La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador logró esta semana la condena a 10 años de prisión para José Alberto Arias Romero, declarando probado que el acusado cometió un caso especial de amenazas al enviar un mensaje intimidatorio: “Mientras hacía mi turno del día viernes dejé un artefacto explosivo que en 54 horas hará pedazos ese edificio”, consigna la investigación presentada por la institución pública.
La FGR precisó que el incidente se originó alrededor de las 6:30 de la mañana del 27 de julio de 2025 en la vivienda de Arias Romero, ubicada en la colonia Ventura Perla del distrito de Santa Rosa de Lima. La amenaza, remitida por WhatsApp, fue recibida por el operador de turno de la Gerencia de Atención Virtual de la Defensoría del Consumidor, y esto provocó un operativo en el polígono industrial de Antiguo Cuscatlán.
El procedimiento incluyó la evacuación de los edificios de la Defensoría del Consumidor y del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD). La División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil (PNC) se encargó de la inspección ocular preventiva luego de la alerta de atentado terrorista.
La fiscalía determinó que Arias Romero tenía la intención de enviar el mensaje a la Asamblea Legislativa, pero según el documento de la acusación, por error lo remitió a la Gerencia de Atención Virtual de la Defensoría del Consumidor. El sentenciado asistió a la audiencia pública celebrada en el Juzgado de Sentencia de La Unión.
Siendo la FGR la única entidad que anunció este caso y condena, faltó detallar en si se encontró algún explosivo en los recintos públicos o si la amenaza se emitió sin haber operado nada en concreto.
Instituciones y funcionarios públicos han sido amenazados en la historia reciente del país
En 2020, empleados y magistrados electorales se vieron en la situación de que los mantuvieron encerrados en el anterior recinto del Tribunal Supremo Electoral (TSE) luego que simpatizantes de un partido político llegaron a colocar un candado al portón principal del lugar para presionar en sus exigencias sobre la administración electoral nacional.
Para entonces, las autoridades policiales no llegaron a tiempo para poder recuperar el orden y la libertad de los servidores y funcionarios electorales.
Otro caso data de 2018 cuando un tribunal especializado en San Salvador impuso 15 años de prisión a Jonathan Humberto Ruiz Lobos, alias “Sayco”, por su participación en el atentado con coche bomba ocurrido el 28 de agosto de 2015 frente al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, según informaron los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Crimen Organizado.
Entre las pruebas presentadas ante el Tribunal Especializado de Sentencia “B”, destacaron los testimonios de dos exintegrantes de la “Pandilla 18 Revolucionarios”, quienes detallaron la planificación y ejecución de acciones violentas con el fin de causar daño a la población. Los relatos de los testigos fueron respaldados por prueba documental y pericial, lo que permitió establecer el nivel de involucramiento del acusado, de acuerdo con el informe fiscal.
Durante el proceso, realizado mediante videoconferencia, el juzgado declaró a Ruiz Lobos culpable de actividades ilícitas con explosivos, agentes químicos y armas de destrucción masiva agravadas y por su pertenencia a organizaciones terroristas, sancionándolo con 12 años por el primer delito y 3 años adicionales por el segundo, según la representación fiscal.
La Fiscalía recordó que otros miembros de la misma estructura criminal, incluidos exmilitares, ya han recibido sentencias previas por su implicación en el plan de estacionar un automóvil cargado de explosivos dirigido contra instituciones del Estado.
Además, en noviembre de 2016, el fiscal general en funciones, Douglas Meléndez, advirtió que desde la FGR contaban con información sobre planes de ataques de las pandillas contra funcionarios y empleados del sistema de justicia, algo que el Gabinete de Seguridad había negado esos días. Meléndez también afirmó que la Fiscalía registró en esos mismos días un aumento de asesinatos de policías, así como de tiroteos entre los agentes de seguridad pública y pandilleros.
