El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, remitió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y atraer capitales extranjeros, en el marco del primer paquete de iniciativas para enfrentar la crisis económica nacional. La propuesta responde a demandas de sectores productivos que solicitaron reformas estructurales para modificar la imagen del país tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda liderados por los ex presidentes Luis Arce y Evo Morales.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, explicó que la iniciativa busca otorgar seguridad y previsibilidad a los inversionistas, además de organizar los incentivos y normas jurídicas existentes. El proyecto, según detalló Espinoza, se apoya en tres pilares que orientarán la política económica durante los próximos 20 años, con prioridad en sectores como logística, inteligencia artificial, economía digital, innovación y energías alternativas —incluyendo hidrógeno y energía solar—, junto a aquellos donde Bolivia ya cuenta con capacidades productivas desarrolladas.
El objetivo de esta nueva estrategia es dejar atrás el modelo de los gobiernos anteriores, que privilegiaron la inversión estatal y nacionalizaron sectores como hidrocarburos, telecomunicaciones y electricidad. Espinoza sostuvo que “desde hace casi 20 años se han venido violentando los derechos de propiedad y los derechos que están preservados en la Constitución, sin asumir prácticamente ningún costo”.
La iniciativa contempla la creación de un sistema de incentivos y regulación para ofrecer previsibilidad, seguridad, estabilidad y confianza tanto a inversores nacionales como extranjeros, respetando la Constitución Política del Estado.
Además, se prevé la conformación de una Agencia Nacional de Inversiones, que coordinará con instituciones, alcaldes y gobernadores para institucionalizar la regulación, promoción y estrategia de atracción de inversiones, detalló el ministro.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Gonzalo Morales, afirmó a al canal Red Uno que, para que Bolivia recupere la confianza de los inversionistas, resulta fundamental garantizar “seguridad jurídica y previsibilidad normativa”. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el país recibió en 2025 una inversión extranjera directa de USD 620 millones, cifra equivalente al 0,3% del total regional.
El presidente Rodrigo Paz enfrenta el reto de negociar con una Asamblea Legislativa fragmentada. El mandatario se distanció recientemente de su principal aliado, el empresario Samuel Doria Medina, líder de la Alianza Unidad. Varios parlamentarios de la alianza no acompañaron la ruptura, aunque anticiparon que ejercerán funciones de fiscalización sobre las nuevas medidas del Ejecutivo.
Doria Medina criticó la demora en la respuesta ante la crisis económica que afecta al país, agravada por bloqueos y protestas antigubernamentales que se extendieron durante más de 50 días entre mayo y junio. La crisis se manifiesta especialmente en el sostenido problema de abastecimiento de combustible, en particular de diésel. En medio de este panorama, Paz consiguió respaldo internacional y créditos de organismos multilaterales por un monto superior a USD 5.000 millones.
El costo de los conflictos en Bolivia
Bolivia atravesó una etapa crítica durante los bloqueos del mes pasado, manifestaciones que pedían la renuncia de Paz al Ejecutivo. Por este motivo, la coyuntura actual amenaza con agravar la crisis económica: la Cámara Nacional de Industria calculó pérdidas de al menos USD 2.000 millones y una caída de USD 500 millones en exportaciones.
El corte de carreteras también afectó el abastecimiento de alimentos y combustible en la capital boliviana, La Paz. La situación encareció los precios de productos básicos, generó interrupciones en el transporte público y obligó a las autoridades a adoptar medidas excepcionales, para enfrentar las consecuencias de la crisis social que derivó en una crisis económica.
(Con información de Associated Press)
