La jefa de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, ya tiene en la mira un proyecto del Gobierno que, a diferencia de otros, podría traer novedades. Es el de salud mental: tras ser resistido al inicio por el kirchnerismo y observado en algunos distritos, la porteña se reunió hoy -y continuará mañana- con los ministros provinciales del área para sondear las opiniones en todo el país y anunciar los cambios que se le aplicaron al articulado original, con el fin de sumar la mayor cantidad de voluntades.
El proyecto es analizado por las comisiones de Salud; y de Legislación General de la Cámara alta. Algunos de sus representantes participaron junto a Bullrich y el ministro de Salud nacional, Mario Lugones, en cónclaves realizados hoy por zoom con los titulares de dicha cartera de CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy.
Los tres libertarios continuarán mañana con los ministros de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones, mientras que por la tarde será el turno de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja. Todos están nucleados en el Consejo Federal de Salud (COFESA). A fines de julio pasado, Infobae publicó el primer semáforo que utilizó el Gobierno para saber los puntos con consenso y los más complicados de negociar.
Estado de situación
Para la sección de derechos y garantías se incorporarían acciones de prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión comunitaria. A partir de ese piso, cada provincia podría subir la vara. También habría mejores precisiones en cuanto a consumo de sustancias y en los diagnósticos, junto con la restitución del concepto de “padecimiento”. En tanto, se detalló la modalidad de “teleconsulta” como herramienta para ampliar la cobertura territorial, así como la integración del equipo “interdisciplinario” y el consentimiento o rechazo de tratamientos por adelantado.
Para la internación, se requerirá la firma de dos profesionales del servicio asistencial, uno de los cuales deberá ser médico. A modo preferencial, un psiquiatra. En cuanto a internación involuntaria, la misma tendrá luz verde ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros. Para las excepcionales, se admite la intervención asincrónica del psiquiatra en un plazo ampliado a 48 horas. También, se añade en el plan un límite de 180 días corridos -o acumulados en dos años por repetición de internaciones- y se regula el alta con notificación anticipada a familiares o representantes legales.
En otro tramo del borrador se reformulan los derechos de los familiares a recibir información y orientación: se establece un deber de cuidado con definición precisa de “pariente” y se garantiza un respaldo estatal para quienes carecen de red familiar. Luego del alta, se prevén hasta seis meses de tratamiento ambulatorio con seguimiento judicial cada 30 días, de carácter obligatorio.
Sobre poblaciones específicas y controles, el texto incorpora un artículo dedicado a niños y adolescentes con consumo problemático de sustancias, que incluye equipos especializados. Por otra parte, se prohíbe de forma expresa la creación de manicomios y la internación crónica; y se regulan las inspecciones con protocolos de dignidad y confidencialidad.
Este medio contó, semanas atrás, que LLA escaneó la potencial voluntad de acompañamiento unánime -cambios mediante-, en un tema que suele ser delicado, para que la ley pase a Diputados con el mayor apoyo posible. Tras algunos contactos con el kirchnerismo, el oficialismo entendió que no había acuerdo cercano y ahora busca un guiño total de sus aliados. No obstante, Bullrich y Lugones se ocupan por estas horas se resumir a todos los ministros de salud provinciales las modificaciones realizadas como último paso antes de ir por la firma de un dictamen.
