El proyecto de Río Indio prevé asegurar agua potable durante los próximos 50 años para más de 2 millones de personas y sostener la operación del Canal de Panamá frente al aumento del consumo y los efectos de los fenómenos climáticos.
La iniciativa, expuesta por la administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, incluye una inversión de $1.500 millones, un túnel de 8,7 kilómetros y obras viales para las comunidades de la cuenca.
El plan contempla trasvasar agua por gravedad desde el nuevo lago hasta el lago Gatún mediante esa infraestructura subterránea. La etapa de construcción duraría cuatro años y podría generar cerca de 2.700 empleos directos.
“El proyecto fue aprobado en enero del 2025 por la Junta Directiva del Canal de Panamá”, indicó Espino de Marotta, y a partir de esa autorización la entidad inició su trabajo en el territorio para preparar la ejecución de la obra.
La funcionaria sostuvo que la iniciativa responde a la mayor demanda de agua y a los riesgos derivados de los cambios observados en las condiciones climáticas durante la última década. También planteó que el proyecto busca evitar las consecuencias de una respuesta tardía frente a esa situación.
Especificaciones incluyen la construcción de cerca de 27 kilómetros de carreteras nuevas dentro de la cuenca. Las obras beneficiarán a 8.700 residentes de Río Indio y acompañarán las investigaciones técnicas conceptuales y geotécnicas que siguen en curso.
Se indicó que el proceso de diálogo con las comunidades censadas comenzó en mayo de 2025. La administración canalera busca acordar las condiciones de compensación y traslado para las familias alcanzadas por el proyecto.
Hasta mayo de este año, el 70% de las familias había participado en reuniones individuales o comunitarias vinculadas al reasentamiento, de acuerdo con las autoridades canaleras. La instancia forma parte de la preparación social y territorial necesaria antes de la construcción del embalse.
Los datos se dieron a conocer en el acto en la Asamblea Nacional, donde el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, junto a Espino de Marotta sustentaron el proyecto presupuestario correspondiente a la vigencia fiscal 2026-2027, que comenzará el 1 de octubre y finalizará el 30 de septiembre de 2027.
La propuesta calcula ingresos totales por $5.555,3 millones y gastos operativos por $1.784,5 millones, según explicó Icaza durante la presentación ante los diputados.
El Canal de Panamá estima transferir directamente al Estado panameño $3.607,8 millones durante la nueva vigencia fiscal. La cifra supera en $414 millones al monto aprobado para el período anterior y, de acuerdo con las autoridades, no implicará un alza de los peajes para los clientes de la vía acuática.
Icaza afirmó que la proyección confirma la capacidad financiera de la institución y su aporte sostenido al país. El incremento previsto se relaciona con los excedentes de la operación y con el ajuste del derecho por tonelaje, que pasó de $1 a $1,75.
Las autoridades aclararon que ese cambio no equivale a un aumento de los peajes cobrados a los buques que utilizan la ruta interoceánica. La medida, junto con los resultados de la operación canalera, explica el crecimiento previsto en los recursos que recibirá el Estado.
El presupuesto presentado por las autoridades todavía debe recibir el aval de la Comisión de Presupuesto, para luego avanzar hacia el segundo y el tercer debate ante el pleno de la Asamblea Nacional.
La discusión legislativa definirá el marco financiero bajo el cual funcionará el Canal durante el período comprendido entre octubre de 2026 y septiembre de 2027. La propuesta combina las previsiones de ingresos de la vía acuática con las inversiones previstas para reforzar la disponibilidad de agua.
