El pasado 10 de junio se cumplió un año desde que la Corte Suprema confirmó la condena contra la ex presidenta Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad. Durante el primer aniversario del fallo, el sector que responde a la titular del Partido Justicialista (PJ) exigió su liberación desde Parque Lezama. Sin embargo, el juez del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que el proceso fue concluido.
“Desde el punto de vista jurídico, está terminado el tema. Nosotros dimos la última opinión, está confirmado y no hay nada más que decir”, apuntó el magistrado luego de haber sido consultado sobre las críticas provenientes de la militancia peronista.
Aunque Lorenzetti se negó a brindar opiniones sobre el fallo y su contenido, aseguró que comprendía el malestar de quienes no compartían la decisión. “Entiendo a quienes están disconformes, pueden criticar el fallo, pueden manifestar sus opiniones, pero el proceso está terminado”, reiteró.
Luego de haber sido consultado sobre la cuestión en una entrevista para TN, el juez de la Corte Suprema hizo hincapié en la importancia de proteger el funcionamiento de las instituciones. “Tenemos que ser cuidadosos porque las instituciones han sido para tutelar a los débiles frente a los fuertes; si las vivimos desprestigiando, en definitiva, lo que logramos es debilitar a la gente común que no tiene quien los proteja”, señaló.
En línea con esto, el magistrado aseguró: “Nosotros hemos actuado en ese caso como en todos los demás”, y detalló que el expediente llegó al máximo tribunal a través de un recurso de queja y que este fue rechazado debido a fallas formales en la presentación.
“Creo que hay muchas cosas para criticar del Poder Judicial, pero no esa”, sostuvo Lorenzetti al considerar que “todos estos casos merecen debate y hay críticas”. Asimismo, advirtió sobre el impacto de la condena al manifestar: “También es cierto que no es bueno en ningún país del mundo el encarcelamiento de un ex presidente porque es una tragedia institucional”.
Previo a esto, el diputado Máximo Kirchner brindó un fuerte discurso en el banderazo que realizó la militancia en Parque Lezama para pedir por la liberación de la ex presidenta. Al hacer referencia a las próximas elecciones presidenciales, apuntó: “Está muy claro quién debe ser la conductora de este proceso”.
“Queremos tener una candidata y no candidatos por default”, exigió el líder de La Cámpora, tras haberle extendido un reproche al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por no ir a visitarla a su departamento en San José 1111, donde cumple la pena bajo arresto domiciliario.
Sin embargo, dentro del peronismo también convive otro sector que considera que la condena sería injusta, pero que ya no hay recursos disponibles para revertirla. Una de esas voces fue representada por la senadora jujeña Carolina Moisés durante una entrevista para el canal de streaming Gelatina.
“Cualquier peronista que haga el razonamiento de que hay que liberar a Cristina para que sea candidata, está en Disney. Dejen de decirlo. Es imposible. Nadie va a liberar a Cristina”, criticó la rival del kirchnerismo al asegurar que tampoco sería redituable para la campaña electoral que el candidato proponga indultarla. “No lo van a votar”, planteó.
Finalmente, la senadora concluyó: “En el mundo ideal, Cristina debería estar libre y los peronistas deberíamos ganar la próxima elección. Seamos realistas. Hoy está condenada en última instancia. Es un dato de la realidad. No hay más lugar donde apelarlo. Ya está. Es injusto, hay lawfare, no corresponde, todo pasa por la corriente de la opinión”.
Por otro lado, Lorenzetti remarcó la necesidad de modificar el sistema de concursos judiciales tras advertir sobre los riesgos de manipulación en los procesos de selección de los futuros magistrados. Asimismo, cuestionó la creciente influencia de intereses políticos en la designación de jueces.
Bajo el punto de vista del juez de la Corte Suprema, el problema de los concursos no es exclusivo del ámbito federal, sino que ya se observa en varias provincias. “Tienen la idea de que lo mejor que se puede hacer es pasar a un amigo/a al Poder Judicial”, criticó.
Aunque destacó que, si bien respetan el rol de la política y su intervención en los procesos, recriminó que existen situaciones donde la transparencia y la equidad del concurso quedan seriamente comprometidas. “Cuando hay concursos y son manipulados, cuando el candidato tiene que tener un padrino y recorrer distintos sectores para que lo apoyen, eso no está bien; tienen que respetar el concurso, el respeto al mérito”, afirmó.
En este sentido, apuntó que es primordial preservar la imparcialidad judicial, ya que, según el juez, la ciudadanía espera contar con magistrados “que sean imparciales, no claudicantes”. Por este motivo, destacó que la formación y recorrido profesional de los candidatos deberían resultar determinantes al momento de su designación.
De hecho, a finales de marzo, Lorenzetti en conjunto con el juez Carlos Rosenkrantz presentaron el Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados. El proyecto fue impulsado como parte de una estrategia de renovación institucional liderada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y propone un esquema orientado a fortalecer la calidad y la confianza en el sistema judicial, priorizando el mérito, la transparencia y la trazabilidad en los procesos de selección.
En un contexto donde persisten más de 200 vacantes en el fuero federal, el nuevo reglamento buscará incorporar tecnología avanzada para la evaluación de aspirantes, reduciendo la discrecionalidad y asegurando la objetividad en la calificación de antecedentes, donde se dará mayor peso al rendimiento académico y al mérito real frente al simple tránsito burocrático.
La prueba de oposición constaría de una etapa general con 120 preguntas seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, evaluadas en forma automatizada, y una etapa especial con ejercicios de razonamiento y resolución de casos. Este sistema permitiría el anonimato durante las pruebas y la trazabilidad en todo el proceso.
Cada concurso contará con inscripción digital, continua y permanente, y los postulantes deberán crear un legajo digital individual que, manteniendo la confidencialidad, será accesible para concursantes y autoridades. Tras las pruebas escritas, los seis mejores pasarán a una entrevista personal pública, con una puntuación máxima de 20 puntos.
La iniciativa ha recibido el respaldo de entidades como el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la asociación IDEA y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES). Tras ser presentado, el proyecto quedó sujeto a la evaluación del Consejo de la Magistratura.
