La semana pasada, Marco Rubio visitó Barranquilla, Quito y Lima. Esta es su cuarta gira por América Latina y el Caribe como Secretario de Estado de los Estados Unidos. Su mensaje fue poderoso y consecuente con las otras señales enviadas por el presidente Donald J. Trump: la región es una prioridad para Washington y la seguridad es el punto principal de la agenda.
En Barranquilla, el presidente De la Espriella presentó su plan de seguridad “Patriota Siglo XXI” y ambos gobiernos respaldaron la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas, posición oficializada en agosto en reunión del Ministro de Defensa de Colombia y el Secretario de Guerra de los Estados Unidos. Los llamados “Acuerdos de Barranquilla” incluyeron además memorandos sobre minerales críticos, tierras raras y cooperación en energía nuclear civil: seguridad y recursos estratégicos, dos asuntos que dominan las prioridades hemisféricas.
En Quito, Rubio anunció la designación de la banda Los Tiguerones como organización terrorista extranjera, sumándose a Los Choneros, Los Lobos y los Chone Killers, ya designados desde 2025. Ofreció 45 millones de dólares en cooperación y la entrega de nuevas lanchas interceptoras. Anunció también sanciones contra siete altos exfuncionarios ecuatorianos señalados por recibir sobornos de estructuras criminales.
En Lima, la presidenta Keiko Fujimori confirmó que Perú también se incorpora al Escudo de las Américas, constituida en marzo de este año en Miami. Rubio recibió La Orden El Sol del Perú, la condecoración más antigua del continente, y anunció cooperación en inteligencia, ciberseguridad y logística, además de la llegada el próximo año del buque hospital USNS Comfort.
Algunos analistas, atrapados en sus prejuicios, han criticado la centralidad del tema seguridad y combate al crimen en la relación con estos países. Se equivocan. El asunto no es una imposición, ni responde a una mirada exclusivamente estadounidense, sino que es precisamente la principal oferta electoral que llevó a estos tres gobiernos al poder. Sus ciudadanos votaron a la espera de una respuesta contundente contra la creciente ola de crimen y violencia que azota a sus países.
Unas pocas cifras bastan para explicar por qué este mensaje encuentra eco en los gobiernos y en los pueblos de la región. En el 2023, Colombia reportó un alarmante incremento en producción de cocaína: un récord histórico de 2.664 toneladas (casi 1.000 más que el año anterior). Perú es, después de Colombia, el segundo productor mundial. Se estima que el 70% de la producción de cocaína de estos dos países transita por territorio ecuatoriano en su rumbo a Estados Unidos, Europa y Asia.
La violencia asociada a la operación de estas organizaciones criminales (que han diversificado su actividad mucho más allá de la cocaína) se ha convertido en la principal preocupación de los habitantes de la región. El Ecuador cerró el 2025 con una tasa de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes; convirtiéndose en uno de los países más violentos del mundo. En Colombia y Perú las cifras están lejos de las ecuatorianas, pero crímenes como la extorsión se reproducen a gran velocidad afectando a todos los sectores de la población.
Ese es el escenario en que el Secretario Rubio anuncia el respaldo de Estados Unidos: recursos, inteligencia, cooperación institucional y, cuando sea necesario, capacidad operativa. La administración del presidente Trump ha entendido algo que durante demasiado tiempo Washington olvidó: la seguridad de sus vecinos no es un asunto periférico de política exterior. Es parte de la propia seguridad de Estados Unidos. Los cárteles no respetan fronteras, y tampoco lo hacen el tráfico de personas, el lavado de activos, las redes de corrupción o las organizaciones criminales que terminan cuestionando la existencia misma de los estados.
Pero esta gira representa algo más. Trump está reconstruyendo una alianza hemisférica con gobiernos con los que comparte una serie de valores. De la Espriella, Noboa y Fujimori encuentran en la Casa Blanca un poderoso socio dispuesto a respaldarlos, mientras que Estados Unidos encuentra gobiernos que entienden que soberanía y cooperación no son conceptos opuestos. Después de décadas en que la región ocupó un lugar secundario en la política exterior estadounidense, el mensaje de esta administración es distinto. Esta convergencia entre las preocupaciones estratégicas de Estados Unidos y las de buena parte de América Latina y el Caribe abre una oportunidad excepcional para una relación más estrecha, más pragmática y más efectiva. Si esa oportunidad se aprovecha, no estaremos simplemente ante un nuevo capítulo de la política hemisférica, sino ante la posibilidad de redefinirla.
* El autor es empresario, estratega político y exdirector de Políticas Públicas de la Casa Blanca. Es el Director Fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University.
