llamamiento a juicio.
El caso Pampa permitió además reconstruir la relación entre las actividades económicas de la organización y el tráfico internacional de drogas. Las pesquisas apuntaron a que las redes vinculadas con ciudadanos albaneses aprovecharon la posición de Ecuador como uno de los principales exportadores mundiales de banano y su infraestructura portuaria para facilitar operaciones destinadas al mercado europeo.
La captura de Hidalgo Tuárez se produce después de varios operativos desarrollados durante los últimos años contra estructuras que combinan narcotráfico, empresas legales y mecanismos de lavado de activos. Las investigaciones han mostrado que estas organizaciones requieren no solo de personas encargadas de transportar o introducir cocaína en contenedores, sino también de operadores capaces de administrar empresas, propiedades y flujos de dinero.
