La modificación a ley que limita las reelecciones de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires podría encontrar un camino: que sea la Suprema Corte de Justicia bonaerense la que resuelva finalmente sobre su aplicación. Ante la falta de votos y el costo político que tiene un cambio a la normativa, de cara a la elección del año que viene, en la Legislatura provincial ponen las expectativas sobre el máximo tribunal.
Hacia afuera, las posiciones respecto a un cambio en la normativa son más o menos conocidas. En el peronismo hay posturas distintas: los intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof están en contra de la actual normativa que les deja a los intendentes la posibilidad de ser electos e ir solamente por una reelección, sin posibilidad de disputar un tercer mandato de manera consecutiva. En el Frente Renovador de Sergio Massa, están en contra de hacer cambios a la norma vigente, ya que el espacio fue uno de los impulsores en 2016 sellando un acuerdo con la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal. El PRO y el radicalismo sostienen estar en contra de cambiar lo votado años atrás, al igual que La Libertad Avanza. Pero, puertas adentro de los despachos y en reuniones informales del sistema político bonaerense, la percepción es otra.
El radicalismo tiene 17 de sus 27 intendentes que, de no haber modificación a la ley 14.386, no podrán ir por un nuevo mandato en 2027. “Hay muchos intendentes del radicalismo que dicen una cosa, pero piensan otra”, asegura un jefe comunal del peronismo que está en contra la actual ley. El PRO tampoco quiere acompañar una discusión de este estilo, pero en 2021 cuando se hizo la modificación para que no se considere como primer período el mandato 2015-2019, hubo algunos legisladores que votaron cambios a la ley o bien habilitaron el quórum.
En el kirchnerismo, Máximo Kirchner ha manifestado tiempo atrás que no se podía restringir la voluntad del elector. Sin embargo, esperan que, de haber una discusión de ese estilo, sea el gobernador bonaerense quien eleve un proyecto de ley. Tanto en el Senado como en Diputados miran a la Corte. El peronismo es primera minoría en Diputados y tiene quórum propio en el Senado. Pero a la falta de certezas de un respaldo opositor se le suman las diferencias puertas adentro del bloque.
Hoy, la foto de acompañamientos y acuerdos es difusa. Cierto es que son pocos los legisladores que están dispuestos a pagar un costo político ante lo que narrativamente se puede leer como la perpetuidad en los cargos. El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, -que forma parte del MDF que comanda Axel Kicillof- fue el único que planteó en público y tiempo atrás, la posibilidad de que la discusión se resuelva vía judicial.
Los distintos bloques políticos no ven mal esa alternativa, para un año en el que se espera se discuta una reforma política en la provincia de Buenos Aires, que incluye la aplicación de la Boleta Única de Papel para la elección provincial y otros ítems como desdoblamiento electoral por ley; tal como lo propuso recientemente el bloque UCR Cambio Federal, a partir de un proyecto de ley del diputado Matías Civale.
Recientemente la Corte tuvo un fallo favorable al Ejecutivo. Algunos intendentes ven un terreno fértil. Sucede que los supremos de la provincia de Buenos Aires rechazaron los recursos presentados por empresas de reparto como Rappi Argentina y Repartos Ya, y validaron tanto las sanciones económicas impuestas por el Ministerio de Trabajo bonaerense como el criterio que reconoce a los repartidores como empleados en relación de dependencia. El fallo se basó en inspecciones que detectaron irregularidades laborales, como la falta de registración de trabajadores, ausencia de pagos de salarios mínimos y deficiencias en la seguridad social. Las empresas argumentaron que los repartidores eran trabajadores autónomos, pero la Corte consideró que existían los elementos de una relación laboral y que la denominación formal del vínculo no era determinante. El tribunal ratificó multas millonarias, entre ellas una de más de 16 millones de pesos a Rappi Argentina, y confirmó la existencia de relación laboral para la mayoría de los repartidores. Solo en ocho casos de Repartos Ya, donde se discutió la existencia misma de la prestación de servicios, la Corte ordenó una revisión específica.
Una Corte corta
Hoy el tribunal supremo de Justicia provincial está compuesto por Hilda Koga en la presidencia; Sergio Torres como vicepresidente y Daniel Soria como ministro. Hay cuatro lugares vacantes que, al igual que sucede con la ley de reelecciones indefinidas, no encuentran consenso para suplir su vacancia.
Semanas atrás Kicillof inauguró el Polo Judicial en Olavarría. Hasta allí fueron los integrantes de la Suprema Corte. Al gobernador se le consultó por los lugares vacantes. “Necesitamos los votos en la Legislatura y ya vieron lo que nos costó sacar el Presupuesto, cómo es la situación con fuerzas de la oposición cambiantes y dispersas. Estamos viendo cómo reunir los consensos. Si no se consiguen las voluntades no se puede hacer”, dijo para enfriar una demanda que surge, incluso, del propio Poder Judicial bonaerense.
“Que lo resuelva la Corte no está mal. El gobernador quiere modificarlo, pero no manda ningún proyecto de ley. Quiere que nosotros paguemos el costo, pero a él más que a nadie le sirve que los intendentes tengan reelección”, admite un diputado opositor. El gobernador le había adelantado en enero de este año a sus propios intendentes que la actual normativa le facilitaba el camino a la fuerza de Milei ya que dejaba al peronismo a “los mejores candidatos”, es decir los propios intendentes y que había que cambiarlo. Resta conocer quién hará una presentación judicial para que el máximo tribunal resuelva.
