El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo formalizó el 12 de agosto de 2026 nuevas transferencias de propiedades estatales al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en un esquema que el texto fuente describe como parte de un mecanismo para fortalecer la seguridad social de todos los nicaragüenses, creando políticas y estrategias orientadas a aumentar la cobertura de los trabajadores y sus familias. En publicaciones anteriores, en la Gaceta de Nicaragua, usan el mismo acuerdo para oficializar la expropiación de tierras, inmuebles, fincas y empresas apoyado en una estructura jurídica y operativa bajo control del oficialismo.
Los acuerdos abarcan bienes ubicados en los departamentos de Rivas y Managua, y ordenan que la Procuradora General de Justicia y el presidente del INSS comparezcan ante la Notaría del Estado para suscribir las escrituras públicas de donación a favor de esa institución. En el caso de Rivas, la Presidencia de la República de Nicaragua identificó dos propiedades con los números absolutos de propiedad BI-2L3Z0OOJ y BI-2L3TQ5IT.
Para Managua, el acto se refiere a un inmueble inscrito con el número absoluto de propiedad BI-2L3TPXR2, según los acuerdos publicados por la Presidencia y en La Gaceta. El mismo paquete normativo dispone que el presidente del INSS presente la aceptación de la donación ante el consejo directivo de la entidad para su aprobación formal.
Los acuerdos delegan en la Procuraduría todo el circuito legal de las transferencias
La redacción de los documentos concentra en la Procuradora General de Justicia la capacidad de ejecutar “todos los actos jurídicos, judiciales, administrativos, notariales y registrales necesarios” para cumplir con las transferencias. También la autoriza a incorporar en los contratos “todas aquellas cláusulas contractuales que estime pertinentes” para resguardar los intereses del Estado de Nicaragua.
El texto oficial añade que la certificación del acuerdo, junto con la toma de posesión de la procuradora y del presidente del INSS, será suficiente para acreditar sus representaciones. Con esa fórmula, el Estado habilita la firma y ejecución de los trámites sin mencionar otros requisitos adicionales en los fragmentos citados.
La finalidad del acuerdo firmado por la “Presidencia de la República de Nicaragua” es “fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses”. El argumento oficial sostiene que las propiedades permitirán “crear políticas y estrategias orientadas a aumentar la cobertura de la seguridad social de los trabajadores y sus familias y fortalecer la capacidad institucional para la ejecución de Proyectos”.
La transferencia entra en vigor con su publicación oficial
Los acuerdos establecen que sus efectos comienzan a partir de la publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Ambos documentos están fechados en la Casa de Gobierno de Managua el 12 de agosto de 2026 y llevan las firmas de Daniel Ortega Saavedra como co-presidente de la República de Nicaragua y de Rosario Murillo Zambrana como co-presidenta.
La secuencia descrita en el texto fuente presenta un procedimiento uniforme: declaración de que el bien pertenece al Estado, autorización de donación al INSS, validación posterior por el consejo directivo del instituto y habilitación plena de la Procuraduría para completar el circuito notarial, administrativo y registral. Sobre esa base, el documento enmarca estas operaciones dentro de una política de despojo institucionalizado de bienes inmuebles, fincas y empresas.
